Se tiene previsto que, posiblemente, el martes que viene durante el mediodía el Gobierno anunciará la tan postergada implementación de la segmentación energética. Ni más ni menos que la quita de subsidios al consumo de luz y gas en aquellas familias con ingresos medios y altos.
La comunicación de dicha medida se había visto atrasada debido al ingreso de Sergio Massa al gabinete como ministro de Economía, la posterior elección de su equipo técnico y el dato de inflación del 7,4% de julio anunciado el jueves; aunque estos no serían los únicos motivos.
“Estamos trabajando contra-reloj, la expectativa era hacerlo este jueves, pero no es un tema sencillo, la base de datos es importante y la premisa es que esta es una actualización de tarifas para quien realmente la pueda afrontar”, explicó la secretaria de Energia, Flavia Royón en declaraciones a Radio Mitre.
Hasta el momento, lo que se sabe es que se subsidiaría hasta 400 kilowatts y que todo consumo que supere esa base deberá pagar tarifa plena, pero que ese precio regirá solo para el incremental, es decir para los consumos que superen la base de 400 kw. También, que se seguiría con la misma lógica en materia de gas. Todo esto para aquellos que certificaran ingresos menores a $364.000 mensuales.
Sin embargo, y entre otros de los motivos que postergaron los anuncios, se analizó que se podría llega a aplicar también un tope diferenciado por zonas. La amplia geografía de la Argentina muestra a las claras que hay lugares donde el consumo tanto de la luz como del gas es absolutamente diferente. Incluso, hay sectores donde ni siquiera hay red de gas natural. “Queremos que el sistema sea más justo”, explicó la Royón.
A su vez, el agua también sufrirá el retiro de los subsidios desde el mes de septiembre. La empresa AYSA, dirigida por Malena Galmarini, ya aplicó un incremento en las tarifas del 20% meses atrás y se prevé otra suba del 10% en octubre. Números alejados de la proyección del 90% de inflación para finales del 2022 por lo que los incrementos podrían ser mayores.
En lo que no hay dudas en sobre el segmento de la población que abonan la tarifa social. No sufrirán una actualización de los precios en lo que resta de este año en electricidad, gas y agua potable. Este universo abarca a alrededor de 4 millones de hogares que forman parte de los segmentos de ingresos bajos.
En el sector de ingresos medios y altos se ubican otras 4 millones de familias que por opción u imposibilidad no se registraron para seguir teniendo subsidios. A este segmento se le sumarán más de un millón y medio de hogares que consumen más de 400 kw y, por ende, tendrán un subsidio energético parcial.
A estos cinco millones y medio de viviendas “sufrirán aumentos en tres tramos. “El primero será el más fuerte”, explicó la Secretaria de Energía y se reflejará en el consumo del mes de septiembre. El segundo se observará a través de lo consumido en noviembre; y el tercero a partir de enero de 2023. Superada esa instancia, aquellos que dejarán de percibir el subsidio verán incrementado el valor de la tarifa alrededor de un 90% en relación a lo que pagan hoy.
Desde el equipo económico que lidera el ministro Sergio Massa se estimó que con estos cambios el Estado se ahorrará $500.000 millones al año, una cifra que necesita para proyectar el cumplimiento del gasto público en 2,5 puntos del PBI para 2022.
También servirá como un mensaje hacia el FMI en el objetivo de cumplir con lo pactado por el ex ministro, Martín Guzmán. La interna entre el ex funcionario ‘albertista’ con los dirigentes del kirchnerismo en Energía como Federico Basualdo, le pusieron un freno a la implementación meses atrás.