El próximo 1 de junio se vencerá la concesión de Hinisa (Hidroeléctrica Los Nihuiles) y el 6 de octubre sucederá lo mismo con Hidisa (Hidroeléctrica Diamante). Ambas centrales hidroeléctricas cumplirán un contrato de 30 años (firmado en 1994) y tienen como poder concedente a la Nación. Su principal accionista es la empresa Pampa Energía, mientras que Emesa participa de forma minoritaria. En el caso de Los Nihuiles, el privado tiene un 51% y la empresa provincial un 49%.
El gobernador Alfredo Cornejo está interesado en que Mendoza tome el control de las centrales una vez que finalicen los contratos para poder hacer uso de sus licitaciones, pero desde el gobierno de Javier Milei han dado señales en sentido contrario. Así se lo manifestó expresamente el jefe de gabinete, Nicolás Posse, al senador nacional Rodolfo Suárez esta semana, cuando presentó su informe con respuestas a los legisladores en el Congreso.
En ese escenario, el Ejecutivo provincial maneja este tema con sumo hermetismo y según pudo averiguar Los Andes, en el transcurso de esta semana se hará efectivo el “periodo de transición” de la concesión de Los Nihuiles, por un plazo de 12 meses. Es decir, habrá una prórroga de forma anual, como ha ocurrido con otras centrales hidroeléctricas.
En el artículo 57.1 del contrato firmado en el año 1994, se establece que “a fin de preservar la seguridad de las personas y los bienes ubicados en el Río, declarada la resolución del Contrato por cualquier causa (…) la CONCESIONARIA deberá continuar a cargo del Sistema Hidroeléctrico y cumplir con todas sus obligaciones derivadas del Contrato durante el plazo que fije la Secretaría, hasta un máximo de doce (12) meses contado a partir de la fecha de la resolución”.
Como se menciona allí, la Secretaría de Energía de la Nación es el poder concedente sobre la energía que produce en la central, mientras que la Provincia tiene posesión del uso del agua de las represas del Río Diamante: Nihuil I, Nihuil II y Nihuil III.
Sin embargo, Mendoza puede adelantarse al 1 de junio y ejecutar la prórroga, antes de que la Nación deba hacerlo, aclaró una fuente del Gobierno provincial. Esta semana sería confirmado a través del Boletín Oficial.
Una vez finalizado este contrato, la Provincia quiere hacer uso del artículo 124 de la reforma constitucional de 1994, que reconoció a las Provincias “el dominio originario sobre los recursos naturales existentes en sus territorios” y la Nación, al menos por ahora, rechaza esa postura.
Las consultas de Suárez al jefe de gabinete Posse dejaron expuestas las dudas que subyacen al interior de la provincia sobre este asunto.
Los interrogantes de Mendoza
En principio, el exgobernador citó la conformación del Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados (ETAHC), creado en el año 2022 con el fin de realizar un “relevamiento integral del estado de situación en los aspectos técnicos, económicos, jurídicos y ambientales” de las concesiones hidroeléctricas.
“En la conformación del ETAHC no hay participación de las provincias en cuyo territorio se encuentran las centrales concesionadas. Debía entregar un INFORME FINAL en el plazo de 1 año y a más tardar 6 meses antes de que opere el vencimiento de cada una de las concesiones”, apuntó Suárez.
Y dijo que tanto en las centrales Alicurá, El Chocón Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicadas en las provincias de Río Negro y Neuquén, se optó por prorrogar las concesiones y no hubo definiciones al respecto, poniendo como veedor al Enarsa “sin intervención de las provincias”.
Entonces, le postuló a Posse: “¿Qué piensa hacer el Estado Nacional con las concesiones y cómo será la relación con las provincias? ¿Qué plan hay para las centrales concesionadas de la provincia de Mendoza? ¿Se las volverá a licitar en un esquema de concesión a privados? Y en este caso, ¿Quién las concesionará?”.
Y agregó: “¿Será la Nación desconociendo el derecho de las Provincias sobre los recursos naturales existentes en sus territorios? ¿Se pretende liberar nuevamente el mercado eléctrico y volver a un esquema similar al de la ley N° 24.065? Y en este ¿caso cuál será el rol de las Provincias y sus empresas provinciales? ¿La Nación pretende prorrogar las concesiones hidroeléctricas?”
Por su parte, el jefe de gabinete respondió que la tarea encomendada al ETAHC “se encuentra en proceso, y se materializará a través de la producción de un informe circunstanciado que deberá elevar” a la Secretaría de Energía.
“En tal sentido, la evaluación de la situación presente de cada aprovechamiento hidroeléctrico, constituirá un insumo fundamental para definir los pasos a seguir a partir de la extinción de los contratos de concesión vigentes. Este relevamiento incluye a las centrales concesionadas en la provincia de Mendoza”, manifestó Posse y pidió referirse a las preguntas N° 191, 223 y 257 del informe elaborado para atender las demás consultas.
