Policiales
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hace 52 minutos
Los procesos de estatizaciones o expropiaciones de empresas o rupturas de contratos y concesiones en las últimas dos décadas fueron distintos en la Argentina, pero con un denominador común: la mayoría de las compañías con las que intentaron o se terminaron quedando el Estado nacional o los provinciales estaban vaciadas, en quiebra o al borde de la implosión por deudas siderales, y sus restituciones al sector público generaron juicios por 9.381 millones de dólares.
Desde el 2003 cuando el kirchnerismo llegó al poder hubo muchos anuncios. Vicentin, ahora, es un hecho particular: es una empresa fundada y administrada por capitales privados. Lo más parecido (pero no igual) en la avanzada estatal es el caso de la ex Ciccone Calcográfica, ahora llamada Compañía de Valores Sudamericana (CVS).
El resto son empresas que fueron fundadas por el Estado y pasaron a manos privadas, en su mayoría, en la “ola privatizadora” de los años 90, ejecutada por el gobierno de Carlos Menem y con apoyo de los Kirchner y del propio Alberto Fernández, quien por aquellos años militaba en las filas de Domingo Felipe Cavallo, a quien consideró su jefe político hasta el 2000.
También en los años posteriores al crack económico y financiero de 2001, el Estado ha creado empresas públicas. Un análisis del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) indica que hoy son 35 compañías que administra el Estado Nacional, más YPF que es mixta.
Enarsa, por ejemplo, fue creada en 2004 para intervenir el mercado petrolero. En 2006 se fundó Arsat, que creó satélites que fueron puestos en órbita a partir de 2014. En 2015 vio la luz la Empresa Argentina de Navegación Aérea. En 2016, Contenidos Públicos; y en 2017, Corredores Viales. Estas dos últimas, por idea y ejecución de la gestión de Mauricio Macri.
El péndulo eterno
Gonzalo Diéguez y Agustina Valsangiacomo, del CIPPEC, indican en un análisis que en los años 90, un total de 67 empresas públicas -entre ellas algunas de incidencia crítica como YPF, Ferrocarriles Argentinos, Gas del Estado y Aerolíneas Argentinas- fueron privatizadas. Así, el Estado disminuyó su participación en la economía y renunció a la gestión de recursos y a ciertas actividades productivas muy estratégicas, girando hacia una matriz mercadocéntrica.
Entre 2003-2015 hubo un cambio sustantivo y se viró hacia una matriz Estadocéntrica. En ese período, se incorporaron 13 empresas de las cuales 6 fueron creadas y 7 fueron re-estatizadas. Esta nueva configuración representó un incremento en 3,5 veces de la dotación de los recursos humanos en las empresas públicas (de 27.000 a 121.000 empleados). Durante el macrismo no hubo grandes cambios.
Vicentin y CVS son las dos únicas empresas fundadas por capital privado con las que el Estado busca quedarse. Sí, en presente, porque para la primera el proceso recién se inicia y para la segunda, aún no concluye por el escándalo judicial que hay en el medio, con el exvicepresidente Amado Boudou condenado a 5 años y siete meses y medio de prisión por los delitos de cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.
Si bien la empresa fue intervenida por el Poder Ejecutivo, el Congreso sancionó la ley de expropiación en 2012 y hoy está en la órbita de la Casa de la Moneda, la ex Ciccone sigue siendo propiedad del fondo de inversión The Old Fund, acusado e investigado por presunto de lavado de dinero.
El derrotero es largo. Comenzó en 2003 cuando Néstor Kirchner decidió que el Correo Argentino debía volver a manos del Estado porque la concesionaria no había pagado los cánones correspondientes. Esta firma había sido entregada en 1997 por Menem a Socma, del Grupo Macri. Hoy, el Estado le reclama a ese holding una deuda de 70.000 millones de pesos.
