La posible reversión de dos condenas contra el brasileño Lula Da Silva por la parcialidad de la justicia de su país envalentonó al kirchnerismo en Argentina, que desde el 9 de diciembre de 2017 viene denunciando que Cristina Fernández es víctima del denominado lawfare.
Fue justamente después en encuentros con Dilma Rouseff en su departamento porteño que la actual vicepresidenta empezó a denunciar que las causas judiciales en su contra estaban armadas, como así también contra Lula y Rafael Correa, en Ecuador.
El lawfare es entendido por líderes populares de la centroizquierda latinoamericana como una guerra jurídica contra ellos, una persecución judicial y la judicialización de la política, con utilización abusiva o ilegal de las instancias jurídicas distorsionadas o directamente violadas.
Si bien siempre habló de irregularidades en los procesos judiciales contra dirigentes políticos del kirchnerismo, el presidente Alberto Fernández mencionó por primera vez que en Argentina había lawfare el 18 de febrero de 2020, dos meses y medio después de asumir.
Para el jefe de Estado y su vice, el poder político que estuvo en manos del macrismo entre 2015 y 2019 impulsó la persecución y detención arbitraria de opositores con la complacencia del Poder Judicial.
Hoy la idea del lawfare es el motor que impulsa al Gobierno para intentar generar cambios sobre el Poder Judicial, aunque con algunas divisiones. En la facción que conduce Sergio Massa en la coalición oficialista prefieren no hablar del tema.
Incluso, la falta de coincidencia de Massa sobre la idea de un lawfare es apuntada por Cristina como la causa que llevó al oficialismo a fracasar en el intento por que se trate la Reforma de la Justicia Federal en la Cámara de Diputados, tras la media sanción del Senado.
También gran parte del Gabinete nacional opta por no hablar de lawfare, al igual que los gobernadores peronistas. Hoy es un tema que ocupa sólo la agenda de Cristina y por imperio de su peso electoral y en la coalición de Gobierno, también del Presidente.
A partir de la designación de Martín Soria como ministro de Justicia, las denuncias sobre el lawfare ocuparán cada vez más espacios en la agenda oficial. Él comenzó a trabajar en denuncias en torno a causas presuntamente armadas en junio de 2020.
En lo que es la oposición encarnada por la UCR, el PRO y la Coalición Cívica sostienen en forma unánime que no existe tal lawfare en el país y que Cristina usa la teoría como una excusa para intentar generarse su propia “impunidad”. La izquierda no habla del tema.
La ex presidenta (2007-2015) fue procesada en diez causas. Siete de ellas fueron tramitadas por el ahora fallecido juez federal Claudio Bonadio. Seis expedientes ya llegaron a la instancia de juicio oral, aunque sólo dos (el conocido como “Vialidad” y “dólar futuro”) ya comenzaron.
De las diez causas, en cinco Cristina está acusada por presuntos casos de corrupción y en cinco por supuestas “irregularidades” en actos de gobierno. Para ella, todas las causas son “armadas” por igual.
