La causa conocida como “Vialidad” entró en una fase decisiva: la Fiscalía que lleva adelante la acusación contra la vicepresidenta Cristina Kirchner pidió una condena de 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por un fraude al Estado calculado en casi 1.000 millones de dólares.
Al concluir la novena jornada de alegatos, el fiscal Diego Luciani formalizó el pedido de condena contra Cristina por los presuntos delitos de asociación ilícita y defraudación contra la administración pública, a través del direccionamiento de la obra pública entre los años 2007 y 2015.
Además, el fiscal pidió también 12 años de prisión para el empresario Lázaro Báez, quien se habría favorecido con la adjudicación de 51 obras en la provincia de Santa Cruz.
En tanto, para el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, el fiscal solicitó una condena de 10 años.
Luciani también pidió el decomiso de los 5.321 millones de pesos que según el otro fiscal de la causa, Sergio Mola, totalizan el fraude contra el Estado.
“Este es el producto del delito, que deberá efectivizarse sobre el dinero y los bienes que se encuentren cautelados en la medida que sean suficientes para alcanzar este importe”, precisó Luciani.
En esa línea, también solicitó que se decomisen los bienes y acciones de las empresas participantes en la asociación ilícita, y los activos de Báez y sus hijos. El fiscal pidió que esos fondos se destinen a “instituciones de bien público, para reparar el grave desequilibrio ocasionado por la comisión de estos delitos”.
“Se trata de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, denunció Luciani en el final de su alegato, y tras advertir que “la corrupción fue la regla y el Estado de Derecho quedó rezagado”, reclamó al Tribunal Oral Federal 2 que haya “una sentencia justa”.
Luciani señaló que “nos encontramos ante un crimen de extrema gravedad” y agregó que Cristina, desde la Presidencia de la Nación, “empleó sus competencias y su poder de dirección sobre el resto de los imputados en pos de alcanzar la finalidad de lucro tan anhelada”.
El fiscal afirmó que la actual vicepresidenta privilegió “su interés personal frente al interés público” y habló además de una “falta de arrepentimiento” respecto de su accionar.
Por la mañana, Cristina solicitó ampliar su declaración indagatoria al sostener que “los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas”, introduciendo elementos nuevos en la causa.
“He instruido a mi abogado para que, a los efectos de poder ejercer efectivamente mi derecho a defensa en juicio, solicite la ampliación de mi declaración indagatoria para la audiencia del día de mañana, 23 de agosto”, anunció la titular del Senado a través de su cuenta de Twitter.
Además de Cristina, en la causa también hay otros 12 imputados, entre los que se encuentran Báez, De Vido, López y el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti.
Las defensas de todos los acusados llevarán adelante sus alegatos desde el lunes 5 de septiembre, con tres jornadas para cada uno. El abogado de Cristina, Carlos Beraldi, tendrá el sexto lugar, tras lo cual será el turno de la defensa de Báez.
En las últimas horas, funcionarios nacionales, gobernadores, legisladores y dirigentes del Frente de Todos denunciaron un intento de “proscribir” a la vicepresidenta, a través de una campaña en redes sociales acompañada con el hashtag #TodosConCristina.
“Los alegatos de los fiscales, por más mediáticos que sean, no son pruebas. Pruebas, no tienen ninguna. Esta causa solo tiene el objetivo de proscribir a @CFKArgentina”, aseguró el ministro del Interior, el camporista Eduardo “Wado” De Pedro”.
Asimismo, la CGT emitió un comunicado donde rechazó la “absurda calificación jurídica acusatoria” impulsada contra Cristina. “El show mediático montado para sustentar la acusación tiene por finalidad dañar la imagen de la expresidenta y de todo el peronismo”, aseveró la central obrera.
