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hace 10 horas
En una decisión que levantó polémica en el ámbito político, ayer se conoció que la Oficina Anticorrupción (OA), liderada por Félix Crous, desistirá de ser querellante en los procesos penales en los que interviene, que son 32. Uno de ellos tiene el eje puesto en Mendoza y se trata del reconocido caso Greco, la causa del grupo empresario mendocino más famoso que llegó a concentrar el 30% del PBI de la provincia con más de 100 empresas y que cayó en un proceso turbulento de desguace en medio de la dictadura militar, a comienzos de los ’80, dejando a miles de familias sin trabajo.
Lo cierto es que además del proceso judicial realizado en esa época, se abrió otro en 2007 contra cinco ex funcionarios del Ministerio de Economía por presuntas “irregularidades en el desempeño de los abogados que ejercieron la representación del Estado Nacional en la causa civil promovida por el Grupo Greco”.
Los abogados están acusados de realizar “maniobras en contra de los intereses del Estado y a favor del Grupo Greco”, por un importe estimado en ese entonces en $ 332 millones de pesos, que a juzgar por la época, este número deberá ser actualizado teniendo en cuenta la profunda devaluación del peso argentino.
Fue en 2005 cuando la Justicia resolvió que se debía pagar esa millonaria indemnización a los herederos de la familia Greco. Dos años más tarde, en 2007, se abrió una causa contra los abogados que ejercieron el rol de defensa del Estado y quienes no apelaron tras el fallo en contra.
De hecho, desistieron de la apelación porque “se advierte la justicia de la decisión”, tal como marcó la presentación de la entonces abogada del Ministerio de Economía, Gloria María Eugenia Martínez.
“No somos un organismo parajudicial ni parapolicial. Nuestra tarea es menos vistosa, menos marketinera, pero es la que debemos hacer”, dijo Crous, al explicar la decisión en declaraciones a Radio 10 y El Destape, en las que indicó que, según su concepción, la OA “no debe querellar”.
El caso Greco
Volviendo al caso Greco, fue un holding que llegó a ser propietario de más de 100 empresas entre propias y alquiladas. Entre las más conocidas estuvieron Furloti, Resero, Arizu, Agua Villavicencio, diario Mendoza y el Banco de Los Andes. De esta manera el grupo Greco llegó a concentrar el 30% del PBI de la provincia.
En abril de 1980 fueron testigos de su propia derrota cuando el Banco Central de la Nación liquidó al Banco De Los Andes, el cual contaba con su casa central en San Martín, y llegó a comandar y monopolizar los ahorros de todo el país. Ese mismo día fueron confiscadas más de 40 empresas del mismo grupo que a los pocos años terminaron siendo víctimas del desguace.
Los máximos responsables del grupo, los hermanos Greco, fueron detenidos por una comisión policial federal en el histórico restaurante Pedemonte, tras haber protagonizado una reunión con el ex presidente de facto Jorge Rafael Videla y sus ministros Martínez de Hoz y Albano Harguindeguy. Es que el gobierno militar en un principio había concordado una línea de asistencia al Banco De Los Andes pero en cuanto llegaron al Banco Central a firmarlo, se llevaron la sorpresa de que habían sido engañados bajo esa promesa ya que la orden desde la cúpula presidencial de facto había sido intervenir a todas las empresas del grupo.
Como los hermanos no aceptaron la negociación, fueron secuestrados y detenidos bajo la acusación de monopolio y daño a la economía.
El caso Greco fue conocido porque causó un gran deterioro en la economía regional. Con la caída del mismo, miles de familias quedaron en la calle a espera de una indemnización mientras que muchos clientes de los bancos de la firma se vieron afectados en su economía personal.
Lo cierto fue que, según informó Página 12 en un artículo del 2007, en agosto de 1987 los Greco llegaron a un acuerdo con el gobierno de Raúl Alfonsín, por el cual se les reconoció la propiedad de diez de las 45 empresas que les habían quitado, mientras las otras quedarían en compensación por las deudas con el Estado. Ese convenio formalizado por decreto no se pudo practicar porque las empresas habían sido desguazadas o vendidas. En 1989 se firmó otro convenio, y unos pocos días antes de entregar por adelantado el mando Alfonsín ordena cumplir, pero tampoco se concretó.
Fue en 1991 cuando los Greco iniciaron un juicio para ejecutar los acuerdos a su favor, y tras una “tibia defensa por parte del Estado”, hubo un fallo el 28 de diciembre de 2001, el día en que concluyó el fugaz gobierno de Adolfo Rodríguez Saá, en medio de la crisis.
No obstante, la causa de la que la OA dejará su querella será por irregularidades en el desempeño de los abogados que ejercieron la representación del Estado Nacional en la causa civil promovida por el Grupo Greco.
