Si algo le faltaba a la reforma de los tribunales de Comodoro Py que impulsa el Gobierno nacional para que sus chances de ser ley se hundan aún más, era agregarle a la redacción, entre gallos y medianoche, y sin avisar a la oposición, un artículo vinculado con un blanco del kirchnerismo duro: los medios de comunicación.
En otras palabras, la terminaron de embarrar: aunque el proyecto obtendrá con seguridad la media sanción del Senado en una sesión a realizarse la semana próxima, en Diputados el oficialismo no tiene los números, a raíz de rechazos anticipados de los opositores a los que suele echar mano para construir mayoría; ahora, tras este agregado, le llovieron aún más críticas.
En la noche del jueves, el oficialismo agregó al proyecto una palabra en el artículo 72, por iniciativa del neuquino Oscar Parrilli, mano derecha de Cristina Kirchner.
El artículo establece que los magistrados federales deberán cumplir “reglas de actuación”, entre las cuales figura, en el inciso “e”, la obligación de “comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.
En el proyecto original que envió al Senado el Poder Ejecutivo, la palabra “mediáticos” no figuraba.
Críticas
La oposición, que ya venía firme rechazando la reforma judicial, recrudeció así su postura. La senadora cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) dijo que el término introducido en el dictamen del Frente de Todos, el de mayoría, supone “una mordaza y amenaza al periodismo de investigación”.
En el mismo sentido, la radical tucumana Silvia Elías de Pérez afirmó que “en su afán por victimizarse, el kirchnerismo busca completar el relato de que ha sido un perseguido por los medios de comunicación, por el ex presidente [Mauricio Macri] y por determinados jueces, aludiendo a los ‘poderes mediáticos’ como una hipotética fuente de presión a los jueces”.
“Es el moño que les faltaba para poner el sello de impunidad, porque les ayuda a avalar el relato de que han sido impolutos y que son unas víctimas de este sistema. Si un juez osara avanzar en una investigación contra ellos, ¡ojo con que algún periodista lo haga público!”, advirtió la senadora.
La presidenta del Pro, Patricia Bullrich, afirmó a su vez que “todo el proyecto de reforma judicial del kirchnerismo es espurio, pero quizás lo más llamativo es la posición en la que dejan al periodismo: licuar la libertad de expresión para sentar a los periodistas en el banquillo de los acusados”. “Jueces denunciando periodistas. Clarito, ¿no?”, dijo la ex ministra de Seguridad de Cambiemos.
El diputado Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica-ARI, el partido de Elisa Carrió, sostuvo que “la reforma judicial no soluciona los problemas del servicio de justicia que padecen miles de ciudadanos comunes” y que “sólo persigue un único objetivo: impunidad”. “Pero no les alcanza. Ahora legalizan la censura previa y pretenden afectar y limitar la libertad de expresión”, aseveró.
El senador Esteban Bullrich (Buenos Aires-PRO) señaló que la “enmienda Parrilli” representa “un ataque directo a la libertad de prensa”.
El Presidente no fue consultado del cambio
Ni Alberto Fernández ni la ministra de Justicia, Marcela Losardo, tuvieron espacio para discutir con los senadores del Frente de Todos la inclusión de la controvertida cláusula contra los medios en la reforma judicial. Ni ésa, ni otras modificaciones que los legisladores kirchneristas hicieron al proyecto del Presidente, fueron consultadas al Poder Ejecutivo, sino apenas notificadas, según publicó ayer el diario La Nación.
“Los cambios corrieron por cuenta de los senadores”, se limitó a decir un importante funcionario a ese medio. Muchos integrantes del gabinete y colaboradores estrechos de Fernández, de hecho, se enteraron de la cláusula una vez que el hecho estuvo consumado y el cambio estuvo plasmado en el dictamen, según pudo reconstruir La Nación.
