La justicia de Estados Unidos envió informes a la Argentina sobre la investigación en torno a la compañía Odebrecht, la que está en el centro de las operaciones de corrupción conocidas en Brasil como Lava Jato, y los mismos señalaron a Jorge ‘Corcho’ Rodríguez como intermediario en un circuito de sobornos.
En concreto, la investigación que involucra a Rodríguez se da en torno a una planta potabilizadora de AySa, tal y como lo había reconstruido el juez Casanello en uno de los expedientes sobre la firma Odebrecht que tramita en Comodoro Py.
Según lo detalló Clarín, se trata de las adjudicaciones de obra pública llevadas adelante para la planta potabilizadora Paraná de las Palmas y la planta depuradora de Berazategui, o “Planta del Bicentenario”, las que se enviaron a juicio oral hace dos años.
La construcción y puesta en marcha de la planta potabilizadora Paraná de las Palmas fue adjudicada a la Unión Transitoria de Empresas conformada por las firmas Odebrecht -50%-, Supercemento -16,66%-, Benito Roggio e Hijos -16,67%- y José Cartellone Construcciones Civiles, con una participación de 16,66%.
El segundo de los contratos cuestionados consistía en la construcción de la planta depuradora Sistema Berazategui, en la que resultó ganadora la unión conformada por las empresas Camargo Correa -60%- y Esuco-40%-. Luego Odebrecht ocupó el lugar de Camargo Correa, detalló el mismo portal.
Según estableció el juez Casanello, se “celebró un acuerdo espurio entre funcionarios púbicos y empresarios, motivado en el pago de sobornos, que implicó concesiones indebidas en beneficio de los contratistas y que derivó indefectiblemente en una defraudación al Estado como consecuencia de la administración infiel de los recursos públicos”.
Se encuentran imputados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y cohecho 26 miembros de las sociedades involucradas, funcionarios de AySA y del por entonces Ministerio de Planificación Federal, entre ellos, Julio De Vido, José López y Roberto Baratta.
Los empresarios ya procesados por defraudación en la primera parte de la investigación quedaron ahora acusados de “corruptores”, es decir como autores de cohecho activo, por haber pagado los sobornos para garantizarse la adjudicación de obras.
Los pagos ilegales se realizaban con cheques de la empresa Sabrimol y se cambiaban en diversas casas de cambio y agencias financieras para evitar la trazabilidad. La sospecha de Casanello y que convalidó la Cámara Federal es que dichos fondos ilícitos llegaban a los funcionarios de Planificación Federal y de AySA. Esta ruta del dinero ilegal también fue avalada por los informes enviados desde Estados Unidos.
