El Gobierno provincial presentó un proyecto para modernizar el Tribunal de Cuentas, y abrió nuevamente la tensión entre el oficialismo y la oposición. Desde el frente de Todos se mostraron reacios al tipo de reformas impulsadas y acusaron a la gestión de Rodolfo Suárez, pero sobre todo al radicalismo de “querer tener la suma del poder público”; mientras que desde el oficialismo marcaron que intentará aggiornar una ley y carta orgánica que “se ha quedado en el tiempo”.
Este martes a las 12 habrá un primer cruce de opiniones ya que habrá una reunión virtual entre las comisiones de Hacienda y Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) sobre el proyecto, que buscará la modificación de la carta orgánica del Tribunal de Cuentas.
Desde el oficialismo hace varios años que se habla de aggiornar el Tribunal, que hoy preside el radical Néstor Parés.
Desde el oficialismo aseguran que se busca “ordenar y actualizar una ley desfasada en el tiempo”, con la incorporación de la oralidad y así la agilización de los procesos, para que los fallos “no lleguen siempre tarde” en una carta orgánica que data de 1932.
Entre los considerandos del proyecto, marcan que se incorpora, para dar lugar a la oralidad, por un lado, el “principio de verdad material objetiva”, que habilita a los miembros del Tribunal, en cualquier estado del proceso, a citar al cuentadante a fin de que brinde las explicaciones necesarias relativas a las observaciones que pudieran surgir del análisis de su actividad y/o su relación con el Estado.
En tanto, otro supuesto se basa en el “derecho a ser oído”, mediante el cual sostienen que el responsable al momento de contestar los reparos “puede solicitar hacerlo de manera informada, esto es, sin suplir su obligación de rendir cuenta documentada, puede solicitar una audiencia para brindar las explicaciones que estime pertinentes y que, en definitiva, pueden redundar en un fallo más justo”.
Además, expresa que se prevén “vías recursivas propias, incorporando la posibilidad de someter a revisión interna el Fallo en virtud de circunstancias excepcionales y taxativas que la ley enuncia” a través del “Recurso de Revisión”.
Críticas
Sin embargo, desde el PJ, al margen de la búsqueda de la agilización del organismo que tiene el trabajo de controlar las cuentas públicas del Estado, sostienen que el Ejecutivo “quiere dotar de poder al presidente del Tribunal de Cuentas y así ejercer presión sobre los vocales” que lo integran.
Uno de los artículos polémicos según el frente de Todos es el 11, que establece las atribuciones y deberes del Presidente del Tribunal, entre las que aparecen la designación y remoción del personal, así como también de funcionarios fuera de nivel y disponer de los fondos asignados al Tribunal, entre otros. Lo mismo con el artículo 12, el cual también podrá designar al secretario Relator.
“En una primera visión vemos que es una ley hecha a medida del presidente del Tribunal. Pasa de ser un órgano colegiado a un organismo unipersonal, salvo para dictar los fallos”, sostuvo a Los Andes la diputada sanrafaelina del frente de Todos, Liliana Paponet.
Desde el radicalismo salieron a responder a las declaraciones del peronismo. El diputado radical, Jorge López, destacó que a diferencia de lo que plantea el PJ, es “completamente al revés” lo que busca el proyecto y que el objetivo principal es “fortalecer la independencia del organismo”.
“Queremos que todo sea un proceso independiente. Actualmente es el propio Tribunal de Cuentas el juez y parte, porque cuando se realizan las auditorías, el Presidente se aparta, pero los vocales, que participan en todo el control de designaciones y utilizaciones de fondos, son los que se arbitran”, comentó, y destacó que el proyecto de reforma “se viene trabajando desde por lo menos 3 o 4 años atrás, cuando Parés todavía no era Presidente”..
De esta manera, una de las modificaciones reside en que en vez del Tribunal (presidente y vocales), será el Presidente tomará estas decisiones y tendrá estas atribuciones, pero serán los vocales los que lo auditarán.
“Hoy es el Tribunal el que toma las decisiones, y son los vocales, que integran ese tribunal, los que controlan. No es transparente”, destacó López.
En tanto, también aclaró que “los fallos seguirán siendo iguales. El Tribunal seguirá controlando y auditando en base a la votación del presidente y los vocales”. Y respecto a las designaciones de personal, “se realizarán a través de concursos, como marca la ley”.
También opinó el diputado de Protectora, Mario Vadillo, quien criticó la creación del “recurso de reconsideración”, en el cual sostuvo que las “dilaciones” que podrían implicar más instancias implicarán retrasos y problemas
“El recurso de revisión es superfluo, dado que al ser la misma autoridad que dictó el acto impugnado, normalmente habrá de ratificar su postura. Por lo que vemos en esto una herramienta dilatoria y permite el desbaratamiento de la condena por parte de los funcionarios condenados”, consideró.
