La situación económica compleja que atraviesa la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) volvió a recaer en la Legislatura. Esta mañana, el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), con el acompañamiento de otros gremios, presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados, en la que exige no solamente un mayor aporte por parte del Estado local para fondear el organismo, sino también auditorías con el cual se pueda saber “cuál es la situación actual” en términos económicos y también para controlar la administración que realiza el Poder Ejecutivo.
Desde Casa de Gobierno expresaron que están trabajando en el saneamiento de la obra social, pero no hubo respuesta en base al proyecto o la posibilidad o no de aumentar los aportes patronales.
No obstante, la posición oficial llegó desde la Legislatura, en la cual desde el Frente Cambia Mendoza comentaron que el proyecto “está lleno de falencias” y pretende “hacer gastar más al Estado con una auditoría privada sólo hasta el 2021″, entre otras críticas. Por ende adelantaron que no motorizará la discusión de la iniciativa. Por su parte, desde el organismo de la OSEP también señalaron objeciones al proyecto de ley.
Mientras tanto, la oposición, el Frente de Todos estudiará la iniciativa, pero es un hecho que intentará de igual manera forzar el debate en comisiones. Para eso primero deberá tener estado parlamentario, para luego comenzar con su análisis.
Según indicó la diputada peronista Natalia Vicencio a Los Andes, todavía lo tienen que estudiar, y luego marcó que lo acompañarán o mejorarán. No obstante, comentó que la situación de la OSEP es “muy crítica” en cuanto a las prestaciones, el acceso y los montos de los coseguros.
En tanto, desde el Partido Verde, Emanuel Fugazotto, expresó que aprovecharán el debate para reinstalar el proyecto presentado por Mario Vadillo, el cual elimina la obligatoriedad de afiliación para empleados públicos, jubilados y pensionados a OSEP; y deja la oportunidad a todos los ciudadanos alcanzados “de elegir su obra social”.
OSEP en crisis
Ayer por la mañana, principales dirigentes del SUTE, acompañados por otros gremios tales como el de Juegos y Casinos, profesionales de la Salud (Ampros) y Judiciales, realizaron un acto frente a la Legislatura y entregaron una copia a cada uno de los jefes de bloque de Diputados, que se encontraban sesionando.
Los ejes principales que plantea la iniciativa son: convocar a una auditoría para determinar en detalle cuál es el monto de la deuda de OSEP, asignar un presupuesto específico para sanear esa deuda y crear “un ente de control conformado tanto por trabajadores como por el Poder Ejecutivo y Legislativo”.
Carina Sedano, secretaria general del gremio, expresó que el objetivo es “reconocer la deuda por parte del Poder Ejecutivo con dos auditorías anuales”, la cual una sería de un organismo privado; y otra del Tribunal de Cuentas.
También se establece en su artículo 5 un aumento del aporte patronal del Estado tanto provincial como municipal, pasando del 6 al 8% por cada afiliado activo, para aumentar los recursos de la OSEP.
En tanto, respecto al ente de control, sería una comisión bicameral, conformada por senadores y diputados (por la mayoría y minoría parlamentaria), y representantes de empleados y obreros de la Administración Pública provincial.
Para Sedano, el diagnóstico de la OSEP es “peor de lo que pensábamos. Está en crisis porque mientras recorremos la provincia podemos notar que los trabajadores del Estado no tenemos cobertura y no hay lugares para hacer atender a nuestros familiares”.
En tanto, Gustavo Correa, secretario gremial del SUTE, expresó que el proyecto se presentó para que los legisladores “empiecen a resolver lo que hay que resolver y no imaginarse un aumento de la cuota de los trabajadores. Queremos que el saneamiento sea de forma estructural y sin parches”.
Según el gremialista, a 2021 el déficit “supera los $6.600 millones” y mes a mes la situación “se ha ido complejizando”, aunque apuntó los cañones a la gestión que lleva adelante el titular de OSEP, Carlos Funes.
“Hay una pésima administración de la OSEP desde hace tiempo, por eso necesitamos hacer el seguimiento necesario”, marcó, y comunicó que si no tiene avance legislativo el proyecto, no se descartan “medidas judiciales o una denuncia en la superintendencia de Salud a nivel nacional, porque lo que hay es una adminsitración fraudulenta”, finalizó.
