La pelea está en stand by. La Asociación de Funcionarios del Poder Judicial declaró una tregua en su pelea con el Gobierno provincial por los salarios hasta el 1 de febrero, cuando termina la feria en la Justicia mendocina. Ese día habrá una asamblea a las 8 de la mañana, en la que van a decidir si continúan con las medidas de fuerza.
Desde el Gobierno, rechazan reabrir la negociación. Es más, ni hubo aumento por decreto, como suele suceder en los que casos en que el gremio no firma la paritaria. Los funcionarios fueron los únicos que no cerraron acuerdo y desde el Ejecutivo rechazan cualquier tratamiento especial para con esos trabajadores que ostentan una jerarquía en el escalafón judicial (son secretarios de juzgados en su mayoría). “Son los que más cobran en todo el Estado Provincial” dicen.
En los teléfonos de los hombres y mujeres del Gobierno circula un informe sobre los salarios de los funcionarios judiciales. En total son 1.220 trabajadores. Según el detalle que circula, el salario bruto más bajo entre esos trabajadores asciende a 210.968,53 pesos. El bruto más alto, para envidia de muchos, llega a 1.066.337,75 pesos.
Puede que la aclaración sobre, pero salario bruto es el total, sin haber contabilizado los descuentos de ley (aportes jubilatorios, obra social, ni ganancias en el caso que corresponda).
El sueldo promedio, siempre de acuerdo a las cuentas que saca el Gobierno con salarios brutos, es de 400.000 pesos y 122 de ellos ganan más de 500.000 pesos. El otro dato que impresiona es que 366 funcionarios judiciales cobran entre 400.000 y 500.000 pesos (siempre brutos). La mitad de los funcionarios judiciales cobra más de 385.245,07 pesos.
El informe del Gobierno divide a los 1.220 funcionarios judiciales en deciles (es una herramienta común en estadística y economía que consiste en dividir una población en 10 grupos; en este caso cada decil está compuesto de 122 trabajadores).
El piso inferior (decil 1) tiene 122 funcionarios que cobran (monto bruto) entre 210.968,53 pesos (mínimo) y 323.802,70 pesos. En el decil 2, los salarios van de $323.802,70 a $346.020,79; en el tercer escalón los salarios van de $ 346.020,79 hasta $359.843,82; en el cuarto nivel van desde $359.843,82 hasta $374.590,25. Los 122 funcionarios que están en el quinto decil, cobran un salario bruto de entre $374.590,25 y $385.156,14.
Hasta este quinto nivel están incluidos la mitad de los funcionarios judiciales, son 610 trabajadores.
El sexto decil corresponde a los 122 funcionarios que cobran entre $385.156,14 y $403.634,95. El séptimo escalón va entre $403.634,95 y $422.878,86; el octavo nivel va entre $422.933,84 y 449.302,84; el noveno decil tiene un piso de $449.302,84 y el techo es $483.222,93; por último, el décimo nivel va entre $483.222,93 y $1.066.337,75.
Una historia difícil
El Gobierno recuerda que durante todo el año 2022, los incrementos salariales acordados fueron: en marzo 12% y la suma fija remunerativa de $ 7.200, en 4% en abril, 4% en junio. En julio se estableció un aumento del 5%. Luego de convocar a nueva reunión paritarias se acordó un aumento para agosto 12%, septiembre 7%; octubre 8%, y noviembre 7%.
El resto de los gremios acordaron para diciembre incremento al básico de 9%, más los adicionales específicos del sector; además, se pactó 5% para enero, 5% en febrero y 5% en marzo y una suma no remunerativa, de 25 mil pesos a abonarse el 5 de enero para los agentes que cobren a noviembre menos $231.600, que equivalen a 4 salarios mínimos vitales y móviles. Nota al pie: con los montos que cobran los funcionarios judiciales, sólo un puñado de ellos hubiera accedido a ese bono de 25 mil pesos.
Estos incrementos de diciembre no los perciben los funcionarios judiciales, porque no cerraron la paritaria y tampoco hubo decreto para otorgarlos de manera unilateral. Sumando estos aumentos de diciembre, el resto de los empleados de la Administración Pública redondeó una paritaria de 92%; siempre según los números del Gobierno; mientras que los funcionarios judiciales han sumado en todo 2022 en promedio 81% en sus salarios, porque no acordaron el incremento de diciembre.
El secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales, Marcelo Fekonja, dijo a Los Andes que “ellos (por el Gobierno) pretenden que un funcionario judicial cobre lo que un funcionario del ámbito público que es secretario. Nosotros no atendemos el teléfono, hacemos un trabajo técnico, tenemos que capacitarnos, rendimos concurso para entrar. Sin desprestigiar al resto, trabajamos mancomunadamente con los jueces para resolver causas. No es un trabajo administrativo. Allá pagan mayor responsabilidad. Nosotros no. La meritocracia tiene que empezar a funcionar, porque sino vamos mal”.
Del otro lado, el ministro de Hacienda Víctor Fayad recordó que “durante toda la discusión con los gremios en 2022, el discurso era ‘usen el superávit para pagar sueldos’; fue difícil explicar que no es el único objetivo del Gobierno es pagar sueldos. Necesitamos del recurso humano, pero tenemos que pagar proveedores, obra pública, deuda y si sobra algo también bajar impuestos”.
Fayad explicó que “los funcionarios judiciales son los que más cobran en la administración pública. Entendemos que ellos trabajan con jueces, que el peronismo los enganchó a los sueldos federales y los magistrados se han disparado. Pasa lo mismo en salud, con los médicos y enfermeros que cobran menos que un anestesista. Pero no podemos subirles más, porque es injusto con los otros trabajadores del Estado. Cómo le explicamos a un docente, a un médico que el trato para los funcionarios judiciales es distinto porque trabajan al lado de gente que cobra mucho más”.
La asamblea de febrero
Marcelo Fekonja dice que las medidas de fuerza se suspendieron. “En la feria de enero no. Queda muy poca gente trabajando. Hacer un paro en este momento sería catastrófico para el Poder Judicial. Somos sensatos. No hay paro en enero”.
Luego, el dirigente sindical señaló que “el 1 de febrero hay una asamblea a las 8 de la mañana en la que se va a decidir si se continúa con la medida y de qué forma. Esperamos llegar a esa asamblea con algo para resolver el conflicto. Pero a la fecha no nos han convocado. Será la gente que nosotros representamos la que decida si seguimos o no. Ha sido un año complicado y hemos quedado por detrás de la inflación”.
