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hace 1 hora
El Consejo de la Magistratura avaló este jueves las gestiones que impulsó el oficialismo para revisar los traslados de 10 jueces federales durante la administración de Mauricio Macri, entre los que figuran tres mandatarios que llevan adelante la causa de los cuadernos de la corrupción en la que se juzga a la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner.
El organismo encargado de designar, controlar y eventualmente sancionar los magistrados, aprobó, con 5 votos a favor y 3 en contra, un proyecto de dictamen del consejero Diego Molea, representante de los académicos, para que el Senado de la Nación evalúe la idoneidad de esos jueces frente a las tareas que asumieron con los cargos que se les asignaron y también para pedirle a la Corte Suprema que se pronuncie sobre la vigencia de esos movimientos y determine si son “permanentes o provisorios”.
La iniciativa de Molea surgió tras la presentación del consejero por el Poder Ejecutivo, Gerónimo Ustarroz, que no tardó en generar polémica, no tanto por solicitar que se defina un mecanismo institucional respecto a los traslados, sino por exigir que se revean los que se concretaron durante la gestión de Cambiemos en el poder.
Inmediatamente, los referentes de la oposición se negaron a esa tarea de revisionismo, porque alegaron que no es función del Consejo de la Magistratura, y por ello fue clave el voto de Graciela Camaño, la diputada del Consenso Federal, para romper con el empate.
“Tenemos la obligación de enmendar los errores porque si no estamos dejando un precedente que, después de la disertación de la del Presidente del día de ayer, que va a comprometer al Consejo en el nombramiento para poder llenar lo que se pretende, tenemos que tener reglas claras”, remarcó la socia política del ex candidato presidencial Roberto Lavagna, en alusión al acto en el que Alberto Fernández presentó su proyecto para reformar la Justicia.
Camaño, quien preside la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial donde se trató la iniciativa del oficialismo, rompió este jueves el silencio y aseguró que la posibilidad de “enmendar el error no está cerrada con candados” y trató de despegar su posición con los planteos que se asocian con los márgenes de la grieta entre el kirchnerismo y Juntos por el Cambio.
“Tenemos que tener reglas claras. Porque yo estoy cansada, desde esta amplia avenida del medio a la que pertenezco, de ver cómo de un lado y del otro de los extremos se toman discrecionalidades. Las discrecionalidades de uno justifican las discrecionalidades del otro”, cuestionó. Y luego de remarcar que “no tenía dudas de que había que llamar a concurso en los 10 juzgados” señalados, Camaño confirmó su respaldo al plan de Molea.
El consejero y diputado por Juntos por el Cambio, Pablo Tonelli, hizo un último intento para tratar de frenar la avanzada. Reiteró que no es potestad del Consejo revisar los traslados y recordó que “los únicos traslados que la Corte no convalidó fueron los que se hicieron contra la voluntad del trasladado”.
Además, en la sesión se rechazó por unanimidad un pedido de recusación de los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, de la Cámara Federal, y de Germán Castelli, del Tribunal Oral Federal 7, contra el titular del Consejo, Alberto Lugones. Se trata de tres de los magistrados cuestionados, que comparten en Comodoro Py la tarea de investigar a Cristina Kirchner en la causa denominada “cuadernos de la corrupción” en la cual la vicepresidenta se encuentra imputada por haber liderado una asociación ilícita para recaudar sobornos de empresarios beneficiados con obra pública.
Lugones rechazó los cuestionamientos y les respondió con ironía: “Nadie les va a quitar la posibilidad de ser los héroes de la patria”.
Durante el Gobierno de Macri, a Bruglia y Bertuzzi los pasaron desde el Tribunal Oral Federal 4 y a la Sala I de la Cámara Federal, donde atienden causas por corrupción, se revisan todas las causas de corrupción. Ustarroz alertó que esos traslados no fueron simétricos, es decir que no fueron entre la misma jurisdicción y competencia, y que por ello deben cumplir nuevamente con el proceso de selección.
“Desde el 2015 y fundamentalmente en el 2018 se propiciaron un montón de traslados que no están completos”, insistió el representante del Poder Ejecutivo.
Ahora, el Consejo de la Magistratura le solicitará al Presidente que instruya al Senado de la Nación a analizar la selección de esos magistrados federales. Por lo pronto, no será una tarea fácil aunque el kirchnerismo cuente con la mayoría, porque el proceso institucional establece que se requieren los dos tercios de los miembros presentes en la sesión convocada y los números indican que, aún sumando aliados, el Frente de Todos alcanzaría 43 votos cuando necesita 48.