Defensa oficial a la OSEP
Del lado del oficialismo no hubo más que críticas al proyecto presentado por los gremios, y adelantaron que no acompañarán su tratamiento.
El jefe del interbloque del frente Cambia Mendoza, Diego Costarelli, fue muy duro con la iniciativa de los gremios y destacó que “es inviable” para el oficialismo, y expresó que no acompañarán el texto si se trata en comisiones.
“Presentan una auditoría con fecha hasta diciembre del 2021 con un organismo privado para la OSEP y hacen los mismo con el Tribunal de Cuentas. ¿Y después qué hacemos? ¿otra ley para auditar el 2022?”, se preguntó Costarelli.
Además, comentó que se está trabajando para sanear la OSEP, “y la solución es gastar más plata en una auditoría externa. No compartimos esa idea, porque además el Tribunal de Cuentas realiza su trabajo todos los años y tiene previstas sanciones y cargos para cuando se registran irregularidades”, comentó.
Para el legislador radical, el proyecto “no tiene ni pies ni cabeza” y el hecho de aumentar contribuciones del Estado en OSEP “no cambiará la ecuación porque la caja es una sola y ya se ha estado fondeando desde el Gobierno al organismo para seguir prestando servicios”.
“Los problemas de OSEP se relacionan con los costos en la industria farmacéutica y la fuerte inflación q afecta a los mismos, llevándose el 38 % de los recursos de la obra social; no se trata de una mala administración”, aseguró.
La OSEP en números rojos
En tanto, también se criticó al proyecto sindical desde la propia OSEP. Funes fue en la misma línea que el radicalismo en la Cámara Baja y declaró a Los Andes que “no hay razón para que un proyecto de este calibre pueda ser viable”.
Para el titular de la Obra Social, el Tribunal de Cuentas ya tiene todos los años análisis y auditorías sobre los números de la OSEP, que pueden recaer con observaciones y hasta sanciones a los funcionarios.
“Hay algunos artículos del proyecto que dejan mucho que desear. Da la sensación que hay un desconocimiento de cómo funcionan las estructuras del Estado”, consideró, y agregó que “no cuadra que se pida una optimización de gastos al Estado y se quiera gastar dinero en contratar una empresa privada para auditar” al organismo.
Como diagnóstico de la situación, Funes no dio números finos de la deuda que tiene el organismo, al indicar que están esperando algunos resultados de estudios, pero dijo que por lo menos son unos $3.500 millones, un número similar al que informó Los Andes en septiembre del 2021.
Sí expresó que el presupuesto 2022 tiene previstos para la OSEP $22.380 millones, de los cuales se vieron incrementados en un 12% por el aumento salarial a los trabajadores estatales.
En este sentido, dio un sólo ejemplo con el que “se puede dar cuenta del desfasaje de los números que maneja la Obra Social y la inflación que azota al país”. En este sentido, expresó que sólo 3.594 afiliados, que representan menos del 1% del universo de afiliados a OSEP (que son poco menos de 400.000) “tiene un proyectado de gastos para este año de $ 6.700 millones, lo que representa casi un 30% del Presupuesto anual de la Obra Social”.
Estos afiliados, según el médico, son personas que tienen “planes especiales de medicamentos, en su mayoría oncológicos”. Sobre esta situación, comentó que tanto la OSEP como el Gobierno están buscando soluciones para seguir prestando el servicio, y recordó las palabras del gobernador Rodolfo Suárez, quien expresó que “no se aumentarán las contribuciones de los afiliados”.
Sobre el aporte extra del Estado que propone el SUTE, Funes no lo descartó como posible idea, pero marcó que “algo de eso se ha hecho con los aportes extra que ha dado el Gobierno a la OSEP”.
También destacó que desde diciembre del 2019 hasta ahora, el organismo tiene 85 trabajadores menos (pasó de 3.684 a 3.599, entre empleados de planta, locación de servicio y residentes), y lo mostró como un acto de austeridad.
“Estamos trabajando en conjunto con el ministerio de Hacienda para ver cómo puede dar la ecuación para prestar un mejor servicio. Pero mientras tanto, es necesario que el Gobierno Nacional tome algún tipo de medidas con el constante aumento del precio de los medicamentos, que son los que han generado problemas en la Obra Social”.
