Las principales empresas de la medicina prepaga, agrupadas en la Unión Argentina de la Salud (UAS), recurrieron a la Justicia para exigir que se les permita, de manera urgente, aplicar un aumento cercano al 10% en sus servicios porque, alertaron, el sistema de salud “está en llamas” ante la crisis que instaló la pandemia del coronavirus.
Pero la gestión tomó mayor relevancia porque se enmarca en las tensiones entre el titular de la entidad, Claudio Belocopitt, y la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien volvió a proponer una radical reforma del sistema.
“Las empresas del sector han hecho una presentación colectiva”, explicó el cordobés Rodolfo González Zavala, abogado de Swiss Medical que diseñó la medida cautelar autónoma, junto a los representantes legales de un total de 15 compañías, para avanzar con un incremento del 9,77% que permita afrontar los aumentos salariales y compensar parte del desfasaje de los costos.
Para argumentar su pedido, las prepagas se refirieron primero a un informe técnico que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) presentó en octubre pasado sobre las finanzas de las Empresas de Medicina Prepaga (EMP). Es que, según la ley 26.682, que regula la actividad y que se creó en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner, ese organismo es el que determina el monto de actualización de las cuotas.
Alegaron que aquel relevamiento oficial “reconoció un incremento de los costos del 30% en el período analizado”, pero que luego, “sin mayor explicación y en abierta contravención” a la mencionada normativa, en vez de un 30% se autorizó un 25% en total, “y para cobrar recién en diciembre 2020 y en febrero 2021, sin incremento financiero alguno”.
Además, para reforzar su reclamo judicial recurrieron a los fundamentos de la resolución 987/21, con la que el 10 de abril pasado el Ministerio de Salud autorizó los últimos aumentos en las cuotas.
Al respecto, replicaron un fragmento del texto que firmó la ministra de Salud Carla Vizzotti y que indicó que “resulta necesario adoptar medidas que contribuyan a dotar en forma inmediata, sin dilación alguna, de recursos genuinos al Sistema, que permitan obtener los mejores resultados como consecuencia de la negociación paritaria y en especial consideración de la situación sanitaria y epidemiológica actual”.
En el texto de 28 páginas, los representantes de las EMP volvieron a criticar los aumentos que el gobierno nacional les permitió aplicar entre diciembre y marzo pasado (mediante seis resoluciones que incluyeron contramarchas), que en suma ascendieron al 13,85%. Aseguraron que la suba debería haber sido del 28,64% y señalaron que esa queja se formalizó a través de un reclamo en sede administrativa, que se inició el 28 de marzo pasado.
Repudiaron además la decisión del presidente Alberto Fernández de dar marcha atrás con dos incrementos (en diciembre y febrero) que había autorizado el ministerio de Salud durante la gestión de Ginés González García. “Los fundamentos para los ‘arrepentimientos’ ofenden a la inteligencia”, se quejaron.
Un reclamo contra “luchas políticas”
“Sólo queda margen para especulaciones no jurídicas (tal vez, los aumentos eran políticamente incorrectos): las resoluciones impugnadas no son otra cosa que decisiones ‘puramente políticas’ discrecionales y arbitrarias, que pasan por alto los fundamentos técnicos y desconocen o peor aún se independizan irresponsablemente del sistema de salud y con ello del bien común”, consideraron en la medida cautelar.
Seguido, alertaron: “El sistema de salud está en llamas y requiere soluciones inmediatas que no solo cumplan con la ley positiva, sino que produzcan respuestas humanas, compatibles, apta para que todos los que estamos convocados a la crisis, cuento menos dispongamos del consuelo de haber hecho todo lo que estaba a nuestro alcance y más también”.
En el escrito, los representantes de las prepagas encabezados por Belocopitt remarcaron que las “conductas” deben “contribuir a que se mueran menos personas, a evitar que familias completas queden diezmadas y niños expuestos a adversidades que no son propias de la vida, sino que se ven determinadas por luchas políticas intestinas, revanchismos, cuanto no corrupción o cálculo electoral”.
“Suplicamos que el Poder Judicial cumpla su rol republicano, que ponga límites constitucionales al Poder Ejecutivo, que evite formalismos, que abrace una causa justa, necesaria y humana”, apelaron.
Malestar por la propuesta de Cristina Kirchner
La judicialización del reclamo se enmarca no sólo en el contexto de alta presión inflacionaria sino también en las tensiones entre el sector de las prepagas y Cristina Kirchner. La Vicepresidenta volvió a decir que es necesario “repensar” el funcionamiento del sistema de salud y Belocopitt no tardó en salir a rechazar cualquier iniciativa de estatización.
El lunes, al encabezar un acto en la provincia de Buenos Aires, Cristina Kirchner llamó a promover la integración del servicio de salud público, privado y de obras sociales sindicales: “Se armó una cuando dije eso… bueno, finalmente terminó integrado a las patadas porque lo impuso la realidad y hoy tenemos a las prepagas derivando pacientes a lo público; no hay nada peor que negarse a discutir la realidad”.
Al día siguiente, Belocopitt encabezó una conferencia de prensa para quejarse por “dramática situación” que atraviesan las EMP y rechazar la propuesta de la ex presidenta. “La estatización de un sistema puede producirse de hecho o de derecho. En este último caso -la estatización por derecho- las autoridades elevan un proyecto al Congreso, éste se debate y se aprueba de cara a la sociedad, y si fuese posible a la luz del día. Así se hizo en su momento con las AFJP, por ejemplo”, alertó el ejecutivo.
Para completar, indicó que si la idea del Gobierno es estatizar de hecho “primero debería desfinanciarlo, ponerlo al límite de su capacidad operativa, arrodillarlo y mantenerlo así hasta que colapse y su capacidad de atención sea deficitaria”.
“Entonces sobre los escombros, las ruinas y la salud de millones de argentinos, se expondría como un relato la excusa perfecta de que debe nacionalizarse bajo el supuesto de que el sistema no está en condiciones de dar respuestas sanitarias”, criticó.
