El Índice de Pobreza alcanzó al término del primer semestre del año al 52,9%, por encima del 41,7% de finales del año pasado, y del 40,1% de enero- junio de 2023, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
En tanto, el Índice de Indigencia, entendido este como los pobres cuyos ingresos no son suficientes ni siquiera para comprar la cantidad mínima de comida que permita la subsistencia, se ubicó en 18,1 por ciento.
A finales del año pasado había trepado al 11,9%, y entre enero y junio del 2023 se ubicaba en 9,3 por ciento.
Esto implica que sobre una población de 46 millones de personas, 24,3 millones son pobres, y entre ellas, 8,3 millones no tienen el dinero mínimo para comprar la comida que les garantice la subsistencia.
Entre finales del 2023, y junio de este año la inflación alcanzó al 79,8%, y si bien el Índice de salarios aumentó 84,3% en el primer semestre del año, no todos los empleados tuvieron el mismo aumento.
Solo los trabajadores registrados del sector privado tuvieron un aumento por encima de la inflación, al registrar un alza del 93,6%, mientras que los ingresos de los empleados públicos aumentaron 73,3% y lo de los trabajadores “en negro” el 69,8%, informó el Indec.
Además, durante el primer semestre se registró caída en el nivel de la actividad económica del 3,2%, y la tasa de desocupación pasó del 5,7% de finales del 2023, al 7,6% al terminar a finales de junio, según datos del Indec.
Es el Índice de Pobreza más alto desde 2003
La justificación del Gobierno
Antes del mediodía, y que el Indec diera a conocer la cifra, el vocero presidencial Manuel Adorni, salió al cruce del aumento en el índice de Pobreza al afirmar que “si no se evitaba la hiperinflación la pobreza se hubiese llevado de cerca de 40% a cerca del 95%”.
“Nos dejaron implantadas un montón de bombas que iban a afectar la actividad y también a los salarios reales y a la inflación”, dijo Adorni durante la conferencia de prensa que realiza en la Casa de Gobierno.
El funcionario también destacó que desde el gobierno de Javier Milei hacen “todo para que cambie. De hecho hace cuatro períodos que el salario comenzó a recuperarse”.
Adorni aseguró que “la gente votó al Presidente (Javier Milei) diciendo que su principal objetivo era bajar la inflación ordenando la macroeconomía. Y siempre dijimos que 2024 iba a ser peor que 2023″.
“A la Argentina la han despedazado y reconstruirla lleva tiempo y lo marca la historia, al margen de que, repito, recibimos una Argentina en las peores condiciones históricas que se pudo recibir un país”, enfatizó el vocero presidencial.
Si bien se habla de un dato “horrible” y “malo”, “peor que el de 2023″, desde el Poder Ejecutivo aseguran que el ordenamiento de la macro posibilitará una mejora en el índice que tendrá como plazo de recuperación al tercer trimestre.
En cuanto a los grupos etarios según condición de pobreza, enciende las alarmas el dato que estima que un 66% de las personas de 0 a 17 años se encontró bajo esta condición entre enero y junio de este año, alcanzado su pico.
La reedición de “la pesada herencia” es el argumento utilizado por el oficialismo para justificar el impacto negativo del “ajuste histórico” que impulsa el presidente Javier Milei y que tiene consecuencias directas en la actividad, el empleo y los salarios. Pese a los indicadores, aseguran que se trata de una receta “necesaria para iniciar la recuperación del país”.
“Es fundamental recalcar, cuantas veces sea necesario, que la pobreza estructural en Argentina no surgió por las acciones de este gobierno”, sostuvieron desde el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas (CNCPS), y agregaron: “Los datos muestran que las políticas económicas y sociales del pasado fracasaron de manera estructural, generando y perpetuando la situación a la que hemos llegado”.
El Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales que depende de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) detectó un aumento en la tasa de la pobreza de 16 puntos porcentuales medido desde el segundo semestre de 2017 al mismo período de 2023, es decir, pasó del 25,7% a 41,7%, mientras que la tasa de indigencia se duplicó de 6,2% a 11,9%.
