La Legislatura provincial sigue en debate de la reforma interna de la Suprema Corte de Justicia, mientras el seno del máximo tribunal negocia modificaciones a un proyecto cuyo nacimiento fue dentro del Poder Judicial, pero fruto de desacuerdos terminó con una iniciativa que presentó el propio gobernador, Rodolfo Suárez. Durante la mañana y tarde de este lunes hubo una nueva apertura al diálogo y los ministros avanzaron en algunos puntos en común, por lo que se podría pedir más tiempo para entregar un texto que pueda ser fruto del consenso.
Las fuertes críticas por parte de algunos magistrados y juristas al proyecto del Poder Ejecutivo, más un freno puesto por parte de los aliados del frente Cambia Mendoza, obligaron al radicalismo a posponer su tratamiento y remitir -la semana pasada- el articulado directamente a la Suprema Corte de Justicia. Ya con el texto en Tribunales, se realizaron diversas reuniones en plenario entre jueves, viernes y también este lunes. A las mismas asistieron Dalmiro Garay, Teresa Day, Pedro Llorente, Omar Palermo, Mario Adaro y José Valerio (no lo hizo Julio Gómez ya que se encuentra de licencia).
Durante la jornada de hoy por la mañana, hubo un diálogo más fructífero entre los supremos, según comentaron a Los Andes fuentes de Tribunales, y marcaron que los contactos seguirían por la tarde de este lunes. Según algunos de los jueces que participaron de la reunión, se está trabajando en algunas aclaraciones del texto tales como cuáles son los momentos en los que se debe llamar a pleno o plenario, así como también cómo implementar los sorteos.
“Estamos trabajando el proyecto. Tenemos el compromiso para aportar ideas que haya consenso para llegar a una misma visión de una Corte ágil y transparente, que es lo que queremos todos”, señalaron a Los Andes.
Por otro lado, aseguraron que “el mejor modo de resolver este conflicto es que estemos todos a la altura. Si no se da, todo el resto que pueda salir es un nuevo fracaso”.
A la espera
Sin dudas la negociación entre el selecto grupo de ministros de la Suprema Corte está siendo visto con atención por parte de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, a sabiendas que una ley que pueda surgir fruto del consenso interno del tribunal tendría un mayor peso, así como también cosecharía adhesiones de sectores en la Casa de las Leyes que hoy no se han tenido, como los sectores del Pro, Unión Popular y, por supuesto, el PD y el Frente de Todos. Este último señaló que avalará el proyecto, sí y solo sí proviene con consenso del máximo tribunal.
Desde el radicalismo aseguraron a Los Andes que la fecha límite no es este martes (momento en el que se reunirá la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales para debatir el despacho), y que aguardarán a ver qué terminará presentando la Corte, si es que finalmente termina en algún tipo de acuerdo. “No tenemos muchas esperanzas de que haya un proyecto de consenso y superador, pero esperamos que se llegue a un entendimiento”, marcaron desde la Cámara Baja.
De hecho, fue Andrés Lombardi, presidente de la Cámara de Diputados; y Jorge Difonso, el presidente de LAC, quienes remitieron el martes pasado el texto al Poder Judicial, luego de la exposición de los ministros de la Suprema Corte, como Adaro, Palermo, Valerio y Garay; y algunos ex jueces del máximo tribunal, tales como Aída Kemelmajer de Carlucci y Alejandro Pérez Hualde, entre otros.
Es necesario recordar que en la comisión de LAC de Diputados, el radicalismo necesita 7 de los 13 votos para aprobar el despacho. La semana pasada, antes de la decisión tomada por Lombardi y Difonso, el radicalismo no consiguió esos números (le faltó una sola firma) para habilitar el debate en el recinto. Con un Frente de Todos que ya había adelantado su voto en contra, luego apareció la prórroga propuesta por los aliados de Cambia Mendoza.
En negociaciones
Los Andes dialogó con el diputado del Pro, Gustavo Cairo (jefe de bloque e integrante de la comisión de LAC), quien señaló nuevamente que está de acuerdo con el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, aunque considera que el mismo es “perfectible” y que además es necesario profundizar con otras reformas para evitar el “colapso” de la Suprema Corte, sobre todo en la gran cantidad de causas que llegan de los fueros Laboral y Penal.
De esta manera, Cairo insistió en el proyecto presentado hace más de dos años por la propia Suprema Corte, para establecer el “Doble Conforme” en el fuero Penal, y agregó que si no hay intenciones en el Senado de tratarlo (que es donde reside el proyecto), presentará el mismo en Diputados.
En tanto, si bien durante esta tarde hubo una cumbre en el Pro entre los legisladores provinciales y nacionales respecto a este proyecto, entre otros temas; hoy el legislador presentó además otro proyecto, junto a Enrique Thomas, Laura Balsells Miró y Gabriel Vilche, para establecer la creación de una segunda instancia en el fuero Laboral.
Sobre esta iniciativa, Cairo y el resto de legisladores del Pro proponen que las cámaras que hoy funcionan pasen a ser “juzgados laborales unipersonales de primera instancia”, y que sí haya cámaras laborales en la instancia de apelaciones.
Como fundamento, expresó que en Mendoza “entre 2018 y Junio de 2022 de 7.174 causas que llegaron a la Suprema Corte, 3.941 -más de la mitad de las mismas- fueron causas laborales, lo que sin dudas constituye una anomalía institucional”.
“Creemos que es necesario reformar la estructura de la justicia laboral mendocina, reduciendo la cantidad de jueces y al mismo tiempo mejorando la eficiencia de la administración de justicia. Para ello proponemos transformar las actuales doce ‘Cámaras del Trabajo’ en ‘Juzgados del Trabajo’, unipersonales. Creando una instancia de apelación colegiada, llamada ‘Cámara de Apelación Laboral’”, marcaron.
Desde la UCR agregaron que están de acuerdo con esas dos propuestas, por lo que sugieren que, una vez reformado el funcionamiento interno de la Suprema Corte de Justicia, avanzarán en esos dos fueros.
No obstante, se evidencia una posición más dura por parte del diputado nacional del Pro, Omar De Marchi, quien, además de avalar estos dos proyectos, dio un paso más en términos judiciales, al presentar un proyecto para modificar el artículo 152 de la Constitución Provincial -vía enmienda-, que es el que establece las condiciones de elegibilidad de un ministro de la Suprema Corte.
“Hoy normalizamos que hay jueces radicales y jueces peronistas. Esto no está bien y debe corregirse si queremos fortalecer la independencia de la Justicia”, manifestó De Marchi, y agregó que hay que “incluir condiciones de elegibilidad de los ministros de la Corte más estrictas, para evitar que la militancia política sea el antecedente más importante de los futuros jueces.
En este sentido, expresó que, entre otras condiciones, “debe exigirse que los ministros de la Suprema Corte de Justicia no hayan estado afiliados a un partido político en los últimos 10 años, o que no hayan sido ministros del Poder Ejecutivo o candidatos a cargos electivos por un tiempo similar”.
Los legisladores radicales se opusieron a esa propuesta de reforma, pero aún así abrieron la ventana a la discusión, pero no vía enmienda, sino de la reforma parcial de la Constitución Provincial.
