Las tomas de tierras que comenzaron a replicarse en las últimas semanas en todo el país dejan al descubierto el drama habitacional que hace años arrastra la Argentina y que promete agravarse por la dilación de respuestas por parte del Estado y el duro golpe de la crisis que instaló la pandemia del coronavirus.
Las usurpaciones generan tensiones sociales, políticas y niveles de violencia que preocupan, como los que mantienen en vilo a los habitantes de Villa Mascardi y de otras comunidades del sur del país por la avanzada de la comunidad Mapuche.
En 2016, la administración del entonces presidente Mauricio Macri puso en marcha un relevamiento nacional para darle forma al mapa del conflicto. La conclusión fue que, hasta ese momento, había alrededor de 4.400 barrios populares en todo el territorio y más de 5,5 millones de personas sin capacidad de acceder a un terreno y mucho menos a una vivienda.
Esos fueron los datos con los que el denominado Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) se convirtió en el punto de partida para la aprobación en 2018 de la Ley 27.453 de Integración Socio Urbana de Barrios Populares para mejorar la infraestructura. Sin fondos, la iniciativa quedó en el olvido.
Poco después de asumir, el gobierno del presidente Alberto Fernández intentó reactivar el proyecto con los nuevos recursos que se habilitaron mediante el Impuesto Para una Argentina Solidaria e Inclusiva (PAÍS), por el que se paga un recargo del 30% para acceder al dólar oficial. Todo se volvió a frustrar, esta vez, por la instalación de la crisis del coronavirus.
Y transitados más de cinco meses de cuarentena, en los que la recesión económica se agravó aún más y el Estado recurrió a medidas de emergencia para asistir a los sectores más vulnerables, las tomas volvieron a sucederse en todo el país y a dejar en evidencia el drama social.
“La crisis habitacional en la Argentina es de larga data. Obviamente que la situación, después de cuatro años de macrismo, más una pandemia, agudiza todo conflicto social y lleva al extremo todo déficit que haya a la Argentina. Empuja a la gente que tiene un derecho no garantizado”, evaluó ante la consulta de este medio Federico Fagioli, el diputado nacional por el Frente de Todos.
Fagioli no improvisa y su posición frente a la creciente problemática encuentra argumentos en su experiencia personal: en 2014, él y su pareja participaron en la toma de un predio en en el partido bonaerense de Almirante Brown, al sur del Conurbano, donde actualmente viven con su pequeño hijo.
“Las tomas de tierra son el resultado de un problema habitacional que viene desde hace muchísimos años en la Argentina y que empuja a esas familias que tienen necesidades, que viven precariamente, que viven hacinados, que no pueden seguir pagando el alquiler que pagaban, a tener que llevar adelante ese proceso, que la verdad que es engorroso, triste, angustiante. No es nada lindo vivir en un terreno baldío entre nylon y sin servicios. Claramente hay un problema habitacional”, explicó.
El diputado forma parte de la coalición oficialista en representación del Frente Patria Grande, liderado por Juan Grabois, quien en los últimos días no disimuló su malestar por la posición que adoptó el gobierno nacional frente a las tomas y, fundamentalmente, por las advertencias que realizó el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien se limitó a asociarlas con un acto ilegal y apuntó contra las organizaciones sociales.
Sobre esto último, el diputado nacional advirtió que las agrupaciones tienen un “rol contenedor” frente a esos conflictos. “Las organizaciones sociales bajo ningún punto de vista promovemos las tomas de tierras, porque sabemos lo triste que es salir a tomar tierras”.
“Lo que venimos planteando es la construcción de políticas para resolver este problema, cuando abrimos un merendero lo hacemos con lágrimas porque eso significa más pobreza y exclusión. Queremos que no exista más pobreza y que no existan más los merenderos. Es un error plantear que las organizaciones sociales están detrás de las tomas”, completó.
Evitar la criminalización, un primer paso para definir una salida
Fagioli también rechazó los planteos de Berni. Dijo que la posición punitivista frustra cualquier gestión para resolver el problemas de las usurpaciones e incluso “genera más exclusión y desigualdad”.
“Nosotros venimos proponiendo respuestas concretas porque creemos que la respuesta punitivista y la búsqueda de chivos expiatorios no sirven para abordar el problema en todo el país. Demuestran que no se entiende el conflicto y no abordan el problema desde su raíz. Y son parte del problema porque siguen generando cada vez más exclusión y desigualdad”, remarcó.
Fagioli reconoce que con sus pares de Juntos por el Cambio existen miradas similares respecto a qué se debería realizar desde el Estado para darle una respuesta inmediata a las familias que recurren a las tomas y garantizar hacia adelante el derecho de acceso a una vivienda.
“Lo que hay que lograr es que el punto de encuentro no sea la criminalización ni el punitivismo porque eso no resuelve nada. Vos tenés una toma de tierra, reprimís y a algunos los metés presos. ¿Y qué hacen después esas familias, a dónde van? En unos meses van a volver a tomar las tierras”, argumentó.
Loteos populares y fuentes de trabajo para pagarlos
Aún sin partida presupuestaria asignada, aquella ley de 2018 sigue representando solamente una expresión de deseo. En lo inmediato, el Frente de Todos apuesta a acceder a nuevos recursos con la creación, por única vez, del impuesto a las grandes fortunas que se aplicaría sobre los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos.
La expectativa es recaudar 300.000 millones de pesos, de los cuales un 15% se destinaría para los programas de políticas habitacionales. “También tenemos que resolver la necesidad de los lotes con servicios. No se censaron barrios desde el 2016 hasta esta parte. El déficit habitacional va más allá de los barrios populares, que son la expresión de la marginalidad, del hacinamiento y de la falta de políticas. Eso también empuja a la gente a tomar tierras”, planteó el legislador nacional.
Fagioli remarcó que la respuesta del Estado debe contemplar programas de urbanización porque, aclaró, el problema para acceder a terrenos a precios accesibles no es solamente de “los pobres, sino también de la clase media trabajadora”.
“Y están los terrenos fiscales. El Estado tendría que organizar claramente. Ya están identificados, hay que tomar la decisión políticas de ponerlos a disposición, llevarles los servicios y determinar con qué cuotas la gente le va a devolver esa inversión al Estado”, aseguró y calculó que creando 1 millón de terrenos populares se resuelve la crisis de las tomas.
Pero además, Fagioli se pronunció contra muchos de los prejuicios que surgen frente a las usurpaciones y subrayó que “todas las familias que alguna vez hicieron una toma de tierra o que viven en un barrio popular desean esas propuesta porque quieren pagar por sus tierras y por sus servicios”.
