La defensa del empresario Lázaro Báez, acusado de “asociación ilícita y partícipe primario de administración fraudulenta agravada”, afirmó este lunes que se lo acusó para “atacar” la gestión “del partido más importante de la Argentina”, calificó de “falso” que hubiera comenzado su actividad en la construcción cuando se supo que Néstor Kirchner sería presidente y señaló que la “verdadera defraudación” con la obra pública se cometió desde diciembre de 2015.
”Con intención política se utilizaría a Báez como una forma de atacar la gestión del partido más importante de la República Argentina”, sostuvo el abogado Juan Villanueva, en su alegato final que inició hoy ante el Tribunal Oral Federal 2 en el marco de la llamada “causa Vialidad”, donde también está imputada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El abogado del dueño de “Austral Construcciones” anticipó que a lo largo de tres audiencias de exposición demostrará que Báez es “inocente”, que su intención fue “apostar por el país” y que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola tergiversaron prueba y “falsearon” declaraciones de testigos.
Esto “va a ser desenmascarado” en el alegato, sostuvo Villanueva.
”Vamos a demostrar que todo lo que hizo Báez como empresario fue legal y conveniente para el Estado nacional”, que lo que hizo fue “apostar por el país” y que sus ganancias fueron reinvertidas en la producción, agregó.
”La verdadera defraudación fue la que cometieron funcionarios públicos desde diciembre de 2015 en adelante, que echaron por tierra todo el trabajo de 12 años de democracia”, en materia de obra pública, cuestionó, en referencia implícita a la gestión de Mauricio Macri.
Además, en el caso de Báez, negó que haya sido para el 2015 un “cajero de banco” y repasó su historia profesional para asegurar que desde el 2000 se dedicaba a la construcción con otras empresas.
Para la defensa “está demostrado que Lázaro no era un empleado bancario o un “cajero”.
El empresario era gerente del Banco de Santa Cruz y fundó Austral Construcciones en abril de 2003, cuando aún no se sabía que Néstor Kirchner llegaría a la Presidencia de la Nación, remarcó.
Los fiscales “tergiversaron fechas para sostener ese cuento de la firma constituida con el objetivo de cometer delitos indeterminados y que dijeron que nació cuando ya se sabía que Néstor Kirchner iba a ser Presidente”, continuó Villanueva.
”Con intención política se utilizaría a Lázaro Báez como una forma de atacar la gestión del partido más importante de la República Argentina”, continuó el abogado ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu en el debate que se realiza por videoconferencia.
Villanueva anticipó que pedirá la absolución de Báez y que, además, requerirá la apertura de una causa penal contra dos peritos que firmaron un informe sobre cinco de las 51 obras cuestionadas en Santa Cruz.
Se trata de Eloy Bona, del cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de Roberto Panizza, designado por la fiscalía.
Bona tuvo “un objetivo de antemano, inventar sobreprecios. Esta causa no tenía pericias, no tenía sobreprecios y Bona los tenía que inventar”, dijo.
Además el letrado reiteró que Báez fue víctima de “amenazas, aprietes y extorsiones” cuando estuvo detenido en la cárcel de Ezeiza, con el fin de que aceptara declarar como imputado colaborador para involucrar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en causas judiciales donde estaba imputado.
Al iniciar el alegato a las 9.30, Vlllanueva anticipó que demostrará la “inocencia” de Báez y reiteró que los fiscales Luciani y Mola perdieron la “objetividad”.
”El doble estándar exhibido por la fiscalía va a ser desenmascarado”, adelantó en el juicio por la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, y en el que Báez tiene un pedido de prisión de 12 años por parte de los acusadores.
”La fiscalía ante todo eligió ignorar la prueba producida en el juicio y continuar con una acusación que durante el debate se probó falsa”, agregó.
Villanueva recordó que, desde que se inició el juicio, hubo 89 audiencias con más de 90 testigos.
”Para nosotros fue llamativa la total ausencia de cobertura de este debate en los medios masivos de comunicación, salvo por algunos pocos periodistas. Fue llamativa porque, audiencia tras audiencia, los testigos propuestos por el Ministerio Público fiscal destrozaron la acusación”, expuso.
”Si el objetivo de este proceso era vulnerar todas las normas básicas del debido proceso, sin ninguna duda lo lograron. Esto también es un récord infame con el que va a pasar a la historia esta causa”, añadió.
El abogado sostuvo que se construyó “un relato basado en mentiras repetidas hasta el hartazgo”.
El defensor del empresario acusado de haber sido beneficiado con el 80 por ciento de la obra pública nacional en Santa Cruz en el período investigado agregó que “lo que más” llamó la atención “es haber tenido que escuchar al final del juicio a los fiscales intentado ocultar todo esto” e “ignorando de manera deliberada las cientos de evidencias que se produjeron en este juicio”.
La situación judicial de Lázaro Báez y los demás imputados
Báez ya fue condenado a 12 años de prisión en otro juicio por lavado de dinero, un veredicto que en la actualidad está en revisión en la Cámara Federal de Casación, y por el que cumple con arresto domiciliario.
El dueño de “Austral Construcciones” enfrenta ahora un pedido de 12 años de prisión, la misma pena que los acusadores reclaman para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien al ejercer su derecho a defensa durante su alegato sostuvo que los fiscales cometieron “prevaricato”.
Báez está acusado por supuesta “asociación ilícita agravada por su calidad de organizador y partícipe primario de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública”.
Una vez que finalice la defensa de Báez en la audiencia del martes de la semana próxima, los alegatos seguirán con los últimos cuatro imputados, entre ellos el del extitular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti, con pedido fiscal de 10 años de prisión.
En la causa se debate el supuesto direccionamiento de 51 obras públicas en la provincia de Santa Cruz a favor de empresas de Báez, además de presuntos incumplimientos y sobreprecios.
