El Gobierno provincial decidió tomar cartas en el asunto y preparó una serie de medidas y solicitudes al Gobierno Nacional para intentar mejorar la seguridad vial del Corredor Bioceánico (ruta nacional 7), camino que ha estado en el centro de la escena en las últimas semanas por los múltiples incidentes con fallecidos y heridos en camino de montaña entre Argentina y Chile.
Por un lado, se instalarán playones con servicios (baños y agua caliente) en zonas de Los Penitentes y Polvaredas, donde se retendrá a automovilistas en momentos de alta congestión en zona de aduana en el límite con Chile, para evitar largas horas de fila sin acceso a servicios. También se trabajará desde Seguridad con Gendarmería con la provisión del sistema Tetra más tecnología en tránsito (cámaras y drones) en cuatro zonas “críticas” de la ruta, donde se incrementarán controles de tránsito vehiculares.
Además, se solicitó a Nación que restrinja los “tours de compras” y que instale una báscula para sancionar a choferes de camiones que no cumplan con el peso máximo permitido.
Todo esto surgió tras un viaje de funcionarios de la gestión de Alfredo Cornejo a Casa Rosada, donde presentaron esta serie de propuestas y medidas al gobierno de Javier Milei. Con el arreglo de la ruta todavía lejos en el calendario, las acciones tienen como objetivo mitigar el conflicto vehicular y bajar la siniestraliedad en la ruta de Alta Montaña, que año tras año “recibe” el paso de cientos de camiones, micros y vehículos, y que se incrementa en el período de vacaciones de verano.
Desde el gabinete de Javier Milei, participó el vicejefe de Gabinete del Ministerio del Interior, Lisandro Catalán; mientras que en representación de Mendoza estuvieron el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu; y la ministra de Seguridad, Mercedes Rus.
Acciones urgentes
De forma taxativa, Vargas Arizu señaló que, como no se va a solucionar de inmediato el arreglo de la ruta 7 (la licitará en febrero-marzo la Nación para una concesión, según el Ministro), lo que hay que hacer “es ser prudente y ordenarse”.
“La ruta 7 fue pensada para el tránsito de 700 camiones por día y hoy pasan en promedio 1.400. Esto no se va a solucionar de inmediato”, admitió el funcionario.
Una de las propuestas desde Mendoza es la entrega de cuatro sistemas de comunicación Tetra (redes de comunicaciones críticas para emergencias) a Gendarmería Nacional, destinados a optimizar los controles en Alta Montaña y fortalecer la coordinación en zonas estratégicas.
Además, se evalúa la instalación de dispositivos tecnológicos en tramos críticos de la ruta para agilizar la fiscalización y garantizar un control más eficiente de las infracciones.
“En lugares críticos, se van a poner más cámaras. El Ministerio de Seguridad cedió cuatro sistemas Tetra. Ahora van a aumentar las penas y las multas a infractores. Cruzar la doble línea amarilla cuesta unos $180.000. Eso debiera ser mucho más porque por manejar alcoholizado pagás de $1,4 millón hacia arriba. Aunque la mejora no sea inmediata, tiene que haber precaución y ser ordenado”, dijo Vargas Arizu a radio Nihuil.
Además, expresó que se instalarán junto al municipio de Las Heras controles vehiculares junto a cámaras y drones, con “mucha tecnología” para fiscalizar el manejo de los conductores en la ruta.
Respecto a los playones con servicios en Polvaredas y Los Penitentes, el funcionario destacó los lugares fueron cedidos por Las Heras, pero advirtió que las horas de espera “van a ser las mismas”. No obstante, marcó que el objetivo será que las mismas sean en lugares con servicios, tales como acceso a baños y agua caliente, entre otros.
Fabián Tello, secretario de Seguridad Ciudadana de la comuna, marcó a radio Mitre que se intensificarán los controles “en toda la ruta 7″. “No nos va a temblar el pulso para aplicar multas”, señaló.
Sobre los playones, dijo que intentarán tener “lo antes posible operativos estos sectores para ofrecerles este servicio a quienes tengan que cruzar a Chile”.
El ministro de Producción también recordó que la Provincia solicitó la cesión de la ruta 7, así como de otras rutas nacionales. Sin embargo, Nación rechazó esta solicitud, argumentando que será el propio Gobierno nacional quien realizará la licitación de esta obra.
Según el funcionario mendocino, será en “febrero-marzo” cuando se licite por parte de Nación el arreglo de la ruta 7. “La opción vendrá con el cobro de peaje. Es preferible pagar lo mismo que en Chile, pero tenés la ruta bien. Vamos en ese camino”, ratificó Vargas Arizu, haciéndose eco de las próximas reparaciones y el sistema concesionado para 2025, algo que ya fue anticipado por Los Andes.
Respecto a la administración del complejo Roque Carranza (Horcones), Vargas Arizu reiteró los planes de Nación para privatizarla, aunque no en sí la Aduana (a cargo de ARCA), sino la parte operativa de los servicios.
“Se habló de una privatización de la administración de la Aduana. La Nación se guarda el derecho de revisión pero la parte operativa puede ser privatizada. Como en el Puerto Terrestre Los Andes (Chile) que es privado. Ahí tenés solucionado el problema de los baños, la mantención, y eso lo hace un privado”, explicó Vargas Arizu, además de mencionar la provisión de una báscula para controlar el peso de los camiones, con el fin de evitar el deterioro de la infraestructura vial y mejorar el flujo vehicular.
Vargas Arizu también hizo hincapié en la digitalización y unificación de los procesos administrativos entre Chile y Argentina, tal como quedó plasmado en el encuentro binacional de días atrás.
Controles y restricciones para los buses de compras a Chile
Vargas Arizu también se refirió a un refuerzo de los controles de los famosos “tours de compras” a Chile, especialmente de aquellos colectivos que salen de plazas o puntos sin la autorización de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
El funcionario solicitó que los desviaran por el paso Pehuenche, en Malargüe, pero la idea fue descartada de plano “por temas legales e institucionales”. Sin embargo, expresó que actualmente pasan entre 40 y 50 por día; y solicitaron bajarlos a 25. “Cada micro tiene 40 personas y resulta que tenés que atender a 2.000 personas de un momento a otro. Es como meter 12 botellas en una caja de seis, no se puede”, ejemplificó.
Por último, entre otras de las solicitudes está la de instalar una báscula en la ruta 7 para evitar que siga destruyéndose el camino a causa de camiones que transitan con más toneladas de las permitidas.
“Muchos camiones van con exceso de peso. Aparte de romper las rutas, si son camiones viejos van a 30 km/h y genera una fila de autos y camiones excesiva. Entonces eso hay que controlarlo y hemos pedido básculas a la Nación al menos para esta zona. Si tienen exceso de peso no pueden circular. En cualquier lugar del mundo los contenedores llevan 22 o 24 toneladas y no pueden llevar más, son las restricciones porque si no, rompen las rutas. Es complicado”, sintetizó.
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