Tras el principio de acuerdo alcanzado este jueves con el Gobierno en torno a la “ley ómnibus”, en el Congreso reina una tensa calma. Los bloques de la oposición “colaborativa” esperan conocer la letra chica de los cambios para terminar de sellar su apoyo, ya que todavía hay interrogantes abiertos sobre los puntos más críticos y temas que quedaron en un limbo.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, el asesor Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aceptaron ante los jefes del PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal modificar los artículos sobre facultades delegadas, jubilaciones, retenciones, privatizaciones y elecciones.
Los emisarios de la Casa Rosada prometieron enviar la redacción final del proyecto entre domingo y lunes, con la esperanza de que el Congreso sesione antes del paro de la CGT del miércoles. Pero eso dependerá de los consensos que puedan alcanzarse antes para firmar dictamen en las comisiones. La propuesta opositora es dictaminar el martes y votar el jueves.
Como sea, el presidente Javier Milei debió extender las sesiones extraordinarias, ya que el domingo vence el plazo para firmar dictámenes (es hasta 10 días antes de que termine el período extraordinario, el 31 de enero). Además, una vez que culmine el trámite en Diputados restará el aval del Senado.
Finalmente durante la tarde del viernes el gobierno oficializó la prórroga del período de sesiones extraordinarias, que ahora será hasta el próximo 15 de febrero. Además confirmaron también la ampliación de la lista de temas que podrán abordarse en ese período.
Interrogantes
Francos entregó a los diputados Cristian Ritondo, Rodrigo De Loredo y Miguel Pichetto un punteo con el trazo grueso de las modificaciones. Del documento, al que accedió este medio, se desprenden varias incógnitas que la oposición espera develar antes de confirmar su acompañamiento.
Uno de los interrogantes tiene que ver con el gravamen a las exportaciones industriales, un tema clave para provincias como Córdoba, Santa Fe y Mendoza. El Gobierno dio marcha atrás con las retenciones del 15% a las economías regionales, y en particular del 8% a la vitivinicultura y al aceite esencial de limón. Pero nada dijo sobre el complejo industrial.
Si no hay cambios en este punto, el oficialismo perderá apoyo opositor: los cordobeses que representan al gobernador Martín Llaryora votarán en contra y podrían sumarse otros espacios.
Otro cambio que queda a medio camino tiene que ver con las facultades delegadas. Si bien el Gobierno aceptó recortar la cantidad de emergencias (se sacarán las de defensa, social y sanitaria) y acotarlas a un año con posibilidad de prórroga por uno más, será el propio Milei el que dictará esa extensión. En la oposición pedían que fuera el Congreso el que levante el pulgar.
También sigue habiendo dudas sobre la movilidad jubilatoria: las opciones que se manejan son ajuste mensual por IPC (Índice de Precios al Consumidor) del mes anterior, o mantener la fórmula vigente. Suspender la movilidad actual y otorgar aumentos por decreto ya no es una opción, porque toda la oposición “dialoguista” está en contra.
En tanto, en el borrador se estableció que, para poder liquidar los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), el Poder Ejecutivo deberá contar con un dictamen previo favorable de la Comisión Bicameral de Reforma del Estado y Seguimiento de las Privatizaciones.
En el capítulo privatizaciones quedó descartada la de YPF, pero Hacemos Coalición Federal, el bloque de Pichetto, también pide dejar afuera a otras empresas, como Arsat, Nucleoeléctrica, Banco Nación e YMAD (Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio) y propone un esquema de privatizaciones parciales con control mayoritario estatal.
Tampoco se sabe qué pasará con el artículo que eliminaba la autorización del Congreso para tomar deuda externa. Y otros temas que siguen entre signos de interrogación son la vigencia de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) y la implementación del juicio por jurados.
Otros cambios
En el borrador de la Casa Rosada también se conocieron algunos detalles sobre los cambios en educación, cultura, medioambiente, pesca e hidrocarburos, y se confirmó que eliminarán por completo el capítulo de salud, donde la discusión se había centrado mayormente en los cambios a la Ley de Salud Mental.
En materia educativa, se eliminó un artículo que indicaba que el Instituto Nacional de Formación Docente debía “revalidar las capacidades y conocimientos de docentes cada cinco años mediante un proceso de evaluación continua”. También se obliga a implementar la cédula escolar del SINIDE (Sistema Integral de Información Digital Educativa) y se incorporan cambios sobre virtualidad y financiamiento de universidades, entre otros temas.
En el área de cultura, se trasladan todas las funciones del Instituto del Teatro a la Secretaría de Cultura y se mantiene el Fondo Nacional de las Artes, con un tope de gastos. También se garantiza que los recursos del INCAA, el INAMU y la CONABIP se mantengan, pero “no podrán destinarse en más de un 20% a gastos generales y de funcionamiento interno”.
En los cambios al Código Penal, solo se ratificó que se quitará el polémico artículo sobre las reuniones de tres personas en el espacio público, y se incluyeron penas por bloqueos a comercios e industrias, de las que se desconocen detalles.
Por otra parte, se fijó un nuevo marco regulatorio para los biocombustibles, con aumento progresivo del corte, límites a la participación de empresas hidrocarburíferas y régimen de licitaciones. Y se retocaron aspectos de las leyes de Bosques, de Glaciares y de Quema.
