Con la firma de dictámenes concretada este miércoles, proyecto de reordenamiento de la Justicia Federal ya quedó listo en el Senado para ser discutido la semana próxima en una sesión en la que, con seguridad, obtendrá la media sanción. Pero en Diputados el oficialismo no tiene los votos, de modo que la ley, que inauguró el paquete de reforma judicial propuesto por Alberto Fernández, podría quedar en la nada.
En la Cámara Alta, el Frente de Todos (FdT) tiene una mayoría de 40 sobre 72 senadores.
Pero esa mayoría se extiende a 42 contando a la misionera Magdalena Solari y al rionegrino Alberto Weretilneck, que son aliados. Es decir que en la Cámara Alta al oficialismo le sobran votos. En la Cámara Baja es al revés: le faltan.
En el Senado el oficialismo introdujo cambios a la iniciativa enviada por Alberto Fernández, relacionados con el régimen penal juvenil, los sorteos de las causas, los concursos y las secretarías con competencia en casos de derechos humanos.
Pero estas modificaciones no satisfacen al principal espacio de la oposición, Juntos por el Cambio (JPC), que tiene 25 de los 72 senadores que no solamente rechazan de cuajo la propuesta, a la que consideran un plan de salvación e impunidad a favor de Cristina Kirchner, sino que directamente le pidieron por carta al Presidente de la Nación que lo retire.
También se oponen a la iniciativa los cuatro senadores del interbloque Parlamentario Federal, que preside el salteño Juan Carlos Romero e integran la neuquina Lucila Crexell, el santafesino Carlos Reutemann y la riojana Clara Vega, que vienen votando en sintonía con JPC. Pero estos 29 posibles votos en contra no podrán impedir, en esa cámara, el avance del proyecto de ley, que se encamina a una aprobación segura.
Rechazos anticipados
En Diputados el bloque FDT, que conduce Máximo Kirchner, tiene 119 integrantes, pero los votos posibles en verdad son 117, porque José Ignacio de Mendiguren está de licencia desde que asumió como presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y Sergio Massa no vota, a menos que se trate de un desempate, como presidente de la Cámara.
Entonces, si todos los estuvieran presentes, para aprobar la ley se necesitan 129 votos afirmativos sobre 256 posibles (Massa sí cuenta como presente). De modo que al oficialismo le faltarán 11 votos.
Es posible que Unidad Federal para el Desarrollo (UFD), el interbloque de ocho diputados de cinco provincias que preside el mendocino José Luis Ramón, apoye la iniciativa, porque viene acompañando al oficialismo casi sin fisuras. También ayudaría la neuquina Alma Sapag, aliada del oficialismo.
En tal caso, el FDT necesitaría tres apoyos más, pero hoy no los tiene.
Lavagnistas y cordobeses en contra del proyecto
El bloque lavagnista, Consenso Federal, que preside Alejandro “Topo” Rodríguez e integran Graciela Camaño y Jorge Sarghini, anticipó su rechazo a la propuesta; y también hizo lo propio el bloque Córdoba Federal, de los cuatro peronistas que responden al gobernador Juan Schiaretti: Carlos Gutiérrez, su presidente, Alejandra Vigo, Paulo Cassinerio y Claudia Márquez.
La novedad es que tampoco apoyarían la reforma el bonaerense Eduardo “Bali” Bucca y el salteño Andrés Zottos, que conforman el Bloque Justicialista, del peronismo no kirchnerista, que también apoyo la candidatura presidencial de Roberto Lavagna; ni los santafesinos Enrique Estévez (Partido Socialista) y Luis Contigiani (Frente Progresista).
Todos ellos conforman el interbloque Federal, de 11 diputados, que preside Bucca y que, aunque a veces apoyan al oficialismo por primera vez, habrían cerrado filas en contra de esta ley judicial.
También rechazan la reforma los trotskistas Nicolás del Caño y Romina Del Plá: “No apoyamos la reforma judicial ni la votaremos. Impulsamos la elegibilidad por voto popular de los jueces. Estamos contra la impunidad de las dos orillas de la grieta”, dijeron a este medio en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).
De esta manera, el oficialismo en Diputados conseguiría sólo 126 apoyos y pedería contra los 129 votos negativos de JPC, Federal y la izquierda. Eventuales ausencias podrían jugar un rol clave, pero sería extraño que el oficialismo convocase a una sesión para perder una votación, sin tener el número firme, y más tratándose de un proyecto del Presidente de la Nación.
“Es otro Vicentin”
No es usual que legisladores de una cámara del Congreso adelanten su postura sobre una iniciativa conflictiva o de grueso calibre político que esté debatiéndose en la otra. En general, argumentan que deben tener la media sanción en mano para poder opinar. Pero ahora eso no pasó.
En el rechazo anticipado el martes del lavagnismo y del schiarettismo, que contagió al resto de sus compañeros del interbloque Federal, incidió de manera directa la marcha del lunes en contra del Gobierno nacional y, en particular, de la reforma judicial, por considerarla en directo beneficio de la vicepresidenta de la Nación, investigada en diversas causa de corrupción.
“Esto es Vicentin. Acá no pasa”, dijo a este medio un integrante de ese espacio, que además crítica la redacción de la propuesta gubernamental.
La ley de reforma de la Justicia Federal parece por estas horas insalvable.
