Victoria Donda, interventora del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, empezó a ser investigada ayer por la Justicia por el escándalo que la funcionaria protagonizó con su empleada doméstica.
El fiscal federal Eduardo Taiano decidió ayer imputar a Donda por presunta “administración fraudulenta” y posible “malversación de fondos públicos”, a raíz de haberle ofrecido un cargo público a una empleada de su domicilio privado.
Según denunció la mujer que trabajó en el domicilio de la funcionaria a lo largo de catorce años, la funcionaria le ofreció un cargo en el Inadi y un subsidio después de su reclamo por una indemnización y el pago de aportes de la seguridad social.
El caso se conoció después de que el abogado Fernando Zarabozo, en representación de Arminda Banda Oxa, divulgara audios de la funcionaria y mensajes de Whatsapp con la oferta que ahora investiga la Justicia.
La causa le tocó al juez Sebastián Casanello, que subroga el Juzgado Federal 12. El magistrado delegó la investigación al fiscal Guillermo Marijuán, pero como este está de vacaciones, el caso fue impulsado por Taiano.
El abogado de Oxa, de 63 años y nacionalidad boliviana, formuló en la denuncia que Donda quiso despedir a su empleada cuando se inició el aislamiento social y obligatorio, en marzo de 2020, “intentando que aquella renunciara por su propia voluntad y de manera unilateral”.
En la denuncia además figura que Donde le ofreció a Oxa “la percepción de un subsidio o de un cargo en el INADI, siendo que tales circunstancias la eximirían de pagar la indemnización correspondiente por despido injustificado”.
Donda aseguró ayer en declaraciones radiales que “es mentira” que durante los meses de pandemia la trabajadora doméstica no haya percibido lo que cobraba, como lo denunció el abogado de la mujer, y volvió a señalar que está “acostumbrada a ser blanco de ‘fake news’”.
La funcionaria insistió en que “los reclamos (de que no quiso pagar una eventual indemnización) no son ciertos” y agregó que “los aportes y pagos fueron hechos en tiempo y forma, como consta en ANSES y AFIP”.
En tanto, voceros de la ex diputada nacional dijeron que “la denuncia debería ser rechazada in límine, por inexistencia de delito”. Y agregaron: “En el caso de que no lo sea, ella se presentará a brindar los datos que sean necesarios”.
A su vez, la interventora del Inadi dijo que la alternativa de gestionar un plan de ayuda o un empleo para un familiar de su empleada “como salida de su situación vulnerable nunca llegó a concretarse”.
Ayer también salió el presidente Alberto Fernández a respaldar a la funcionaria. Advirtió en declaraciones a radio Con Vos que “el Estado no debe ser una maquinaria de empleo”, pero justificó el accionar de Donda.
“La realidad es que es cierto que el Estado muchas veces ha sido utilizado como un mecanismo de seguro de desempleo. Alguien se queda sin trabajo, tiene un amigo en el Estado y lo nombran y le dan un trabajo para sobrevivir. Es cierto que ha habido abusos en ese sentido. Lo dice alguien que cuando fue jefe de Gabinete se fue con menos empleados en la jefatura de Gabinete que con los que entró, con esa tranquilidad hablo”, arrancó Fernández.
Y agregó: “El caso de Victoria, no tengo ninguna duda que fue alguien que quiso hacerle daño. Quien conoce a Victoria sabe que no tiene que ver con su naturaleza sacarle ventaja al Estado”.
