Corrían los primeros días de marzo de 2020. La tragedia de la pandemia se cernía sobre el mundo. Un operativo policial callejero en Mendoza dio con un prófugo buscado hacía años por un cargamento de droga: Walter Bardinella Donoso. Su detención pasó inadvertida hasta que desapareció casi cinco meses después Diego Aliaga. El narco y el supuesto empresario mantenían un vínculo que hizo poner atención a la pericia profunda que se había hecho al celular del detenido meses antes y allí explotó todo.
Los chats recuperados de ese teléfono fueron un camino directo a Walter Bento. El principio del fin. La red que según los investigadores judiciales había construido y sostenido durante años el hasta entonces todopoderoso juez federal y electoral quedó al descubierto íntegramente.
La acusación que se dilucidará en el juicio oral, cuyo inicio está fijado el 26 de julio, habla de una asociación ilícita que comandaba el juez para liberar a detenidos a cambio de dinero. Sus cómplices son abogados, policías y delincuentes con prontuario.
Cada uno tenía un rol asignado, desde defensores hasta pescadores de potenciales “clientes”. Seis de ellos están detenidos, cuatro en la cárcel (los abogados Alba y Ortego, el comisario Moschetti y Bardinella Donoso) y dos en sus domicilios (los abogados Angeletti y Álvarez). Bento, por sus fueros, zafó de ir preso hasta ahora.
La fachada del magistrado cayó con la investigación, pero también la de su familia. Todos empleados en la Justicia Federal y con sueldos suculentos. Pero aun esos altos ingresos son insuficientes para justificar las múltiples propiedades, los autos de alta gama y los viajes al exterior con una frecuencia inaudita que acumularon en algo más de una década. La esposa y dos hijos de Bento son parte de los 34 imputados cuya suerte se decidirá en el juicio oral.
La decisión del Consejo de la Magistratura de ayer puso sentido común finalmente a una situación insostenible: que el juez sospechado de cobrar para liberar a detenidos siguiera decidiendo sobre la libertad de las personas. Pero no sólo eso. También evita que tenga a su cargo la organización y control en Mendoza de la próxima elección nacional.
La suspensión de Bento, con el consecuente inicio del juicio político, votada por unanimidad en la Magistratura, trajo alivio en los comandos electorales del peronismo mendocino. Aquella abstención de hace sólo dos semanas de los consejeros kirchneristas, cuando se aprobó la acusación, había puesto tensión a días de las primarias provinciales.
El insistente pedido de la senadora Anabel Fernández Sagasti a Rodolfo Tailhade, voz cantante K en el consejo, fue clave para el cambio de postura. También la aceptación de los representantes ligados a la Corte y Juntos por el Cambio de incluir en el dictamen final algunas observaciones planteadas por el oficialismo.
La unanimidad lograda en la Magistratura tiene un impacto altísimo dentro y fuera de ese ámbito. El mensaje que dieron todos es que ya nadie lo protege. Con este antecedente, los memoriosos enfatizan en una conclusión a la que se ha arribado en base a la experiencia de años: juez suspendido es casi juez destituido.
Por eso, en la Justicia creen que ahora el tribunal que juzgará a Bento trabajará más libremente y que los otros acusados también podrán expresarse con total libertad durante el juicio oral. Hasta la política pareció liberarse de una atadura: por primera vez, aunque tibiamente, los principales candidatos se animaron a opinar respecto del caso. Ya no pende sobre todos, como una amenaza permanente, el poder que conservaba hasta ayer mismo el magistrado ahora suspendido.
