La Municipalidad de Las Heras es una de las partes de varias denuncias e investigaciones judiciales. Una de ellas es la que investiga el Fiscal de Delitos Económicos, Flavio D’Amore por el manejo de fondos públicos a través de cooperativas.
Este expediente tiene como imputado al subsecretario de Políticas Sociales de la comuna, Osvaldo Oyhenart. La Dirección de Cooperativas de la provincia se constituyó como querellante y ha pedido que sean citados tanto el intendente Daniel Orozco como la Secretaria de Gobierno, Janina Ortiz. La pareja ha pedido formalmente la audiencia. Ortiz tendrá novedades sobre su imputación por coacción.
En el Ministerio Público Fiscal hay varios expedientes que vinculan a funcionarios de la Municipalidad de Las Heras en distintos hechos que se investigan. Todo surgió a raíz del audio en el que una empleada municipal conversa con Osvaldo Oyhenart, subsecretario de Políticas Sociales de la comuna, camino a un hotel alojamiento. El funcionario comenta el manejo de fondos a través de cooperativas.
La investigación desembocó, por ahora, en la imputación del funcionario municipal, su yerno Juan Pablo Pandolfi y Adrián Pérez, una persona vinculada a la cooperativa “Manos a la Obra”. Hace días se confirmó que la Dirección de Cooperativas, organismo provincial, se constituyó como querellante porque tiene poder de policía sobre las cooperativas.
El representante legal, Pablo Teixidor, confirmó que se han hecho investigaciones internas que sugieren que hubo una “impunidad grosera” en el desvío de plata del municipio de Las Heras. “No hemos podido intervenir en los actos porque esta cooperativa no se inscribió y no era legal”, aclaró el letrado a este medio y confirmó después que había pedido que la justicia cite a funcionarios.
Se refería puntualmente al intendente Daniel Orozco y a la Secretaria de Gobierno, Janina Ortiz. Aunque también hizo extensivo el pedido a Víctor Guerra y el contador Daniel Herrera, quien fue hasta hace poco tiempo funcionario municipal.
En un extenso escrito, Teixidor expone testimonios y detalles de la causa por lo que considera que “Osvaldo Oyhenart era la cara visible de la comuna quien pagaba los sobornos y Guerra por su personalidad territorial, su presencia en las barriadas, regenteaba a quienes ingresaban a las apócrifas estructuras”.
“Pero hete aquí, que tales movimientos eran ejecutados a sabiendas tanto de la Secretaria de Gobierno de la comuna Sra. Janina Ortiz, como de la máxima autoridad del municipio, el Intendente Dr. Daniel Orozco ya que ambos conocían la operatoria y conforme los dichos del testigo Gutiérrez avalaban la misma; la primera suscribiendo los visados de tareas y el segundo dando su visto bueno a los desembolsos destinados a las estructuras creadas para defraudar al estado municipal”, expresa el letrado.
El pedido a la justicia
Ya de vuelta después del viaje a México, el compañero de fórmula de Omar De Marchi en La Unión Mendocina y la candidata a diputada provincial por el mismo espacio, piden a a justicia una audiencia para declarar. El pedido fue realizado por la abogada Elena Quintero, quien representa a Janina Ortiz en la causa de coacción.
“Se han enterado por varios medios que los van a citar a declarar, y ellos quieren presentarse en forma espontánea”, indicó la letrada a Los Andes. El pedido es para que se fije fecha y hora de la audiencia “a fin de poder ejercer los derechos que les asisten” y se requiere que sea en horario vespertino teniendo en cuenta las labores que desempeñan.
Quintero estima que no habrá casi demora en fijar la audiencia para que tanto el jefe comunal como la Secretaria de Gobierno del municipio vayan a declarar.
¿Imputarán a Ortiz?
El audio entregado por la empleada y que condujo a la imputación del subsecretario de Políticas Sociales, también abrió un expediente por coacción. La acusación que recae sobre Ortiz es que obligó a la empleada a grabar al funcionario.
Quintero, la abogada defensora de Ortiz, pidió que un juez resolviera si correspondía imputarla o no, luego de opiniones divididas entre los fiscales. La designación, por sorteo, del juez Sebastián Sarmiento también fue cuestionada por la defensa por un viejo reclamo luego de la implementación de la ley 9040 que crea los tribunales penales colegiados.
Ante esta situación, Quintero cuestiona la competencia de Sarmiento no por el magistrado en sí, sino por considerar que un juez de Ejecución Penal está por debajo de un Juez de Garantías, de acuerdo a la normativa anterior a la vigente en el fuero penal.
Así, Sarmiento tenía dos temas para resolver y en ambos casos les dio vista tanto a la querella, representada por Ramiro Villalba (abogado de la empleada que grabó el audio y de otra empleada víctima de violencia sexual que declara en esta causa) y al fiscal Gabriel Blanco.
En la audiencia del 14 de agosto, el magistrado escuchó a las partes. Blanco y Villalba manifestaron que debían rechazarse los dos planteos. El magistrado pidió un cuarto intermedio para comunicar su decisión y fijó fecha para el próximo lunes 28 de agosto a las 13.30.
La defensa de Ortiz ya avisó que si no están de acuerdo con la decisión de Sarmiento, apelarán, por lo que difícilmente termine quedando firme la imputación a la funcionaria que es candidata a diputada provincial por el frente que lidera Omar De Marchi.
