Con espíritu masoquista el presidente Alberto Fernández no se cansa de dinamitar la única política de Estado que construyó en su oscilante gobierno: la de la lucha contra la pandemia en alianza con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se trató del intento -agradecido y premiado por la sociedad argentina en conjunto- de unificar fuerzas y criterios para combatir al destructivo virus por encima de los intereses partidarios de una y otra de las partes. Que eso y nada menos que eso es una política de Estado.
Pues bien, desde el primer momento que las grandes mayorías apoyaron con su propio esfuerzo el intento de unidad nacional, un sector del gobierno se dedicó -con prisa y sin pausa- en deshacer lo que consideraba un acuerdo que afectaba sus intereses políticos facciosos. Debido al menos a dos cosas: primero, que esa política de Estado fortalecía un liderazgo opositor muy competitivo en la figura de Horacio Rodríguez Larreta. Y segundo, que esa política de Estado le daba a Alberto Fernández un prestigio tan significativo, que aquel al que siempre consideraron su títere podría lograr su autonomía decisoria. Dos riesgos que el cristinismo no estaba dispuesto a correr, aunque tuviera que hacer volar el acuerdo de lucha en unidad contra la pandemia por los aires. Lo que efectivamente hicieron hasta que del mismo no quedó nada. Junto a ello quedó poco y nada de Alberto Fernández que cedió a tales delirios, mientras que Rodríguez Larreta siguió fortaleciéndose defendiendo un acuerdo que ya no existía pero del que él seguía siendo defensor. En suma, un gobierno más débil y una oposición más fortalecida es lo que logró el cristi-camporismo con este atentado al sentido común que además ponía en mayor riesgo la salud de los argentinos al destrozar el comando unificado de combate anticovid.
Hoy, a un año del inicio de tales acontecimientos, la pelea se reedita casi con los mismos detalles, salvo que el presidente está infinitamente más debilitado y ya casi no habla por sí mismo, aunque grite creyendo que levantando la voz podría imponer la autoridad que ha perdido porque se la han quitado y él se la ha dejado quitar.
En un momento de la pandemia con nuevos aumentos de casos las posibilidades de reiniciar acuerdos se hacen más posibles y más necesarias ya que de un modo u otro hay que proceder a cerrar algunas actividades y fortalecer las formas de control, algo en lo que casi todos podrían estar de acuerdo si no se lo hace a la guaso como el año pasado donde se encerró a la gente por meses creyendo que en el encierro estaba la solución.
Sin embargo, en el medio surgió un debate impensado: la obcecación del mismo sector oficialista que boicoteó el anterior acuerdo Fernández-Larreta por clausurar las clases presenciales en todo el país, con argumentos que salvo a ellos no pudieron convencer a prácticamente nadie. A partir de allí, en vez de reconstruir una nueva y mejor política de Estado, comenzó una feroz batalla donde se demonizó a la Capital Federal y a todos aquellos que querían mantener las escuelas abiertas. El origen del ataque está en el grupo formado por Cristina, su hijo y sus camporistas, el gobernador Axel Kicillof y sus funcionarios de salud, y el sindicato docente que de hecho es el que viene manejando la política educativa desde que asumió esta gestión de gobierno. Alberto, sólo al ver con la convicción que su ministro de Educación y su ministra de Salud defendieron la presencialidad, debe haber pensado igual que sus dos funcionarios, pero allí nomás los cristinistas lo hicieron bajar por enésima vez de sus propios criterios para imponerle los suyos. Licuando su ya escasa autoridad en aguas de borraja. Y haciendo quedar como dos bobos a sus ministros, lo que el presidente suele hacer cada vez con mayor frecuencia quizá ignorando que así se sigue disparando tiros en los pies.
Lo cierto es que un debate político que debería haberse solucionado desde la política como es el de las escuelas se judicializó con lo cual sólo se logrará profundizar el conflicto porque no existe ninguna voluntad en el grupo cristinista de obedecer ninguna orden y menos de la justicia a la que creen apestada de lawfare.
Y así, mientras el virus se cobra contagiados y muertos por doquier, el capricho de un grupo intolerante no sólo se opone a que los chicos tengan clases, sino que obstaculiza enormemente las tareas que se deben hacer para combatir el mal biológico. Es que para ese grupo todo es política partidaria y/o ideológica, incluso la salud de los argentinos, pero ni aun así se detendrán y le seguirán echando la culpa de lo que pasa a todos los demás menos a ellos, como han hecho siempre. Y en este caso peor, porque no gobiernan (aunque mandan) ni dejan gobernar, haciendo que el barco gire sin rumbo y sin dirección cuando más se necesita timón y proyecto.
