Las cámaras empresariales salieron el lunes al unísono a cuestionar el pago de la suma fija de 60.000 pesos para los trabajadores que estableció el ministro de Economía y candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, en el marco de las medidas para tratar de amortiguar el impacto de la devaluación que se aplicó tras las primarias.
“El mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales por fuera de su alcance”, alertó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) a través de un comunicado.
Seguido, esa entidad empresarial señaló que “la injerencia del Estado en la actividad privada no sólo complejiza la relación natural de empleadores y empleados, sino que pone en riesgo la endeble situación de miles de PyMEs que atraviesan un escenario de extrema fragilidad, con costos que aumentan permanentemente, con imposibilidad de importar insumos básicos y con una recesión que amenaza el consumo de manera creciente”.
El pronunciamiento de la CAME se reforzó con mensajes de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) y de la Unión Industrial Argentina (UIA), que también alertaron por la injerencia del gobierno nacional en las negociaciones paritarias.
Al respecto, fuentes de la UIA consultadas por este medio remarcaron que “cualquier recomposición salarial debe ser a través de las paritarias”. “Estos aumentos por decreto distorsionan las negociaciones colectivas y pueden generar diferendos legales en materia de sumas remunerativas y no remunerativas”, plantearon.
Para justificar su posición, recordaron que “la industria argentina cuenta con 346 convenios colectivos de trabajo activos, con sus respectivos acuerdos para incrementos de remuneraciones y otros beneficios”. “Consideramos que una decisión unilateral y transversal de establecer aumentos por decreto generará superposición de porcentajes o sumas que entrarían en contradicción o solapamiento con las escalas establecidos libremente por las partes en el marco de los procesos de negociación, distorsionando los acuerdos alcanzados, pues las escalas responden a realidades técnicas, económicas y negociales diversas de acuerdo a cada actividad”, subrayaron.
La CAC manifestó, a través de un comunicado, su “profunda preocupación en relación al otorgamiento de una suma a trabajadores del sector privado recientemente anunciada por el Gobierno Nacional”.
“La Entidad es plenamente consciente del deterioro que el poder adquisitivo de los salarios experimenta mes a mes de la mano de la persistente y elevada inflación que soporta la economía nacional, producto de desequilibrios de larga data. Pero a la vez debe advertir que buena parte de las empresas del país se encuentra en una delicada situación, debido justamente a una macroeconomía desordenada y con un estancamiento que ya acumula una década, lo que hace inviable que puedan afrontar la suma fija”, diferenciaron.
El lunes la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos, se encargó de aportar algunos detalles sobre la suma fija no remunerativa y a cuenta de futuras que anunció Massa, que deberán percibir los trabajadores formales con ingresos no superiores a los 400 mil pesos netos y que se otorgará en partes iguales durante septiembre y octubre.
Aunque la CGT celebró el paquete de acciones que presentó Massa con mensajes que diversificó durante el domingo, con el correr de las horas se conocieron las voces de algunos gremialistas que advirtieron que la asistencia es insuficiente ante el impacto de la inflación sobre el bolsillo de los trabajadores.
“Es una buena medida, quizás no sea suficiente. No lo es”, apuntó Mario Manrique, el secretario adjunto de SMATA que impulsó junto a Pablo Moyano los reclamos para que el gobierno nacional otorgue una suma fija que compense la carrera de los precios. En declaraciones a Radio Con Vos, el sindicalista señaló además que en su actividad, en el ámbito de las grandes terminales donde los salarios superan los 400 mil pesos, esta mejora no tendrá impacto.
El Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado nacional por el oficialismo, Hugo Yasky, coincidió al señalar que “este es el camino pero aún no es suficiente”. “Debemos profundizar más la distribución y proteger al pueblo frente a los abusos de los especuladores”, pidió.
La reacción del campo ante los anuncios
Los referentes de las principales entidades rurales se mostraron cautos ante las medidas que presentó la Casa Rosada, que incluyen beneficios para los productores agropecuarios, en busca de descomprimir la situación social de cara a las elecciones generales de octubre.
“Los anuncios que hace el ministro serán efectivos siempre y cuando sean un beneficio que les llegue a los productores y para eso habrá que esperar cómo funciona realmente en el mercado. Esperamos también la instrumentación de estas medidas para poder evaluar el impacto que puedan tener”, dijo Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural Argentina.
En tanto, el vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Gabriel De Raedemaeker, señaló que las medidas contribuyen a acrecentar la incertidumbre sobre el rumbo económico.
“Es un compendio de incertidumbres permanentes que genera este gobierno y el ministro, quien debería tratar de ir normalizando las variables macroeconómicas, eliminando los derechos de todas las economías regionales, pero a toda la producción agropecuaria, unificando el tipo de cambio, eliminando este tipo de intervención distorsivas que hace sobre la producción, comercialización y exportación de productos agropecuarios”, reclamó.
En tanto, el presidente de Coninagro, Elbio Laucirica, se refirió al anuncio sobre los fertilizantes, que se entregarán a productores que se encuentren en situación de emergencia.
“Puede ser una buena medida, aunque depende de cómo se implemente. Me queda la duda de cómo juega el Impuesto País para la adquisición del fertilizante, medida que encareció este insumo”, sostuvo.
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