La Justicia penal de La Plata aceptó este miércoles el pedido del gobierno de la Provincia de Buenos Aires para postergar el desalojo de la toma de unas 100 hectáreas en Guernica, sin embargo no se fijó una fecha definida.
Se trata de dos mil familias que ocupan de forma ilegal los terrenos ubicados en el municipio de Presidente Perón. El desalojo estaba previsto que comenzara este jueves 1 de octubre.
El plazo original tenía tres escalas: jueves, viernes y lunes próximo. Sin embargo, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, pidió un estiramiento de ese período hasta el 14 de octubre.
Según informó Clarín, Rizzo había anticipado que el desalojo no es reversible en cuanto a la decisión final. En tanto, el fiscal Juan Cruz Condomí también ratificó que hay una disposición de un tribunal superior, la Cámara Penal, refrendando el procedimiento.
A la mañana, la ministra de Gobierno provincial, María Teresa García, confirmó la intención de la administración bonaerense de respaldar el fallo. Pero antes, el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, y el propio Larroque habían respaldado la actuación del juzgado N° 8 con asiento en Cañuelas.
Por lo que hay 500 efectivos apostados a modo de persuasión, pero los funcionarios escapan a la posibilidad de una erradicación compulsiva de los ocupantes.
Por eso, hasta después del mediodía, Larroque y Rizzo evaluaron todas las posibilidades. Pero cabe destacar que es un hecho, según pudo comprobar Clarín en el lugar, que existe resistencia en grupos instalados en el campo.
La ministra García aseguró que hay familias abandonando la toma y explicó que se llegó a un acuerdo con entre el 20 y 30 por ciento de las familias para llevarlas a otro predio en el municipio de Presidente Perón.
Sin embargo, todavía no hay arreglo para asegurar que sucederá con los ocupantes. Incluso denunciaron que a algunos los quieren alojar en paradores hasta conseguirles destino. “No vamos a firmar una cosa así”, advirtieron.
Según García, “en esos predios la Provincia les va a garantizar los servicios públicos y la entrega de subsidios para la construcción. Se quedaron los grupos a mi entender violentos, que queman gomas y dicen que son de ‘abrazo solidario’”.
“El problema es que hay familias que no son del municipio y se sumaron ahora porque vieron la oportunidad de reubicación”, insistió la funcionaria, quien remarcó que “el gobierno es claro y no va a avalar la toma porque la orden de desalojo está y demorarlo dos días no es solución”.
Al parecer, la demora va por otra cuerda que no tenía en cuenta García. La evidencia que no llegarían a tiempo con las reubicaciones determinó esta nueva contingencia.
El martes, Axel Kicillof aseguró que en los próximos tres años se construirán 33.600 viviendas sociales a través de diferentes planes de la Nación, la Provincia y los municipios. Representa una inversión de 85 mil millones de pesos.
El gobernador intenta anticiparse a la continuación de la oleada de tomas de tierras en la Provincia.
