El programa Precios Congelados ha generado un nuevo cortocircuito entre la gestión de Rodolfo Suárez y la Casa Rosada. En el Gobierno de Mendoza cuestionan la falta de precisiones de parte de la Nación respecto de cómo llevar a cabo la fiscalización. Asimismo, tanto la Provincia como los municipios admiten que es complejo el control y hay disparidad de criterios en cuanto lo que va a hacer cada una de las comunas.
La semana pasada, la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Roberto Feletti, dictó la Resolución 1050 que establece, hasta el 7 de enero de 2022, la fijación temporal de precios máximos de venta al consumidor final para todos los productores, comercializadores y distribuidores de 1.247 productos publicados online y otros 59 que no están identificados.
Al mismo tiempo, requiere a las empresas a “incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada” y a “arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión durante el período de vigencia de la presente medida”, buscando evitar de esta manera que haya escasez.
Esta disposición no ha sido bien recibida por parte del Gobierno provincial. En primer lugar desconfían acerca de su efectividad para controlar la inflación y, por otro lado, están molestos por la falta de comunicación desde la Nación de los detalles operativos para la implementación de la medida.
Durante la última semana, el mismo Suárez ya dejaba entrever un cortocircuito con el gobierno de Alberto Fernández por el programa Precios Congelados. “No hubo un acuerdo con los empresarios y he leído que van a comunicar a la Provincia y los intendentes la lista, pero nadie ha llamado”, manifestó durante un acto en el Centro de Empleados de Comercio.
El mandatario mendocino calificó la medida como “una política electoralista e improvisada” y sostuvo que “ojalá no haya escasez ni se disparen más (los precios) después de las elecciones”.
Desde el Ministerio de Economía señalaron a Los Andes que “no ha habido ningún contacto” durante el último fin de semana ni en los días previos. Resaltan que a nivel provincial llevarán adelante las tareas de fiscalización debido a que “hay que cumplir la ley, no se puede no controlar”, no obstante, advierten que “el control no va a ser efectivo”.
El último viernes el director de Fiscalización y Control de Mendoza, José Cortez, había puesto de manifiesto el malestar del gabinete provincial con las autoridades nacionales por este nuevo programa.
Expresó la preocupación por la “falta de respeto” de no enviar en tiempo y forma cuáles son las condiciones a tener en cuenta a la hora de fiscalizar y dijo que “es una cuestión de respeto por el federalismo”.
El funcionario advirtió que “es imposible controlar un universo de 10 mil comercios, con la estructura que tienen todos los organismos de control, porque es una medida extra que no tiene nada que ver con las tareas que ya tiene programadas Mendoza”.
Hizo hincapié en que “las estructuras no están preparadas para llevar a cabo un control masivo” y explicó que al modificarse por decreto la Ley de Abastecimiento se suspendió uno de los párrafos que eximía a las pequeñas y las medianas empresas de la aplicación de esta norma, por lo que la medida alcanza a todos los comercios de Mendoza.
Según señaló, la Dirección de Fiscalización y Control de Mendoza con su estructura actual solo podría visitar una vez los 300 grandes supermercados o mayoristas hasta la finalización del programa. “Vamos a poner la colaboración dentro de nuestras posibilidades para por lo menos intentar controlar cómo se va desarrollando”, concluyó Cortez.
Disparidad municipal
En los departamentos mendocinos también reconocen que el control será complejo por la gran cantidad de productos y de comercios alcanzados. Sin embargo, la predisposición y los criterios de los municipios es bastante dispar a la hora de encarar la tarea.
El intendente de San Rafael, Emir Félix, comentó a Los Andes que hoy tendrá una reunión con su gabinete y con el Director de Defensa del Consumidor de la comuna para estudiar cómo está preparada el área para intervenir y cómo llevarían adelante la fiscalización.
“Está en análisis ver cómo se establece un sistema operativo que sea eficiente. Vamos a evaluar la situación y hasta dónde es el alcance de la medida”, expresó el dirigente peronista.
Afirmó que el control “es complicado, pero realizable”.” Es posible que en algunos casos la critiquen porque no tienen capacidad de gestión para generar un control, pero nosotros cuando nos ponemos objetivos los logramos”, agregó.
En cuanto a la medida en sí, Félix resaltó que “se sabe que son herramientas que se buscan para estabilizar situaciones, no como una política de fondo permanente”.
Desde Maipú, comuna gobernada por el peronista Matías Stevanato, expresaron que encararán la tarea “por la positiva”. “Estamos buscando algún método para difundir a aquellos comercios con los precios fijados en ese convenio. Estamos viendo cómo se instrumenta”, indicaron.
Resaltaron que en los próximos días definirán el mecanismo de difusión. A su vez, admitieron que “no se puede controlar todo”, pero que el municipio ya realiza una fiscalización sobre los comercios en general y que se está analizando cómo programar las nuevas acciones.
Por otra parte, el intendente radical de Guaymallén, Marcelino Iglesias, advirtió que la comuna no saldrá a controlar precios porque no es una de sus facultades. “El municipio no tiene función de control de precios, nadie se comunicó con nosotros”, expresó a este diario.
“En el fondo, no creo absolutamente en el control de precios, sobre todo cuando no hay un acuerdo previo con los formadores de precio. Eso es atacar los efectos antes que atacar las causas. Esto tiene un tufillo electoralista que subestima la inteligencia de la gente. Veo una desorientación del Gobierno nacional. Repiten recetas viejas que todo el mundo sabe que no van a funcionar y que solo sirven para la foto”, disparó.
Asimismo, los jefes comunales oficialistas de Capital, Ulpiano Suárez, y Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, también cuestionaron días atrás la medida y sostuvieron que no están de acuerdo con ella, pero no explicitaron que no saldrán a controlar los precios, como hizo su par guaymallino.
