La Oficina Anticorrupción, que depende del Poder Ejecutivo, dejará de intervenir como querellante en las causas que investigan a actuales y ex funcionarios públicos, en sintonía con el nuevo perfil de “rol preventivo” que su titular, Félix Crous, busca darle al organismo desde que ocupa el máximo cargo, aunque también debido a la falta de personal.
“Habrá de disponerse el desistimiento del rol de querellante en los procesos penales en los que se interviene en tal carácter. Para contribuir al orden de la litis, en aquellos que transitan la etapa de audiencia oral de juicio, se dará cumplimiento a lo aquí dispuesto cuando culmine la recepción de la prueba propuesta por la representación de esta Oficina. En aquellos en que, concluida la audiencia oral, se ha concretado la pretensión punitiva, cuando el Tribunal de juicio dicte sentencia”, señala la resolución a la que tuvo acceso Clarín.
De esta manera, la OA mantendrá su actuación en aquellos expedientes que ya transitan el proceso de las audiencias del juicio, como el caso de “la ruta del dinero K”, en la que ya se concretaron los alegatos de las querellas.
Según Crous, hay falta de personal y limitaciones presupuestarias. “Los recursos profesionales de esta oficina han sido asignados de un modo tal que la Dirección Nacional de Litigio Estratégico ha recibido un tratamiento privilegiado en desmedro de su par de investigaciones; y más aún de la destinada a la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad y la transparencia”, explica el funcionario.
Desde 2018, siempre de acuerdo al titular de la OA, “la dotación sufrió una merma de 42 bajas, y durante el mismo período sólo se produjeron 19 incorporaciones”.
“A esas bajas se suma la situación generada por la promoción, durante la actual gestión, de cuatro agentes pertenecientes a la planta del organismo a cargos de Alta Dirección Pública de la estructura organizativa, que generaron a la vez nuevas vacantes en la planta de profesionales cuya cobertura no acompaña automáticamente a las bajas por promoción”, añade.
Según argumentó Crous, los recursos de la OA serán destinados a las investigaciones: “Se han emprendido numerosas acciones y desarrollos -varios de ellos coordinados con otras instancias ejecutivas del Estado-, iniciando contactos institucionales a nivel federal, realizando y respondiendo consultas, y manteniendo encuentros con organizaciones de la sociedad civil, tanto como con las que reúnen a sujetos obligados por la normativa de cumplimiento y con colegios profesionales".
Esta mañana, Crous también dijo que está “reperfilando” a la OA “de acuerdo con lo planificado” desde que asumió el cargo.
“Es mi mirada y es lo que hablé con el Presidente”, afirmó, en una conferencia organizada por el estudio Marval, O’Farrell y Mairal, en la que explicó que está tratando de convertir a la OA en “un motor de políticas públicas, dejando paulatinamente el rol de litigio”.
En lo que va del año, las escasas denuncias presentadas solo apuntan a la gestión de Mauricio Macri.
En mayo, la OA había dejado ser querellante en el juicio unificado por las causas de Hotesur y Los Sauces, en el cual están acusados la vicepresidenta Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, entre otros. Ese proceso aún no tiene fecha de inicio.
Ese anuncio motivó la salida de duro comunicado firmado por los referentes Juntos por el Cambio, así también como una denuncia penal firmada por los legisladores Jorge Enríquez, Graciela Ocaña, Waldo Wolff, Fernando Iglesias y Álvaro de Lamadrid.