El alarmante incremento grafica el dato del Banco Mundial que identifica a la Argentina como “el único país de la región que no logró reducir la pobreza en los últimos 13 años”, incluso, a pesar del incremento en las asistencias sociales que brinda el Estado.
Ante este complejo panorama, desde Capital Humano y específicamente del espacio de articulación de las áreas a cargo de monitorear y coordinar la política social nacional, establecen dos premisas básicas como objetivos innegociables: la estabilización de la macro y la garantía de una asistencia directa a las personas en situación de vulnerabilidad.
“Queremos que la gente tenga qué comer y para eso es central contar con una macro ordenada”, reveló a esta agencia una funcionaria con despacho en Casa Patria Libertad.
Al respecto, y luego de que el mandatario planteara que la única cartera que tiene “la billetera abierta” es la de Capital Humano, una fuente del ministerio afirmó: “Plata hay un montón. Tenemos la responsabilidad de gastarla bien”.
Por eso, destacan como hitos de la gestión de Sandra Pettovello el incremento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la tarjeta alimentar; el cambio de fórmula de la AUH basada en el IPC, y la eliminación de intermediarios en la distribución de los planes sociales.
“Sandra (Pettovello) y Patricia (Bullrich) lograron lo impensado”, destacaron desde el ministerio al tiempo que aclararon que al asumir, la AUH y la Tarjeta Alimentar cubría el 49% de la canasta básica y que la asistencia se transfería “mitad al beneficiario y la otra mitad a los gerentes de la pobreza”, denominación que asignó Milei a los movimientos sociales que oficiaban de intermediarios.
En contradicción con las permanentes críticas al rol interventor del Estado y a la justicia social que pregonan desde la administración libertaria, la asistencia estatal cumple un rol fundamental bajo el enfoque de “aumentar la libertad económica como solución para reducir la pobreza estructural del país”.
A fines prácticos, remarcaron que se trabajó en la suba del monto de la AUH y de la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que según reportaron, fue de un 308% entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024, lo que posibilitó que, sumado a la duplicación del monto de la Tarjeta Alimentar, alcancen a cubrir el 97,7% de la canasta.
Otro de los puntos que destacaron fue el incremento del Plan 1000 días, y el “refuerzo” de merenderos, comedores, y puntos registrados donde, aseguraron, alcanzan a 4.834 establecimientos. “Estamos trabajando para fortalecerlos y sumar nuevos espacios, asegurando que realmente cumplan su función en las comunidades”, prometieron.
Además, se habló de una “mejora del valor nutricional” reflejado en la suba de las raciones y los módulos alimentarios lo que habría dado lugar a una mejora en el valor calórico de los alimentos. “Si bien el objetivo es que las familias coman en sus casas, nos ocupamos por los comedores matriculados que existen y nos encargamos que mejoren el menú”, aclararon.
A pesar de la judicialización del tema, en Capital Humano aseguraron que se han distribuido 2.583.221 kilos de alimentos en más de 1000 comedores escolares destinados a escuelas vulnerables, y remarcaron que a partir de octubre, pretenden extender la edad de los beneficiarios de la Tarjeta Alimentar hasta los 17 años.
“Si no se hubieran implementado los aumentos de las prestaciones con el cambio de fórmula, ¿en qué situación estaríamos? Sin la nueva fórmula de actualización, el poder de compra de la Asignación Universal por Hijo (AUH) se habría mantenido en un 27,3% de la canasta básica alimentaria”, cuestionaron en una clara crítica a la política social del Ministerio de Desarrollo Social, encabezado por aquel entonces por Victoria Tolosa Paz.
En la misma línea, subrayaron: “Reafirmamos que nuestra política social se enfoca en mejorar la calidad de vida de las familias más vulnerables a través de la asistencia directa, sin intermediarios, y confiando en la libertad y capacidad de las personas para decidir cómo administrar sus recursos”.
“En estos 10 meses, hemos logrado contener la emergencia con responsabilidad y transparencia, eliminando intermediarios y actuando de acuerdo a indicadores objetivos”, se jactaron en el Gobierno y concluyeron: “Esto ha permitido evitar la discrecionalidad y asegurar la eficiencia en el uso de los fondos públicos”.