La respuesta contundente de Milei
En la respuesta 191 de Posse, básicamente está el núcleo del posicionamiento del gobierno de Javier Milei. Respondieron a través de la Ley 15.336 (Régimen de Energía Eléctrica, que data del año 1960) y la Ley 24.065 (sancionada en 1992), para defender la potestad nacional sobre la creación de la energía, diferenciándola del uso para consumo y de riego, que corresponde a la órbita provincial.
En principio se citó el artículo 5° de la 24.065: “La energía de las caídas de agua y de otras fuentes hidráulicas, comprendidos los mares y los lagos, constituye una cosa jurídicamente considerada como distinta del agua y de las tierras que integran dichas fuentes. El derecho de utilizar la energía hidráulica no implica el modificar el uso y fines a que estén destinadas estas aguas y tierras, salvo en la medida estrictamente indispensable que lo requieran la instalación y operación de los correspondientes sistemas de obras de capacitación, conducción y generación, de acuerdo con las disposiciones particulares aplicables en cada caso”
“En este aspecto, el art. 6º, inciso d), de la Ley 15.336 declara de jurisdicción nacional la generación de energía eléctrica, cualquiera sea su fuente, su transformación y transmisión, cuando se trate de aprovechamientos hidroeléctricos o mareomotores que sea necesario interconectar entre sí o con otros de la misma o distinta fuente, para la racional y económica utilización de todos ellos”, indicó el jefe de gabinete en su informe.
Y agregó: “De lo expuesto resulta claro que la actividad de generación de energía hidroeléctrica que se vincule en cualquier punto a la Red Nacional Interconectada se considera sujeta a jurisdicción nacional y, por lo tanto, sujeta a la regulación que dicte el Poder Ejecutivo nacional o el Congreso de la Nación, por tratarse de una actividad declarada de interés general en tanto se vea afectada a un servicio público”.
Entonces, también respondió el reclamo sobre la reforma constitucional y aseguró que “estas disposiciones no han sido modificadas después” de la misma e incluso “el Estado Nacional ha ejercido dichas facultades” para otorgar concesiones hidroeléctricas.
Por lo tanto, señalando a los aprovechamientos de los ríos Limay y Neuquén en la Patagonia, pero incluyendo a Mendoza en esa respuesta a Suárez, el gobierno nacional indicó que no se requiere “previa conformidad” ni “requisito de validez” para “otorgar nuevas concesiones, prórrogas y/o autorizaciones de toda índole relativas a la explotación de dichos complejos hidroeléctricos”.
En diálogo con Los Andes, Suárez analizó las respuestas de Posse y consideró que “las concesiones eléctricas se están venciendo en distintas provincias; en Río Negro, Neuquén, Chubut y Mendoza. Lo que dijo el Gobierno nacional es que la concesión de la generación de energía eléctrica es competencia de la Nación, en base a dos leyes que son anteriores a la Reforma del 94, que establece que los recursos naturales son de las provincias”.
“Hizo una distinción entre lo que es el uso consuntivo del agua (para el consumo) y lo que es la generación de energía. Entonces dice que la generación de energía no consume agua y la concesión es competencia de la Nación. Entonces se abre un abanico que no sabemos qué va a ocurrir en el futuro. Qué posturas van a tomar las provincias, si las quieren concesionar ellas”, agregó.
“Para ellos la generación de la energía sigue siendo competencia nacional porque es interjurisdiccional, debido a que va destinado al sistema eléctrico nacional. Es un tema bastante complejo, sobre todo en Mendoza, que tenemos concesiones como Nihuil IV hecho por la Provincia y las otras que han sido concesiones nacionales, dónde la Provincia tiene parte con Emesa. Pero las empresas privadas tienen el 51% de las acciones. Cuando se terminen las concesiones se abrirá el debate”, completó el senador nacional.
EN DETALLE
Sistema hidroeléctrico Los Nihuiles. Cuenta con una capacidad instalada de 265 MW, que representa el 0,6% de Argentina. Está conformado por tres represas y tres plantas generadoras de energía hidroeléctrica -Nihuil I, Nihuil II y Nihuil III-, así como por un dique compensador. Desde 1990 a 2022, la generación anual promedio fue de 786 GWh, con un máximo de 1.250 GWh en 2006 y un mínimo de 428 GWh en 2022. Hidroeléctrica Los Nihuiles tiene la concesión por 30 años, desde junio de 1994. Pampa Energía tiene una participación directa del 51% sobre el capital accionario de Hinisa.
Sistema hidroeléctrico Diamante. Está conformado por tres represas y tres plantas generadoras de energía hidroeléctrica: Agua del Toro, Los Reyunos y El Tigre. Con 388 MW, representa el 0,9% de la capacidad instalada de Argentina. Desde 1990 a 2022, la generación anual promedio fue de 531 GWh, con un máximo de 943 GWh alcanzado en 2006 y un mínimo de 303 GWh registrado en 2022. Hidroeléctrica Diamante tiene la concesión por 30 años, desde octubre de 1994. Pampa Energía tiene una participación directa del 61% sobre el capital accionario de Hidisa.
