La Justicia Provincial dio fin a la investigación sobre el controversial y polémico “caso Bonarrico”, en la cual hubo dos denuncias, una desde el Gobierno Provincial contra el ex senador Héctor Bonarrico; y otra del Partido Justicialista contra el propio Poder Ejecutivo. Ambas fueron archivadas por “inexistencia de delito”, lo que generó fuertes críticas desde el principal espacio opositor.
Recordemos que la causa se fundó luego de que se conociera un subsidio que el Gobierno provincial iba a concederle a la fundación Acción Social, que preside el pastor evangélico Bonarrico, pero finalmente fue suprimido luego de que el beneficiario sostuviera que lo recibiría gracias a un acuerdo, precisamente, de tipo “político”.
El convenio, que iba a ser de por lo menos $18 millones en dos años, apareció un día publicado en el Boletín Oficial, pero al siguiente (tras las declaraciones de Bonarrico que enardecieron a Rodolfo Suárez) fue suprimido.
Ante eso, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, llevó a la Justicia una denuncia para que los fiscales averigüen si el Gobierno cometió algún delito en lo que iba a ser la entrega del subsidio.
Desde el Poder Judicial se limitaron a decir que luego de 4 meses de investigación, ambas denuncias fueron desechadas por “inexistencia de delito”, e hicieron hincapié en que nunca se concretó el subsidio.
La denuncia del PJ al Gobierno fue investigada por parte del fiscal Flavio D’Amore; mientras que la del Gobierno contra Bonarrico estuvo al mando de Susana Muscianisi.
El Frente de Todos no se quedó callado ante la noticia y dos de sus dirigentes de peso salieron al cruce. Fernández Sagasti manifestó a través de su cuenta de Twitter que “la vergonzosa causa en la que el gobierno de Suarez intentó coimear al pastor Bonarrico se cae y sienta un precedente escandaloso”.
“Un dirigente reconoce un acuerdo económico para bajar su candidatura y la fiscalía, sin esfuerzo probatorio, decide archivar el expediente. Una vez más la justicia al rescate de los negocios del radicalismo”, sentenció.
El senador provincial Lucas Ilardo, por su lado, aseguró que el “caso Bonarrico” es “de los más escandalosos en materia de corrupción de los últimos años”. También expresó que hubo “impunidad” de parte del Gobierno.
“Hoy, Justicia a la Carta. El caso Bonarrico, de los más escandalosos en materia de corrupción de los últimos años fue archivado hoy. Lo hicieron en un tramite expres, sin ni siquiera haber CITADO A DECLARAR al ministro Ibanez. Impunidad explícita en el Feudo”, manifestó.
Sobre la negativa a llamar a declarar al ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez; desde la Justicia indicaron que quien prestó declaración, además del propio Bonarrico, fue Nicolás Egües, el subsecretario Legal y Técnico del ministerio de Gobierno.
Qué sucedió con la denuncia del gobierno
La denuncia del Gobierno contra Bonarrico fue por presunta defraudación a la Administración Pública y la fiscal Susana Muscianisi determinó que no hubo tal delito.
Según consta en la resolución de la causa, Bonarrico se defendió expresando que el convenio fue “legítimo en su origen y en cuanto a sus fines, ha respetado el marco legal y que además el mismo nunca se implementó porque fue derogado por un decreto posterior del Gobernador de la provincia, por lo que nunca tuvo siquiera principio de ejecución”.
Además, aclaró que “jamás hubo intención de desviar el objeto del mismo, pues los fines son absolutamente precisos” y que en la declaración radial denunciada “solamente quiso exponer que el Convenio ayudaba a cubrir una tarea que el Estado no alcanza a ocuparse y que de ese modo ayudaría a entidades intermedias y ONG; evitando la creación de cargos y/o estructuras en el ejecutivo provincial, y no de una tercerización de servicios del gobierno”.
Entonces la justicia determinó que la figura de “defraudación a la Administración Pública”, no se encontró acreditada en la investigación, ya que “no existe prueba de cargo que hasta el momento pueda hacer pensar que se haya dado un destino diverso a los fondos otorgados por el convenio cuestionado, el cual ni siquiera tuvo comienzo de ejecución, llevando a las partes involucradas a no dar cumplimiento de ninguna de las cláusulas que contenía dicho acuerdo”.
Las acusaciones del peronismo fueron desestimadas
Los delitos que denunció Fernández Sagasti fueron asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, cohecho y tráfico de influencias, exacciones ilegales y concusión, y negociaciones incompatibles de funcionario público.
Los apuntados fueron el gobernador Rodolfo Suárez, el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez; el presidente de la UCR, Tadeo García Zalazar; el pastor Bonarrico; y el tesorero de la Fundación, Eduardo Erario.
Con respecto al delito de “asociación ilícita”, el fiscal D’Amore sostuvo que “se advierte que en el presente caso no se cumple con ninguno de los presupuestos objetivos del delito previsto en el art. 210 del CP, ya que se denuncia un único hecho aislado, esto es un supuesto acuerdo espurio, que se concreta en el Contrato de Colaboración y su posterior aprobación por Decreto del Poder Ejecutivo, por lo cual las conductas denunciadas resultan atípicas en relación a este delito”.
Sobre el “enriquecimiento ilícito”, respondió que “en el presente caso tal como se advierte de las constancias de la causa no se efectivizó entrega de dinero alguno, ya que el poder Ejecutivo mediante Decreto N° 846 de fecha 26 de mayo de 2022, derogó el decreto N° 684, dejándose sin efecto por tanto, el Convenio aprobado por la citada norma legal”.
“Conforme a ello, del hecho denunciado no resulta viable la posibilidad de un incremento patrimonial apreciable y no justificado en los funcionarios públicos denunciados, y al ser este un delito especial propio, en el cual el autor debe revestir la calidad de funcionario público, se descarta en consecuencia cualquier posible atribución del mismo a los denunciados Bonarrico y Erario”, argumentó el fiscal.
Sobre la “malversación de caudales públicos”, la investigación resolvió que la partida presupuestaria que se comprometió para financiar el Convenio de Colaboración aludido, no tenía un destino específico establecido por ley, reglamento u orden administrativa, sino que por el contrario “era una partida de refuerzo del presupuesto y por ende de libre disposición para la administración, por lo cual entonces el hecho denunciado para los suscriptos, resulta atípico conforme a las previsiones del artículo 260 del CP”.
En cuanto a los delitos de “cohecho y tráfico de influencias”, el fiscal afirmó que “no surge sospecha alguna de que los denunciados hubieren recibido ya sea dinero o alguna otra dádiva, entendiendo esta como algún objeto material, a los fines de realizar el Convenio de Colaboración denunciado, menos aún para el dictado del decreto por el cual se otorgó su aprobación”.
Sobre “exacciones ilegales y concusión”, el fiscal señaló que en ambos delitos se requiere una exigencia indebida por parte del funcionario público y en razón de esto, no existió “exigencia ilegítima alguna por parte de los denunciados”. Del mismo modo se descarta también la acusación sobre Bonarrico y Erario, ya que no son funcionarios públicos.
Por el lado de “negociaciones incompatibles” de funcionario público, D’Amore definió que “se pudo establecer que no se otorgó un subsidio, sino se celebró un contrato de colaboración, con obligaciones recíprocas, un objetivo determinado, garantías respecto del incumplimiento de las cláusulas y controles periódicos, cumpliendo con la normativa establecida”.
Por esto, “no se puede establecer hasta el momento que las motivaciones del acuerdo no hayan sido el cumplimiento de los objetivos plasmados en el cuerpo del mismo”.
