El secretario de Energía, Darío Martínez, negó este miércoles que el proyecto de ley de hidrocarburos invada potestades propias de las provincias, tal como advirtieron senadores de la oposición como la mendocina Pamela Verasay (UCR) y el rionegrino Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) durante un plenario de comisiones.
Martínez defendió la iniciativa en una reunión virtual de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda, donde reiteró una y otra vez que no se trata de una nueva ley de hidrocarburos, sino de un régimen de promoción de inversiones que apunta al autoabastecimiento y al mayor ingreso de divisas.
La mendocina Verasay, vicepresidenta de la Comisión de Energía, adelantó que la OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos) emitirá un informe “con disidencias” sobre el proyecto, ya que “no estaría compartiendo la visión sobre el respeto de la propiedad del recurso”, que corresponde a las provincias.
La radical señaló que “se invade la política fiscal provincial” y pidió precisiones sobre “hasta dónde tendrán injerencia las provincias en la toma de decisiones”, al asegurar que no solo “no fueron parte del debate” sino que además “recibieron el borrador 24 horas antes del anuncio” encabezado por el presidente Alberto Fernández.
La crítica de Verasay estuvo centrada en el artículo 41, que crea un Consejo de Inversiones Hidrocarburíferas, donde se evaluarán y aprobarán -o rechazarán- los proyectos. Ese consejo estará integrado solamente por representantes del Poder Ejecutivo Nacional, “en consulta directa con las provincias que adhieran a la ley”. Para la senadora, esto habilita “un margen de discrecionalidad”.
Martínez rechazó los planteos y sostuvo que el proyecto “no toca ninguna potestad de las provincias” porque “no es una nueva ley de hidrocarburos, sino un régimen de promoción”. “Está muy claro que el poder concedente lo siguen teniendo las provincias”, garantizó. A su vez, el asesor Ariel Kogan aclaró que el único efecto que tendrá la adhesión de las provincias es la estabilidad fiscal, pero más allá de eso “la ley tendrá vigencia en todo el país”.
En tanto, Martínez comentó que mantuvo 35 reuniones con los distintos sectores interesados, entre ellos los gobernadores de la OFEPHI. “No pude reunirme con el de Mendoza, pero sí con el resto”, deslizó, y agregó que “en definitiva, quien tiene la responsabilidad de transformar un proyecto en una ley es el Congreso”.
El impacto ambiental y otras críticas
La presidenta de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gladys González (Pro), lamentó que “hay una ausencia absoluta de la cuestión ambiental” y, puntualmente, de la descarbonización de la matriz energética, lo cual “entra en contradicción” con los compromisos asumidos por este gobierno en foros internacionales.
“Se propone una estabilidad fiscal de 20 años y hablamos de compromisos a 2030 y neutralidad de carbono a 2050, entonces no se puede tocar el impuesto al carbono hasta el 2041”, razonó, y añadió que, de 115 artículos que contiene el proyecto, “solo cinco abordan el tema de la sustentabilidad energética de manera superflua”.
Martínez respondió que “no existe ningún proyecto que no tenga un estudio de impacto ambiental”, que es facultad de las provincias. “El plan de transición energética se está trabajando con el ministro de Ambiente, pero atraviesa cada una de nuestras decisiones”, se defendió.
Por otra parte, la neuquina Lucila Crexell (Movimiento Popular Neuquino) alertó que “solo una o dos empresas, que suman más del 65% de la producción de petróleo crudo y refinación en el país, son las que gozarán de los beneficios diferenciales”, mientras que “más de 50 empresas pequeñas que en su conjunto no llegan al 35%” resultarían perjudicadas.
“Los beneficios son para todas las que invierten. Tenemos que proteger el mercado interno”, fue la respuesta de Martínez, y Kogan ratificó que “no existe ninguna empresa perjudicada porque son todos incentivos adicionales a lo que hay; hoy no hay exportación garantizada ni libre disponibilidad de divisas”.
Además, el funcionario que trabajó en la letra chica del proyecto explicó que “la empresa que invierta y no tenga producción incremental también tendrá incentivos si son proyectos especiales, como los de las cuencas en declino, o de pequeñas empresas”.
En otro tramo, Martínez defendió que haya incentivos diferenciados entre el petróleo convencional y el no convencional. “Tiene que hacer incentivos adicionales al no convencional para poder cuidar y tratar de frenar el declino que está sucediendo en el convencional”, dijo.
El rionegrino Weretilneck amenazó con votar en contra de la ley si no se incorporan modificaciones y pidió convocar a gobernadores, sindicalistas y empresarios al debate. Cuestionó que la Secretaría de Energía tendrá competencia “en relación con las actividades de producción, transporte, almacenamiento, comercialización y exportación del Gas Natural Licuado (GNL)”, como dice el artículo 106.
“Esto es anticonstitucional. La autoridad de aplicación son las provincias; a lo sumo, en algunas materias, es la Nación en concurrencia con las provincias. Esto echa por tierra todos los acuerdos federales que se han hecho en materia hidrocarburífera”, planteó el senador, y coincidió con Crexell en cuestionar la ausencia de las provincias en el futuro consejo.
Desde el oficialismo, el chubutense Mario Pais salió al cruce de las críticas y consideró que “no se afecta la ley de hidrocarburos ni la ‘ley corta’, que con contundencia le reconoció a los estados provinciales sus potestades”.
“Es una ley equilibrada que trata de promocionar todo el ámbito hidrocarburífero, no solo la producción no convencional, y atiende el caso de los yacimientos viejos, convencionales, como los que hay en Chubut y Santa Cruz”, destacó.
