La Cámara del Crimen emplazó al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, a que en 24 horas facilite las medidas para autorizar el regreso urente al país de una mujer con cáncer, que está varada desde hace un mes en Estados Unidos, cuando viajó a vacunarse por indicación médica. La resolución apunta directamente a las restricciones sobre los vuelos que impuso el Gobierno nacional para frenar los contagios con la variante Delta del coronavirus.
Los jueces Magdalena Laíño y Julio Lucini hicieron lugar a un hábeas corpus en favor de Valeria Paula Caccamo, la paciente oncológica de 54 años, que deberá someterse a los controles -previos y posteriores al viaje- y cumplir con el aislamiento estricto que le corresponda, si es que efectivamente consigue regresar a Buenos Aires, según informó La Nación.
Caccamo se encuentra en la localidad de Phoenix, en Arizona, y no puede regresar por los cupos impuestos por el Gobierno para el reingreso, a raíz de la variante Delta, pero su situación es grave, ya que padece hipertensión arterial, hipotiroidismo, insuficiencia renal y carcinoma de células claras (cáncer renal).
El 20 de mayo de 2020 la paciente fue operada y le extirparon un riñón, motivo por el cual debía ser luego controlada cada seis meses. Pero su vuelo de Aerolíneas Argentinas fue reprogramado cuatro veces (11, 12 y 19 de julio y 8 de agosto) y su fecha probable de regreso se prevé para el próximo 24 de agosto.
Es por eso que ya ha tenido que cancelar los turnos a los médicos que tenía y debía hacer lo propio con el asignado en agosto. En Estados Unidos se aplicó las dos dosis de la vacuna Pfizer como le había sido recomendado por su médico, debido a las contraindicaciones que las vacunas disponibles en la Argentina presentaban para su cuadro.
Qué dijo la Justicia
El fiscal Eduardo Rosende explicó que no era arbitraria, sino razonable la decisión del Poder Ejecutivo por cuestiones sanitarias y expresó que Caccamo no podía desconocer cuando salió del país, que se podía modificar las condiciones de su reingreso, y que en muchos países del mundo se estaban disponiendo nuevamente cuarentenas y cierre de fronteras, para velar por la salud de los ciudadanos.
Mientras que los jueces Laiño y Lucini dijeron que más allá de la norma que pretende evitar el ingreso de la variante Delta, “esta no puede ser invocada frente a la urgencia de reingresar al territorio nacional que deriva de un padecimiento grave de salud y que no pueda ser debidamente tratado en el exterior, o difícil de costear”.
Luego los jueces explicaron: “Frente al estado de pandemia se deben conciliar los intereses en pugna. El de la beneficiaria a recibir un tratamiento adecuado en la República Argentina con sus médicos de confianza, para paliar las consecuencias que su enfermedad podría ocasionar, salvaguardando así el derecho de regresar al país respetando sus disposiciones constitucionales (art. 14 CN) y, por otra parte, la protección de la salud de la población, génesis de la limitación”.
Los magistrados resolvieron finalmente ordenar que se facilite el reingreso al país de la paciente, ya que su caso “se enmarca dentro de las razones humanitarias que justifica la excepción prevista en las normas”.
La salud en riesgo
Por otra parte, el urólogo Jorge Ares, del Hospital Británico, quien lleva adelante los tratamientos y controles en la paciente, afirmó que la misma requiere “controles estrictos” de esa especialidad, nefrología y cardiología. “Caccamo requiere de controles clínicos periódicos, los que comprende el uso diario de medicamentos y solo puede garantizarse en nuestro territorio”, dijeron los jueces.
En esta línea, los magistrados rechazaron los argumentos del Gobierno y del fiscal al señalar que no ponderaron “ni siquiera ligeramente” una hipótesis sanitaria, ni mucho menos mencionan “cómo se hace la selección de los argentinos a los que se permite viajar para que podamos, con seriedad y tranquilidad, alejarla de toda posible arbitrariedad”.
“Tampoco dicen por qué no podría concretarse” la prevención de la propagación de la variante Delta “con una estricta cuarentena en un hotel”, detallaron los jueces.
Además aseguraron en su defensa que la oposición del fiscal y del Estado “carece de solvencia para dejar de contemplar la crisis que también transita un paciente oncológico que lleva más de setenta días fuera del país, con las consecuencias en su salud que ello puede traer aparejado, como un claro supuesto de cuestión humanitaria que permita una excepción al límite de ingreso, cuando en la actualidad parece solo limitado a un arbitrario número fijado por la autoridad Aeronáutica, ya que la Migratoria y la Jefatura de Gabinete de Ministros aseguraron ser ajenas a ello”.
