Su nombre estuvo en el ojo de la tormenta cuando en medio del conflicto por las tierras de la familia Etchevere, en Entre Ríos, apareció por allí en apoyo a los militantes de Juan Grabois que habían entrado al campo y permanecieron allí una semana. Se trata de la Directora Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti, quien llegó a Mendoza y en diálogo con Los Andes defendió su actuación en un conflicto que, en medio de la polémica por la toma de tierras en el país, le generó un dolor de cabeza al presidente Alberto Fernández.
En medio de la ocupación de sus campos, el ex ministro de Agricultura de Macri, Luis Miguel Etchevehere, denunció al Gobierno nacional de avalar las actividades irregulares en sus propiedades y denunció que Carpineti pasó una noche en los terrenos.
De paso por la provincia, la abogada aseguró que su visita al lugar fue para “protección a las víctimas” y “permitir el acceso a la Justicia” porque “Dolores Etchevehere es víctima de violencia de género dentro de una relación desigual de poder”. También sostuvo que el “Estado debe estar presente y dar respuesta independientemente de la condición económica o social de la víctima”.
Más allá de esto, hay que decir que Carpineti es una funcionaria del riñón político de Grabois. Es militante del Frente Patria Grande que lidera el dirigente social y que se referencia en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), una organización gremial que se autodenomina “independiente de todos los partidos políticos y representativa de los trabajadores de la economía popular y sus familias”. De la mano de Grabois llegó a su lugar en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Además, en 2018 fue una de las figuras clave de la agrupación Tres Banderas, un espacio peronista que aglutina sectores sociales y sindicales que se sumó al Frente Patria Grande. En ese espacio se congregaron trabajadores, delegados sindicales, docentes y militantes del feminismo peronista pero que están lejos de las estructuras partidarias tradicionales. También es parte del programa “Tierra, Techo y Trabajo” que elaboró la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y que propone urbanizar 4.400 barrios populares.
A qué vino a Mendoza
Carpineti vino a la provincia a “poner en marcha políticas públicas en Mendoza” pero no inauguró ninguna oficina o centro. Su tarea fue designar a los coordinadores de las unidades de Acceso a la Justicia que están en Capital y San Rafael. Se trata de Juan Dantiac, de la ONG Xumek, y de Rafael Danilo Pelayes, vinculado a La Cámpora.
Ambos abogados mendocinos trabajarán en la red federal de centros y a nivel local con la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de Mendoza que está a cargo de Milagros Noli, una funcionaria judicial vinculada al ministro de la Corte Omar Palermo.
Cabe destacar que el segundo de Carpineti en su área en la Nación es otro mendocino, Leandro Rodríguez Pons, que también milita en Patria Grande.
En el organigrama del Ministerio de Justicia, Carpineti depende de la ministra Marcela Losardo, quien está apuntada por una parte del kirchnerismo por no avanzar con las reformas judiciales que ese sector del Gobierno reclama por impulso de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Sobre este hecho, Carpineti se limitó a afirmar que Losardo “hace lo que tiene que hacer una funcionaria pública en materia de Justicia”, sin profundizar ni entrar en polémicas.
Con respecto a la polémica Reforma Judicial que impulsa el Ejecutivo y que es rechazada por la oposición, se alineó atrás de Alberto Fernández: “En este tema me hago eco de las palabras del Presidente en que es necesaria una reforma de la Justicia”.
