Las distintas miradas sobre la dimensión de los futuros aumentos en las tarifas de la energía tensaron las conversaciones a contrarreloj entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y los representantes del FMI. Ese es un debate que también está sujeto a las diferencias de origen que arrastran en el Gobierno nacional, donde los sectores que responden a Cristina Kirchner promueven la resistencia.
La pretensión del Fondo Monetario Internacional (FMI) es que los porcentajes de las subas se ubiquen por encima de la inflación, que terminaría el 2022 con una carrera acumulada superior al 54%. Por eso trascendió que el pedido del organismo apunta a aplicar incrementos del 60%, cifra que no desmintieron en la Casa Rosada.
En tanto, la posición argentina es la de avanzar con actualizaciones en torno al 20 por ciento, con los presentados planes de quita de subsidios segmentada y sus futuras ampliaciones. Sin embargo, en el Fondo calculan que ese esquema frustrará cualquier esfuerzo por eliminar los subsidios.
Ante la consulta de este medio, cerca de Guzmán se limitaron a señalar que “se está discutiendo” y se están “limando las diferencias finales, como en la cuestión de las tarifas”. Además, ratificaron que la intención oficial es la de tener listo el acuerdo para enviarlo al Congreso de la Nación en los próximos días.
La discusión sobre el valor de las tarifas es también uno de los conflictos de origen dentro de la coalición oficialista Frente de Todos, que incluyó varios episodios de tensión entre Guzmán y los funcionarios del área de energía que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner: el interventor del Enargas, Federico Bernal, y el subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo.
El culebrón de la política interna representa un gran condicionante para terminar de acercar posiciones con el FMI frente a un conteo que obliga a Alberto Fernández a coronar un acuerdo para evitar un default antes del 22 de marzo, cuando se le deberán pagar al prestamista de última instancia U$S2.800 millones del crédito que solicitó Mauricio Macri en 2018.
El exdirector del FMI Claudio Loser reconoció que el entendimiento respecto a cuál será el aumento de las tarifas es “muy importante porque cierra muchos agujeros” del sendero fiscal que se comprometió a emprender la administración de Alberto Fernández para acceder a la refinanciación.
“Habrá que ver si están negociando diferenciales de aumentos dependiendo del consumo. Me imagino que eso se estará negociando ahora, pero es complicado porque tiene que haber credibilidad para el Fondo de que se pueden alcanzar razonablemente las metas fiscales. Me imagino que esto es una parte complicada”, dijo Loser en declaraciones a AM750.
Lo que se sabe hasta ahora, porque los detalles oficiales se conocerán cuando el Gobierno gire el proyecto a Diputados, es que el “sendero fiscal” que se proyectó apunta a terminar el 2022 con un déficit primario de 2,5% del PBI; que luego se llevará al 1,9%, en 2023; y al 0,9%, en 2024.
Mientras tanto, el Gobierno nacional formalizó el miércoles los aumentos para el transporte y distribución de gas. El nuevo cuadro tarifario “transitorio” del Enargas contempla subas del 15% en Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs) y del 20% en usuarios residenciales.
Los valores representan un “promedio nacional”, pero los anexos del decreto 91/2022 que firmaron Guzmán y Bernal precisan que habrá incrementos del 36% para usuarios residenciales y de hasta el 70% para grandes usuarios.
Mientras se espera la fumata blanca en Economía, en el Congreso de la Nación hubo avances en la antesala del debate. La Coalición Cívica de Elisa Carrió presentó un proyecto propio para autorizar al Poder Ejecutivo a tomar deuda del FMI.
“La CC nos comentó hoy la propuesta, la misma busca darle un instrumento al Gobierno para salir de la crisis política que tiene el Frente de Todos para votar el acuerdo con el FMI”, dijo Mario Negri, el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, en referencia a las contradicciones en el oficialismo, por las que Cristina Kirchner se mantiene en silencio.
