La Oficina de Ética Pública de la provincia tomará intervención en la polémica generada por la nómina nacional de supuestos empleados públicos mendocinos que cobraban planes “Potenciar Trabajo”.
Tras conocerse en el Boletín Oficial de la Nación que el Ministerio de Capital Humano había tomado la decisión de suspender “preventivamente” el pago de planes a las personas que figuraban en el listado de la Justicia como empleados estatales en 14 provincias, Gabriel Balsells Miró, auditor general de Ética Pública, informó a Los Andes que pedirá “el listado oficial del Gobierno provincial”.
En principio, según los cruces de información entre la Justicia y el propio Poder Ejecutivo de la provincia que se ventilaron en en anexo de la resolución 27/2023, serían 97 los empleados que están en esa condición.
El pedido será remitido desde la Oficina de Ética Pública al Ministerio de Gobierno, por ser “el ministerio que tendría la competencia respecto del personal”, dijo Balsells, quien no quiso adelantar si luego iniciará una investigación. “De acuerdo con la información, veré si lo derivo a Investigaciones Administrativas”, expresó.
Si hubiera incompatibilidades, a la Oficina de Ética Pública le correspondería abrirles sumarios administrativos a los empleados públicos locales que cometieron la infracción de cobrar un sueldo del Estado provincial y, a la par, recibir el plan social de la Nación.
La Oficina de Ética existe por ley desde 2018 y su tarea consiste en “regular las normas de conducta que deben regir en el ejercicio de la función pública”.
Hay que recordar por otro lado que el Gobierno provincial se ha desligado desde el principio de cualquier tipo de irregularidad con los planes sociales “Potenciar”.
El ministro de Gobierno, Natalio Mema, consignó al respecto que la Provincia sólo anotó para recibir planes nacionales a 3.700 personas. Y que fue la Nación la que les dio esos beneficios, a ellos y muchos más.
En cambio, descargó sobre las organizaciones sociales la responsabilidad de responder por el grueso de los planes otorgados en Mendoza. Aportó el funcionario en este sentido que las organizaciones sociales manejaron alrededor de 17.000 planes en la provincia.
“La gran mayoría de estos planes “fueron dados directamente por el movimiento Evita, a manos de Emilio Pérsico, quien era secretario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación”, ha indicado el funcionario a este diario.
Según los últimos números oficiales a los que accedió Los Andes, del propio Ministerio de Desarrollo Social que conducía Victoria Tolosa Paz, en Mendoza había hasta hace unos meses 28.150 beneficiarios del Potenciar Trabajo, de los cuales 2.004 estaban en revisión, porque no habían cumplido la “validación de identidad” que exigía el ministerio.
En tanto, la Justicia, a través del fiscal Marijuan lleva adelante una investigación que ya develó que numerosos beneficiarios tenían graves incompatibilidades. No sólo cobraban sueldos, sino que además realizaban viajes al exterior, entre otros gastos completamente ajenos a la “vulnerabilidad social” que rige el programa.
En noviembre, el fiscal empezó a pedir que las provincias enviaran los listados de beneficiarios y esta parte de la investigación derivó en el que el ministerio que conduce Sandra Pettovelo diera de baja más de 4.500 planes. Entre ellos, los de casi 100 estatales mendocinos.
Chequearán “uno por uno”
En tanto, el Gobierno provincial empezó a chequear “uno por uno” los casos de personas vinculadas al Estado provincial que aparecieron como beneficiarios de planes sociales nacionales “Potenciar Trabajo” y por el momento sostiene que son “casos aislados”.
El relevamiento está a cargo del área de Recursos Humanos del Ministerio de Gobierno, que este martes recibió en el Boletín Oficial de la Nación la noticia de que 97 presuntos estatales mendocinos cobraban el beneficio social de la Nación.
El Ministerio de Capital Humano de la Nación ordenó también la suspensión preventiva del pago del plan, que equivale a la mitad de un salario mínimo vital y móvil (78.000 pesos en la actualidad), a las 97 personas identificadas en Mendoza.
Hay que aclarar en este sentido que el documento con las listas tenía más de 400 páginas y que ese número es muy inferior al de casi todo el resto de las provincias relevadas.
Además, el Poder Ejecutivo señaló que el listado incluye a personas con “cualquier tipo de vínculo con la Provincia, no solamente la planta de personal”. Así lo indicó Nicolás Egües, subsecretario de Legal y Técnica del Ministerio de Gobierno de la provincia.
Egües tuvo a su cargo la tarea compleja de contestar el oficio del fiscal Gabriel Marijuan, quien investiga las irregularidades con los planes Potenciar Trabajo. Armó los listados a partir de personas relacionadas con diversas áreas del Estado provincial, por lo cual la subsecretaría que conduce aparece en la nómina del fiscal Marijuan como “fuente de información provincial”.
En otras palabras, Egües reunió los nombres de gente vinculada al Estado provincial que luego el fiscal comparó con las listas de beneficiarios de los planes sociales nacionales.
Esa comparación hizo “match” en 97 casos locales, de los 97.000 enviados por la Provincia y relevados en el ámbito de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social. Las coincidencias se verificaron principalmente a través del número de CUIT de las personas.
Pero Egües aclaró que la lista elevada a la Justicia incluye “empleados, contratados y prestaciones”, lo que obliga ahora a revisar con mayor detalle los casos para confirmar que existan incompatibilidades.
“Hay que chequear que haya existido incompatibilidad. Que estén en el listado no implica necesariamente eso, porque hay casos en que no se cobra un salario”, afirmó el funcionario provincial.
O sea, lo que está en duda para Egües es la “relación de dependencia” entre los que cobraron planes Potenciar y la Provincia. “A lo mejor puede haber un bombero que tenía vínculo porque fue incluido para que pudiera tener el alta en la OSEP o un docente suplente de la DGE que cobró el Potenciar mientras no daba clases”, explicó.
Tampoco se sabe por el momento si el vínculo con la Provincia coincidía en el tiempo con el cobro de planes sociales nacionales. “También hay que ver los periodos en los que la persona cobró el plan. Esa información la tiene la Nación y no podemos cotejar”, advirtió Egües. Afirmó en resumen que hay mucho por revisar e insistió en que los identificados en presunta situación irregular son “casos aislados”.
Funcionarios que siguen, por ahora
La tarea de recopilar los datos detallados que pedía la Justicia nacional sobre los Potenciar Trabajo encontró a Egües y su grupo de colaboradores en “tiempo de descuento” dentro del Gobierno,
Es que dentro de poco Egües dejará de ser funcionario provincial. La subsecretaría que dirige viene de la gestión anterior y va a desaparecer en la estructura del nuevo Ministerio de Gobierno, cuyo organigrama todavía no termina de completarse.
“Yo sigo porque no hay organigrama nuevo, pero cuando se apruebe, esta área quedará absorbida por una coordinación de Legales”, explicó Egües.
Sin embargo, el abogado que trabajó para el exministro de Gobierno Víctor Ibáñez y todavía se desempeña como funcionario está convencido de que las irregularidades, si las hubiere, son menores.
“En cuanto estén las confirmaciones de las listas las van a informar con claridad. Así como mandamos la nómina completa a la Nación, habrá aclaraciones”, prometió el todavía subsecretario de Legal y Técnica.
Ese chequeo está a cargo de otra funcionaria que aparece en el organigrama de la gestión del exgobernador Rodolfo Suárez. Se trata de la directora general de Recursos Humanos del Ministerio de Gobierno, Mariana Lima, quien como Egües, aún sigue en funciones.
