La comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación decidió este viernes avanzar en la investigación por el presunto mal desempeño del juez federal de Mendoza, Walter Bento, con la próxima convocatoria a 29 testigos y la producción de un peritaje contable sobre el patrimonio del magistrado acusado también por enriquecimiento ilícito.
Durante una hora y veinte, los once consejeros que forman parte de la comisión fueron definiendo sobre las medidas de prueba que propuso Pablo Tonelli (diputado del PRO, representante de la Cámara baja en el organismo judicial), quien oficia de instructor para llevar adelante el caso que podría terminar en la remoción del magistrado con competencia electoral en Mendoza.
Bento había sido procesado el 26 de julio y embargado por más de 327 millones de pesos junto a Marta Boiza, su esposa. Estas medidas fueron dictadas por el juez federal Eduardo Puigdéngolas, luego de que el titular del Juzgado Federal 1 de Mendoza fuera acusado en mayo pasado por los delitos de asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y seis hechos de cohecho pasivo.
La Magistratura abrió formalmente el 11 de mayo la investigación contra Bento y sorteó a Tonelli como el consejero instructor. En medio de la reunión de este viernes, se oficializó la renuncia del magistrado Ricardo Recondo a la presidencia de la Comisión de Disciplina y Acusación. Por ello, el encuentro fue presidido por la senadora nacional del Frente de Todos, María Inés Pilatti Vergara, quien representa a la Cámara alta en la Magistratura.
Decisiones para avanzar
A las 14:20, la comisión dio luz verde al debate y la votación de los pedidos de prueba. Y por unanimidad, los once integrantes decidieron avanzar para analizar el descargo y la defensa presentada por Bento. Tonelli hizo varios pedidos. El primero fue que se fije fecha y hora para proceder a la apertura de las declaraciones juradas patrimoniales integrales presentadas por Bento, lo cual fue aprobado y se dio curso a la secretaría para que lo concrete.
En paralelo, se precisó que la Cámara Federal de Mendoza ya respondió al pedido de informe sobre la totalidad de las licencias que fueron solicitadas por Bento. Por otro lado, se acordó solicitarle a la Dirección Nacional de Migraciones un informe del total de los movimientos de Bento y Boiza entre 2015 y la actualidad.
Un punto de debate
Tonelli propuso que se resuelva como regla general que la producción de las pruebas solicitadas por el magistrado Bento que sean declaradas procedentes deban ser sustanciadas por el juez Puigdéngolas. Allí, los consejeros Diego Molea y Gerónimo Ustarroz pusieron repartos al solicitar que no haya una delegación de facultades y que sea la propia Magistratura la que se encargue de generar esas pruebas.
Tonelli argumentó que su propuesta se fundamenta en el artículo 16 del reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación, el cual reza: “En el caso de que los elementos de prueba tengan vinculación con un hecho ilícito que hubiese dado origen a una investigación judicial, los requerimientos se formularán al juez interviniente”.
Ustarroz, representante del Poder Ejecutivo Nacional, consideró que la delegación en general al juez de la causa “choca con lo que dispone el artículo 114” de la Constitución Nacional, el cual indica que la Magistratura tendrá a su cargo la administración del Poder Judicial. “No somos auxiliares de un juzgado ni de un fiscal. Tenemos la competencia para definir si un magistrado tiene que permanecer en el cargo o no. Y tenemos autonomía. Entonces, esta delegación genérica no corresponde”, acotó.
A Tonelli le pareció “errada” la interpretación de Ustarroz y Molea, dado que “el artículo 16 del reglamento es muy claro”, el cual “no inhibe de ninguna manera la valoración de la prueba” por parte de la Magistratura, después de que estas hayan sido producidas por el juez de la causa penal.
Ustarroz y Molea insistieron en que se pueden incorporar declaraciones que testigos o peritajes hechos por el juzgado de instrucción penal en Mendoza, pero exigieron que no se delegue y que la Comisión haga su parte, convoque a los testimonios, se los escuche y que el Consejo evalúe cada una de las medidas de prueba.
Recondo consideró que había un punto de acuerdo entre todos de tomar como “insumo” lo que pueda producir Puigdéngolas, pero que no habrá una limitante para que la Comisión requiera medidas adicionales. Finalmente, la iniciativa de Tonelli para delegar a producción de pruebas en el juzgado perdió por siete votos contra cuatro.
Otras pruebas de Bento
Por pedido de Tonelli se decidió incorporar al expediente en la Magistratura los dieciséis documentos ofrecidos por Bento en su descargo. Sólo hubo una excepción con un audio de una conversación entre el abogado Mariano Cuneo Libarona y una persona que se identificó como Diego Barrera, el cual dijo estar preso. “Esto no tiene absolutamente nada que ver con el tema que se investiga”, dijo Tonelli. No obstante, la decisión sobre el audio fue postergada porque el elemento no había sido circulado al resto de los consejeros con anterioridad.
Del mismo modo, Tonelli solicitó que se libre un oficio al juzgado federal Número 3 de Mendoza para que emita una copia certificada, actualizada y digitalizada de la causa 13.854/2020 y todos los anexos que pudieran existir. “Ese en realidad es un pedido del propio juez que yo estimo procedente”, dijo el consejero. Esto fue aprobado.
Por otro lado, se aprobó que se le pida a Bento que diga en qué tribunales tramitan los ocho expedientes judiciales que ofreció como pruebas a su favor, para poder hacer el requerimiento.
Rechazo a un pedido sobre Vega
A sugerencia de Tonelli, también se rechazó la prueba informativa pedida por Bento para que se requiera a la Procuración General de la Nación que informe el número de teléfono celular al fiscal Dante Vega y que se haga un peritaje. “Me parece que es claramente improcedente, porque lo que está en análisis no es la conducta del fiscal. Y además, es contradictorio con la defensa del propio Bento que se niega a entregar su teléfono celular diciendo que eso violaría su intimidad”, explicó el diputado del PRO.
Sobre el peritaje contable que fue ordenado por el juez Puigdéngolas, se acordó sumar consultas de la Comisión. Además, se va a pedir ampliaciones o aclaraciones directamente a los peritos. E incluso, si hay dudas, se podría pedir una profundización del peritaje. “Si el juez de la causa nos responde que no, porque no somos parte, ordenaremos otro peritaje contable por nuestra cuenta”, aclaró Tonelli.
El instructor también solicitó pedirle a Bento que reduzca de 29 a 5 la cantidad de testigos. Pero esto fue rechazado en función de la “amplitud probatoria”. Ustarroz enfatizó que hay que aprobar la declaración de la cantidad de testimonios que se ofrezcan, dado que no se puede limitar la posibilidad de producción de pruebas ni del derecho a defensa. Incluso, se van a incorporar como insumo las testimoniales de la causa penal que se tramita en Mendoza.
Bento había solicitado también una ampliación del plazo estipulado por el artículo 11 del reglamento de la Comisión de Acusación para ampliar su descargo, pero esto fue rechazado porque más allá de eso está habilitado para seguir incorporando pruebas.
