Era inexistente la mitad de los comedores beneficiados por el Plan contra el Hambre de Alberto Fernández, según la nueva denuncia penal realizada por el Ministerio de Capital Humano tras tomar conocimiento de varios hechos que podrían constituir incumplimiento a los deberes de funcionario público.
Los datos surgen luego de que la cartera liderada por la ministra Sandra Pettovello hiciera diversas auditorías dentro de las secretarías y organismos.
El 8 de enero de 2020 fue creado el Plan Nacional Argentina contra el Hambre, que tenía por objeto garantizar la seguridad alimentaria a sectores vulnerables y debía, en teoría, garantizarse el acceso a los alimentos y las prestaciones para merenderos y comedores comunitarios. Todo ello, con el control de la Secretaría de Inclusión Social que dependía del por entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
El proceso estableció un sistema de validación de los comedores por pasos que podrían resumirse de la siguiente manera: 1) preinscripción, 2) validación), 3) matriculación.
Esa matriculación se otorgaba por dos años y requería una revalidación a partir de esa fecha, caso contrario, no debía seguir siendo parte de los beneficiarios.
Sin embargo, la denuncia presentada ante las autoridades judiciales surge precisamente a partir de una de las auditorías realizadas sobre el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (Renacom), tras comprobarse que la gestión anterior de Alberto Fernández no realizó los controles correspondientes sobre los comedores a los que asistía con mercadería.
Los comedores y los merenderos del Renacom gestionan alimentos por miles de millones de pesos, que provienen de diversos programas sociales.
“La ausencia de control en los dineros estatales se refleja en la imposibilidad material de poder controlar y/o inspeccionar debidamente los beneficios que se otorgaron, y/o si los comedores beneficiarios de las mismas fueron correctamente seleccionadas a tal efecto; o bien, si aquellos tenían algún tipo de incompatibilidad que tornara ilegal dicho otorgamiento”, relata la presentación judicial al tiempo que especifica que después de las correspondientes investigaciones, de la totalidad de los comedores sólo se pudieron relevar la mitad (52,3%).
El restante 47,7% no pudo relevarse debido a que el 32% no funciona más como tal; el 25% de los datos de la preinscripción no coinciden con los reales (direcciones inexistentes, direcciones en las que no hay comedores/merenderos) y casi el 16% en la dirección declarada nunca funcionó un comedor/merendero.
“Conquistando Sonrisas”, “Pequeños Gigantes de Quilmes”, “Cielos Abiertos”, “Luz de Luna de Pereyra”, “Esperanza”, “Los Peques de San Alberto”, “Luz y Esperanza” y “No Funciona Como Tal” son algunos de los ejemplos de supuestos comedores que no existían en los domicilios declarados.
Otro ejemplo de la ausencia de control es el del supuesto comedor “Gauchito Gil”, que al intentar constatarse su existencia, en su lugar en realidad hay un barrio privado. Otro caso, el de “Sol de Barrio”, no fue posible localizar la dirección y los vecinos reconocen que allí nunca funcionó ningún comedor. En otros casos, ni siquiera existen nombres de los lugares en el registro, sino que se los identifica apenas con un número de expediente, pero que incluso al realizarse la inspección ocular demostró que tampoco existía.
Ante esto, la denuncia plantea que “la falta de control sobre los miles de millones de pesos que el Estado Nacional invierte en que la población más vulnerable pueda comer no puede ser ‘rifada’ sin control so pena de permitir que se cometa uno de los peores de los pecados: que la comida no llegue a los que más las necesitan y que el Estado Nacional se convierta en un proveedor de alimentos para terceros espurios e inescrupulosos”.
Entre las tipificaciones del posible delito se cita el incumplimiento de deberes de funcionario público y el fraude a la Administración Pública.
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