El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), organismo que nuclea a las altas casas de estudio de todo el país dio un paso hacia adelante frente a la discusión del Presupuesto 2025, y con temor también al posible veto del presidente Javier Milei a la ley de financiamiento universitario, y convocó a una marcha “en defensa de la educación pública”, que se realizará en todas las ciudades del país el próximo miércoles a las 17.
En ese contexto, desde la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) no solamente apoyaron la medida, sino que también exhortaron a los diputados nacionales por Mendoza para que apoyen el reclamo del espectro educativo en caso que el veto se constituya y se insista en el Congreso, tal como ocurrió con la fallida reforma jubilatoria.
Esther Sánchez, rectora de la Uncuyo, ofreció una conferencia de prensa este miércoles donde analizó el crítico cuadro de situación económica de la educación pública universitaria, y se mostró de acuerdo con el duro documento del CIN frente al financiamiento presupuestario escaso para todo el sistema universitario.
En el mismo, se destacó -a grandes rasgos- que el presupuesto que se prevé destinar para el 2025 es prácticamente la mitad de lo que necesitan las universidades para poder garantizar los servicios que brinda, que hay una “desconsideración” por parte del Poder Ejecutivo que no cesa más un canal de diálogo cortado; una “profundización del desfinanciamiento”; y recordaron que más del 70% de los empleados universitarios están por debajo de la línea de la pobreza.
Apelar a los legisladores
En esta línea, Sánchez exhortó a los legisladores nacionales a no solamente defender el presupuesto universitario en la pauta de gastos -que comenzará a discutirse el 1 de octubre-; sino también a insistir en la ley de financiamiento universitario, que fue aprobado en el Congreso y que está a tiro del veto total, tal como adelantó el propio Presidente en redes sociales.
En primer lugar, Sánchez convocó y solicitó “la participación nuevamente de la sociedad argentina“ en la marcha del miércoles que viene, la cual partirá, en Mendoza, desde el campus universitario; y terminará en el microcentro (en la marcha de abril finalizó en la plaza Independencia, frente al escudo).
“Se trata de poner en evidencia, pero sobre todo solicitar al Presidente de la Nación que no vete la ley de financiamiento universitario que se presentó para el 2024″, dijo la rectora.
Pero además, expresó que también se trata de un “llamado a los legisladores nacionales para que nos acompañen en caso en que se decida el veto a la ley de financiamiento universitario”.
De los legisladores mendocinos, la ley de financiamiento universitario tuvo el voto positivo de casi todos los diputados del radicalismo y el peronismo; mientras que los oficialistas de La Libertad Avanza votaron en contra.
En total fueron 5 votos positivos (Adolfo Bermejo, Martín Aveiro, Liliana Paponet, Julio Cobos y Pamela Verasay), 4 negativos (Lourdes Arrieta, Facundo Correa Llano, Mercedes Llano y Álvaro Martínez) y una abstención, que provino del radical Lisandro Nieri.
Del lado de los legisladores, quien salió a apoyar al comunicado del CIN fue Cobos, quien calificó a la acción de “contundente”.
En este sentido, analizó que el CIN “interpela” al Presidente “para que no desfinancie el sistema, a nosotros los legisladores para que no avalemos el veto en caso de que avance, y a la sociedad para que, una vez más, defienda la histórica universidad pública argentina”.
Los Andes consultó al resto de los diputados radicales para saber qué piensan al respecto. Verasay no contestó la consulta, pero Nieri, que se abstuvo la votación anterior, expresó que en primer lugar analizará el eventual veto. “Personalmente no creo que una actualización del gasto actual sea la respuesta al problema de las universidades. Por eso me abstuve oportunamente. Pero si sale el veto, tendremos que leer los fundamentos y ahí veremos posiciones”, aclaró.
Desde la provincia, el presidente de la UCR, Andrés Lombardi, evitó dar una opinión anticipada respecto al eventual veto de Milei y la puja universitaria: “Este tema lo tratarán esta tarde (ndr: por este miércoles) en una reunión del Comité Nacional”, se limitó a decir.
Desde el peronismo, en tanto, se descarta que, en caso de insistir, votarán de manera afirmativa y en acompañamiento a lo que impulsa el CIN; mientras que La Libertad Avanza lo hará de manera negativa, por supuesto en acompañamiento a la postura de Milei. Resta conocer también la posición de Arrieta, que no respondió a la consulta.
La Universidad en pie de guerra
Con sus declaraciones, la rectora Sánchez se refirió que el documento del CIN impulsa un “sí al financiamiento universitario, pensando en el compromiso de un país con un sueño de seguir siendo una nación”; y que la marcha será “federal”, por lo que apeló a la participación “no sólo todos los miembros de las comunidades universitarias, sino también a las familias, como nos acompañaron en la marcha del 23 de abril, a la sociedad argentina en su conjunto que supo construir y acompañar al sistema universitario a lo largo de la historia”.
Otro de los temas fue el Presupuesto 2025, y aseguró que la propuesta de esta marcha “tiene que ver con este pedido al Presidente de la nación para que no prospere el veto de la ley de financiamiento universitario y reconsidere el proyecto de Presupuesto para el 2025″.
En otro orden, expresó que recurrentemente han pedido diálogo con la Nación. “Ha habido oportunidades en las que se han realizado paritarias con la Nación, pero todo ha terminado con una imposición de un porcentaje que no ha sido acordado, sino impuesto de alguna manera”.
“Nosotros seguimos solicitando el diálogo, pero hemos llegado a un momento en el que tenemos que visibilizar cuál es el estado de situación actual, y la ley de financiamiento universitario es muy importante, porque allí se parte de la necesidad de una recomposición salarial desde el inicio de esta nueva gestión”, aclaró.
La ley votada establece una actualización de los créditos presupuestarios destinados a cubrir los gastos de funcionamiento de las casas de estudio -al inicio del ejercicio 2024- por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023 y, luego, de manera bimestral, ajustar vía inflación previo descuento de los aumentos ya otorgados en lo que va del año. De hecho, el proyecto especifica que si una paritaria mejora la normativa a sancionarse, la misma prevalecerá sobre cualquier otra cosa.
En tanto, según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el texto en cuestión, que establece una recomposición de los salarios del personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 y hasta la sanción del proyecto, estima para “el ejercicio vigente un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI”.
Para Sánchez esto es importante “porque allí partiríamos de una base, la base de reconocimiento de la necesidad de ese ajuste salarial. Y eso obligaría que en el presupuesto 2025 fuese considerado. Esta es la importancia”.
“Por otra parte, también se plantea en la ley de financiamiento universitario la necesidad de ir ajustando bimestralmente los importes necesarios para gastos de funcionamiento, que tradicionalmente solamente se distribuye un importe total en 12 meses, recibiéndo el mismo importe el mes de enero que el mes de diciembre. Cuando estamos transitando momentos inflacionarios, la verdad es que necesitamos ese ajuste para los gastos de funcionamiento”, razonó.