Tiempo después, en 2006, Kirchner ordenó reestatizar Aysa, la empresa que da agua potable a 14,4 millones de personas en la Capital Federal y 26 partidos bonaerenses. En 2017, el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), tribunal arbitral del Banco Mundial, confirmó el laudo por el que sancionó a la Argentina con una multa por unos 384 millones de dólares por la rescisión del contrato con la francesa Suez.
Allí, en el Ciadi, la Argentina (Nación y provincias) ha pagado entre el 2000 y el 2019 unos 7.238 millones de dólares por demandas comerciales y reestatización de YPF. Y hay trece casos abiertos por 2.143 millones de dólares más, según señaló a este medio Sebastián Maril, director de Research for Traders, empresa dedicada exclusivamente al análisis de los mercados de capitales con énfasis en Latinoamérica.
Tandanor (Talleres Navales Dársena Norte) fue fundada por la Marina en 1879. Y en 1991 fue privatizada por el menemismo. El 30 de marzo de 2007, Kirchner la reestatizó por decreto, declarando nula de nulidad absoluta la privatización. En recompensa por sus esfuerzos para mantener en actividad la empresa los trabajadores del astillero recibieron el 10% de sus acciones.
Cristina y Mauricio
En 2008, ya en el gobierno de Cristina Fernández, fue el turno de Aerolíneas Argentinas. El grupo español Marsans que la gerenciaba le inició un juicio al país, que dejó un saldo negativo de 320 millones de dólares tras el laudo dictado por el Ciadi en 2017 y ratificado por el tribunal arbitral a mediados de mayo de 2019.
La Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín (FAdeA) fue creada en 1926 por el Estado. En 1995, Menem concesionó por 25 años la empresa a Lockheed Martin Aircraft Argentina SA, filial local de la multinacional estadounidense, uno de los mayores conglomerados mundiales dedicados a la industria de la Defensa. La firma fue reestatizada en diciembre de 2009 cuando el Estado Nacional adquirió el paquete accionario.
En un clima de euforia, el Congreso convirtió el 3 de mayo de 2012 en ley la expropiación del 51% de las acciones de YPF, que estaban en manos de la petrolera española Repsol. Se abonaron 5.800 millones de dólares. Y se abrió una batalla legal que se definirá en los Estados Unidos y podría costarle a la Argentina entre 1.700 y 9.000 millones de dólares más.
En agosto de 2013, el Gobierno estatizó los ramales San Martín, Belgrano Sur y Roca de los trenes metropolitanos en Buenos Aires. Ya en septiembre, asumió la administración de las líneas de trenes Mitre y Sarmiento en dos empresas del Estado. Y días después, transfirió al Estado los trenes de pasajeros que conectan la Capital Federal con Córdoba y Tucumán, aunque dejó en manos privadas la concesión del transporte de carga en esos mismos ramales.
El 23 de septiembre, el Gobierno de Mauricio Macri anunció que había decidido quitar la concesión de cinco corredores viales y estatizar 3.374 kilómetros de rutas nacionales, hasta que se liciten nuevamente. Se trata de concesiones manejadas por operadores privados, que estaban vencidas desde hace dos años y el Gobierno las venía renovando con resoluciones. Quedó sólo en un anuncio y el 4 de febrero avanzó con la idea la administración Fernández.
EL CASO DE LAS AFJP
En noviembre de 2008 se sancionó la ley para eliminar el sistema de capitalización y las AFJP, impulsado por la entonces presidenta Cristina Fernández y su ministro de Economía, Amado Boudou. El Estado pagaba en ese momento el 60% de las jubilaciones y pensiones vigentes. Desde 1994, cuando se habían constituido las AFJP, el sistema privado cobró 12.200 millones de dólares en comisiones.
Empresas reestatizadas o expropiadas:
2003: Correo
2006: Aysa
2007: Tandanor
2008: Aerolíneas Argentinas
2010: Fadea
2012: Ciccone
2012: YPF
2013: Belgrano Cargas
2020: Vicentin
