Luego de que el Gobierno Provincial recibiera un aval importante de parte del fiscal de Estado Fernando Simón en cuanto al avance de la obra Portezuelo del Viento, tras analizar algunas presentaciones que tenían como objetivo frenar la licitación, ahora el Poder Ejecutivo deberá enfrentar nuevamente otra embestida de La Pampa en contra de la adjudicación y posterior construcción de la presa.
Precisamente el gobernador pampeano Sergio Ziliotto pedirá este martes al ministro del Interior, Eduardo De Pedro, una nueva reunión “urgente” del Consejo de Gobierno del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco), para presionar al presidente Alberto Fernández para que laude en contra de Mendoza y se dispongan nuevos estudios de Impacto Ambiental a los que ya realizaron las universidades del Litoral y la de La Plata. Desde Mendoza reaccionaron y destacaron que “todos los estudios están hechos y aprobados por el Coirco” y nuevamente destacaron que no sorprenden las declaraciones del mandatario pampeano.
El dictamen favorable de Simón respecto al avance de la licitación de la obra de U$S 1.023 millones, en el que no encontró fundamentos para darla por fracasada, tuvo repercusiones negativas en la vecina provincia. El propio Ziliotto embistió contra la dirigencia política de Mendoza, al indicar que “ni el rechazo de cuatro provincias ni la angustiante crisis hídrica los detiene” y que se trata de una obra “ambiental y económicamente inviable. Ya nos robaron el Atuel, ¡no nos robarán el Colorado!” expresó.
Funcionarios pampeanos indicaron al diario local La Arena que se pedirá al consejo conformado por los mandatarios de Mendoza (Rodolfo Suárez), La Pampa (Ziliotto), Buenos Aires (Axel Kicillof), Neuquén (Omar Gutiérrez) y Río Negro (Arabela Carreras) que avance en “la realización de una evaluación de impacto ambiental sobre toda la cuenca hídrica, pero también que se analicen los registros y pronósticos nivales del río Colorado, “a fin de estudiar la situación hídrica existente, en base a la cual se deben reasignar los cupos de uso que cada provincia condómina tiene sobre el río”.
De parte del gobierno de Suárez indicaron que si existe una nueva reunión del Consejo de Gobierno irán con la misma postura que ha tenido Mendoza en los últimos años, que es marcar que “todos los estudios están hechos y aprobados por el comité ejecutivo del Coirco, quién es el que los debía aprobar y los aprobó”.
Además, sostuvieron que no resulta sorpresiva la actitud de La Pampa, en la cual “históricamente han estado en contra de la obra”, y también señalaron que esta nueva actitud “forma parte de la campaña electoral y política del oficialismo”, a poco menos de un mes de las elecciones primarias.
No obstante, marcaron que Mendoza seguirá tal cual lo viene haciendo en el análisis de la oferta presentada por el consorcio Malal Hue (conformado por la china Sinohydro, Impsa, Ceosa y Obras Andinas), y si bien no acelerará el proceso de la licitación para presentarlo como una “victoria” de campaña electoral, tampoco dará marcha atrás o lo ralentizará.
El poder presidencial
Es importante remarcar que la suerte de Mendoza en torno a Portezuelo del Viento cambió para mal en términos políticos con el gobierno de Alberto Fernández, ya que en la gestión de Mauricio Macri no sólo el entonces presidente había laudado a favor de la obra (tras un voto en contra de La Pampa sobre la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental), sino que también su ministro del Interior, Rogelio Frigerio, había archivado una presentación ante la Justicia de la provincia en la que insistía con más estudios.
No obstante, con la asunción del peronista a fines del 2019 el ministro De Pedro desarchivó el reclamo de La Pampa, lo que devino en una sucesión de momentos que perjudicaron la intención de Mendoza en avanzar firmemente con la obra, ya que en otra reunión de gobernadores de provincias que integran el Coirco, resolvieron realizar más estudios ambientales, en una votación que Mendoza quedó esta vez sola y perdió 4 a 1.
Allí fue cuando Suárez pidió el laudo presidencial. Lo complejo para la provincia es que en el oficialismo hay quienes creen que la provincia no podría adjudicar la obra hasta que no se apruebe el Impacto Ambiental, y para eso necesitaría del laudo positivo de Fernández.
