Tres municipios peronistas negocian “mano a mano” con el Gobierno nacional para destrabar la finalización de proyectos de vivienda que quedaron a mitad de camino. Se trata de Maipú, Tunuyán y Santa Rosa, que iniciaron los emprendimientos con la gestión de Alberto Fernández, sin la intervención de la Provincia, y con la llegada de Javier Milei se vieron impedidos de continuarlos, al menos por ahora.
El convenio que el gobernador Alfredo Cornejo firmó con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para reactivar el “100% de las obras de vivienda que tenían financiamiento nacional comprometido” con el IPV, sentó un buen precedente para los intendentes, aunque el modelo de financiamiento compartido genera diferencias.
Es que ese acuerdo consiste en que la Provincia aporte un 60% para la finalización de las casas, mientras que el 40% restante lo abona la Nación. El mismo formato -el municipio aportando, en vez de la Provincia- fue ofrecido a dos de las tres comunas, pudo averiguar Los Andes.
El titular del Instituto Provincial de la Vivienda, Gustavo Cantero, le explicó a este medio días atrás que la Nación le entregará un “monto fijo en todo concepto” de 2.500 millones de pesos para avanzar con 156 viviendas de los programas Casa Propia y Reconstruir que ejecutaba el Gobierno nacional en la provincia.
Los barrios se encuentran en Lavalle, Santa Rosa, San Martín y Tupungato, y están “por encima del 50% de construcción”, expresó Cantero. El funcionario provincial estimó que en agosto empezarán a recibir los fondos y Mendoza deberá destinar unos $2.200 millones por su lado.
En tanto, Maipú, Tunuyán y Santa Rosa (con otro barrio) quedaron fuera del alcance de esos fondos nacionales, debido a que no intervino el IPV en esos convenios. De tal forma, los intendentes negocian directamente con el gobierno de Milei, en busca de destrabar el financiamiento.
Particularmente Tunuyán y Santa Rosa son los que tienen emprendimientos con mayor grado de avance, mientras que Maipú tiene tres barrios frenados con menos del 50% levantado.
En el caso del departamento del Valle de Uco, el barrio Bordelongue ubicado en el distrito El Totoral, tiene 300 casas avanzadas en un 85% y fueron financiadas directamente por la Nación. El intendente Emir Andraos explicó a Los Andes que deben lograr sus propios acuerdos y aclaró que su municipio no está en condiciones de realizar aportes de un 60%, como estableció la Provincia.
“Los intendentes tenemos que hacer nuestros propios acuerdos, pero hasta ahora no hay nada concreto y el financiamiento que está buscando la Nación es que los municipios pongan plata”, afirmó.
Y aclaró: “No es lo mismo el músculo provincial, que el que tenemos los municipios. Entonces yo no puedo salir a poner el 60% de las casas, si me ofrecen lo mismo. A parte que son el doble de casas, por más que estén avanzadas en un 85%. Tengo obras de urbanización y servicios detenidas en ese barrio que condicionan la culminación”.
De todos modos, sostuvo que existe una “comunicación fluida con la Nación” y ha llevado distintas reuniones en busca de destrabar la continuidad de las obras. “Los convenios los están resolviendo mano a mano con cada uno de los entes ejecutores. Cornejo resolvió lo del IPV en este formato, haciendo un aporte de la Provincia del 60% y así quieren hacer con todos, acuerdos específicos. Tengo comunicación y estoy trabajando para ver cómo se resuelve, en qué formato”, completó Andraos.
En el caso de Santa Rosa, desde la comuna comentaron a este medio que son 76 viviendas las que se encuentran frenadas con un 90% de avance. Se trata de un barrio ubicado en el distrito de La Dormida.
La intendenta Flor Destéfanis recibió un ofrecimiento de financiamiento compartido entre un 60% del municipio y un 40% de la Nación, aunque no lo descartó por completo, confirmaron desde su entorno. “Es lo que ofreció Nación y Flor lo está evaluando por los costos”, dijo un vocero suyo.
En el caso de Maipú, informaron que son unas 600 viviendas las que sufrieron la parálisis de la obra pública nacional. Los barrios afectados se llaman Santa Blanca, Scalonia y STMM, que tienen avances que oscilan entre un 30 y un 40%, y están ubicados al Sur y al Este del departamento.
El intendente Matías Stevanato mantiene comunicación con las áreas correspondientes y avanzan los reclamos por vías administrativas, contaron. “Hay canales de diálogo que se van a mantener para resolver el problema”, indicaron desde su entorno.
Además, según pudo saber Los Andes, esta semana viajaron funcionarios municipales a Buenos Aires para reunirse con representantes del gobierno nacional, pero todavía no arribaron a acuerdos concretos.
Stevanato ya había dado cuenta de las complicaciones que conlleva tener viviendas paralizadas. “Hace dos domingos atrás tuvimos el intento de usurpación en una de las casas. Tenemos casas que están más avanzadas, entonces es complicado lo que se está viviendo”, dijo en una entrevista con este medio, a fines de junio.
Entonces manifestó: “Nosotros no estamos pidiendo obras nuevas, lo que pedimos es que las obras que ya estaban iniciadas, que cumplen con todos los procesos, que se continúen, que el Estado Nacional cumpla su parte contractual, si no obviamente vamos a tener que iniciar acciones judiciales”.
“Es una locura tener que llegar a eso, porque lo que tienen que hacer es cumplir con lo que ya está firmado y está acordado”, completó el intendente maipucino.
Las viviendas del IPV en marcha
Hasta mayo de este año el total de casas terminadas por el IPV había sido de 268 viviendas nuevas y 215 mejoramientos. O sea, 483 “soluciones”. Sin embargo, el titular del organismo Gustavo Cantero, aseguró que hay muchas más casas en ejecución.
El funcionario habla de 5.200 soluciones habitacionales en total para 2024. Desglosadas, son 3.600 casas nuevas y 1.600 mejoramientos. Todos los proyectos vienen del gobierno anterior porque “la gestión en obra pública es de continuidad este año, como dijo el gobernador”.
Reconoce Cantero que el ritmo fue lento a comienzos de la gestión por la baja en la recaudación, pero después aceleraron y ahora están entregando “entre uno y dos barrios al mes”. “El plan es gigante y el objetivo fue no parar la obra pública”, agregó.
Aseguró además que el IPV absorbió la mayor parte del presupuesto de obra pública de este año: 52.500 millones de pesos de los 95.000 millones pautados para la totalidad de las obras.
Cantero dijo también que se han cargado “montones de viviendas” en el banco de proyectos de la provincia para que sean encarados el año que viene. “No queremos tener un bache”, afirma.
En dicho banco hay proyectos de vivienda social y de inversión pública/privada. “Los privados tienen que poner plata y yo confío en que así será”, expresó. Un barrio de Las Heras de 142 casas se hizo con este sistema y ya se han entregado más de 50. En esa operatoria, dos empresas pusieron la mitad de los recursos y la Provincia el otro 50%.
Que se vayan a concretar o no los futuros proyectos habitacionales depende de que sean incluidos en el presupuesto del año que viene, lo que se sabrá en setiembre.
Hoy, el valor de una casa nueva de las que construye el IPV oscila entre 50 y 55 millones de pesos. Las cuotas para acceder a este anhelo varían según los planes y los ingresos de cada familia, pero van desde los 50.000 hasta los 170.000 pesos.
