El Partido Verde fue sancionado por la Justicia Federal en relación al Balance 2023 tras una serie de intimaciones previas y multas aplicadas. Pablo Quirós, subrogante en el Juzgado Federal N°1 y con competencia electoral, aplicó la sanción de “pérdida del derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, por el plazo de un año”.
La agrupación llevó a Mario Vadillo como candidato a gobernador, y actualmente tiene representantes en la Legislatura, como son los diputados Emanuel Fugazzotto y Mauro Giambastiani, además del senador Dugar Chappel. Este último tiene abierto un proceso interno en el partido que se resolverá el 21 de agosto y podría ser expulsado del partido. Apuran los papeles para cumplir con lo que falta y pedir el levantamiento de la sanción.
Una serie de incumplimientos llevaron al Partido Verde a no poder recibir fondos. La decisión fue tomada por Pablo Quirós según el fallo que firmó el 8 de agosto y en el que relata una serie de hechos que desembocaron en una sanción definitiva en lo que respecta al ejercicio anual. Es decir, no tiene que ver con la rendición de gastos de la campaña electoral.
Según los considerandos, el 4 de abril se aplicó la primera multa del 10% de los aportes públicos para desenvolvimiento institucional del año. El motivo fue porque no se presentó, en tiempo y forma, el balance del ejercicio contable 2023. En esa notificación, se intimó al partido a que lo hiciera el 3 de mayo, a riesgo de que se le duplicara la multa, que fue lo que sucedió.
De acuerdo al fallo, había tiempo hasta el 29 de junio, para que llegara el ejercicio contable. De acuerdo a la notificación de la sanción que consta en el expediente, el plazo era hasta antes del 2 de julio. El riesgo, si incumplían era más grave: una suspensión cautelar de todos los aportes públicos. Es decir, que dejarían de recibir fondos.
Emanuel Fugazzotto, apoderado del partido, se presentó el 2 de julio con el balance solicitado. Sin embargo, el juez determinó que “la agrupación presentó el balance 2023 sin la documentación dispuesta por la Ac. Extr. CNE N°82/2022 Anexo I de la misma”. La normativa de la Cámara Nacional Electoral a la que hace referencia, establece una “Nómina de documentación para Balances Anuales” y lo mismo para los “Informes de Campaña”. En síntesis, faltaban papeles.
En el mismo acto, se intimó a la agrupación para que en el plazo de 15 días presente el ejercicio contable bajo apercibimiento de “declarar no acreditados el origen y destino de los fondos recibidos”. Pasado el tiempo, no se cumplieron los requisitos y el juez determinó la sanción de “pérdida de derecho a recibir contribuciones, subsidios y todo recurso de financiamiento público anual, por el plazo de un año (art. 62 inc. f) ley 26.215)”. De acuerdo a la norma, se le aplicó la sanción mínima, dado que la máxima son 4 años.
El juez le da intervención al Ministerio Público Fiscal Federal para que forme una compulsa en base a lo que establece el Capítulo III del Código Nacional Electoral, es decir el “Procedimiento de Aplicación de Sanciones Electorales”. Es decir, podrían ser citados a declarar algunos integrantes del partido con responsabilidad en esta situación pero no implica una imputación.
Apuran los papeles
Ante la consulta de Los Andes, el tesorero Mauro Giambastiani indicó que “la documentación está, está pronta a ser presentada y avanzaremos con el recurso correspondiente para pedir que se levante la inhibición”. Dentro del partido hay molestia por la falta de aportes y algunos dicen que eso complicó la presentación porque “no teníamos plata para pagarle a la contadora que nos tenía que hacer el balance”, además de otras certificaciones que deben abonarse.
Según fuentes partidarias, el movimiento financiero del año 2023 que se reclama no llega a $2 millones de pesos. Un dato importante es que el año pasado, si bien hubo elecciones, no se pagan los votos como sí sucede en la Nación. Cada agrupación recibe dinero por cada voto depositado en la urna y es una de las formas de financiamiento.
El conflicto que se viene
Además de los frentes judiciales, el Partido Verde tiene una convulsión interna luego de que tres afiliados fueran notificados por el Tribunal de Conducta sobre pedidos de sanción. La Junta Central de Gobierno partidaria argumenta que violaron artículos de la Carta Orgánica y pide la expulsión de afiliados.
Las notificaciones le llegaron al senador Dugar Chappel, al concejal Ricardo García (Capital) y al edil godoycruceño Francisco Cordón. A los dos primeros les reclaman aportes partidarios de los últimos cinco meses. Y al concejal en Godoy Cruz, le endilgan haber armado el Interbloque “La Libertad Avanza” sin autorización partidaria.
Hay acusaciones cruzadas porque los apuntados hablan de un pacto con el peronismo y la necesidad de barrer díscolos. Mientras que desde la conducción, en la figura de Mario Vadillo, aseguran que no hay acuerdo y que todo es un tema meramente administrativo. El asunto podría llegar a la justicia federal con competencia electoral.
La Convención Partidaria, integrada por casi una veintena de dirigentes pero tiene dos bajas como la de Jesús Reinoso y Marcelo Romano, fijó el 21 de agosto como la fecha para resolver este asunto. Dentro de ese órgano, están tanto Chappel como García. Allí se sabrá la decisión, pero no se descarta que todo termine en la Justicia Federal.
