La justicia neoyorquina amplió al 10 de enero el plazo para que Argentina deposite los activos que constituyen su fianza en el contencioso de la petrolera YPF, tras condenar al país a pagar 16.100 millones de dólares a dos empresas tras su estatización en 2012.
Para que el nuevo gobierno de Argentina, que asume el 10 de enero, tenga tiempo de tomar las riendas del país, el tribunal dará “hasta el 10 de enero de 2024 para que la República pignore activos a los demandantes, como se indica en la orden del tribunal del 21 de noviembre”, cuando determinó que el estado podía depositar la garantía con acciones de YPF hasta el 5 de diciembre.
La jueza Loretta Preska accede así a la solicitud presentada por los abogados del Estado argentino el pasado 27 de noviembre, para que ampliara hasta “no antes” del 10 de enero el plazo, para dar tiempo de evaluar la situación al nuevo gobierno de Javier Milei.
De otro modo, cumplir con el depósito hubiera sido responsabilidad del actual gobierno de Alberto Fernández.
La sentencia de la Justicia neoyorquina contra la Argentina por YPF
Preska condenó a Argentina a pagar 16.099 millones de dólares a las empresas Petersen (14.385 millones) y Eton Park (1.714 millones), accionistas de YPF que no fueron indemnizadas tras la nacionalización de la petrolera, cuando estaba controlada por la española Repsol.
El gobierno de Fernández recurrió la exigencia de los demandantes de que Argentina depositase el monto de la condena como garantía mientras se resuelve la apelación, alegando que un desembolso de ese porte generaría “daños irreparables” en medio de la situación económica difícil que vive el país.
La jueza dio entonces de plazo hasta el 5 de diciembre para que la “República (Argentina) se comprometa con los demandantes a su participación en el capital de YPF” como garantía para evitar embargos.
Milei, un economista ultraliberal, ha prometido reprivatizar el capital del Estado argentino en YPF.
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