“Queremos hacernos cargo de un problema de salud pública que existe hoy en Argentina. Uno debe gobernar sobre una realidad y la realidad es que en Argentina tenemos al menos 370 mil abortos clandestinos por año y mujeres que quedan afectadas en su salud y otras mueren a causa de ello”. La frase la repite VIlma Ibarra una y otra vez cuando intenta explicar el motivo por el que el Gobierno Nacional envió el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) al Congreso junto con el de “Mil días”.
La secretaria Legal y Técnica de la Nación brindó una conferencia de prensa para medios del interior del país para despejar dudas sobre los puntos más discutidos y generar consensos para su aprobación.
-¿Cómo es la construcción de consensos para su elaboración como para su tratamiento?
-Los consensos los estamos construyendo, somos muy optimistas pero no tenemos nada garantizado. El Presidente va a buscar sancionar las dos leyes porque nos hacemos cargo de un problema de salud pública importante y que lleva una gran demora en Argentina. Presentamos un proyecto que es muy claro, que recoge las mayor cantidad de demandas y reclamos para poder garantizar a la mujer una presentación muy cuidada.
-¿Qué cambió ahora respecto de 2018, cuando un proyecto similar fue rechazado?
-En 2018 tuvimos media sanción pero no pudimos lograr la sanción completa. Ahora necesitamos que se apruebe para evitar muertes evitables, afectaciones en la salud de las mujeres a causa de abortos mal practicados y sacar de la clandestinidad al aborto. Vamos a hacer una convocatoria para explicarles la ley. Queremos que las mujeres que quieren para sus vidas el proyecto de maternidad, sientan que el Estado está a su lado y que también estará al lado de aquéllas que han tomado la decisión de interrumpir un embarazo no intencional. Hasta la semana 14, el aborto se practica con métodos seguros y, después de esa semana, ya no se considera legal y se establece una pena muy baja (de tres meses a un año) que puede ser dejada de lado ante circunstancias especiales acreditadas. Tenemos allí también una mirada humanitaria planteada respecto de la situación.
-Dada la clandestinidad de la práctica sabemos que hay un déficit en cuanto a cifras oficiales. ¿Con qué datos cuentan actualmente y qué usaron para elaborar el proyecto?
-No hay cifras oficiales en cuanto a la cantidad de abortos, sino que hay estimaciones. Lo que tenemos como oficial son las cifras de los egresos hospitalarios por año a causa de abortos que son entre 38 mil y 40 mil en el país. Por su parte, en 2005 se hizo una estimación a pedido del Ministerio de Salud, que está validada por métodos internacionales y que calcula, a través de egresos hospitalarios, que hay como mínimo 370 mil abortos clandestinos por año en Argentina. Es una cifra enorme y que nos interpela. En Argentina se puede acceder a abortos en condiciones de seguridad pagando un precio alto porque además hay un negocio detrás del aborto clandestino.
-¿Quiénes son las que acuden a esas prácticas?
-Generalmente las más vulneradas en sus derechos y en sus recursos, acuden a situaciones dramáticas para interrumpir sus embarazos. Van allí vulneradas, asustadas, solas porque no pueden acudir a sus familias y en esa desesperación saben que pueden ir presas, su embarazo prosigue y terminan teniendo abortos con embarazos avanzados que ponen en riesgo su salud. A veces queda dañado para siempre su aparato reproductivo. Ante esta realidad no podemos hacer de cuenta que no pasa nada. Desde la recuperación de la democracia tuvimos más de 3.000 mujeres que perdieron la vida a causa de abortos. Son muertes evitables que nos tienen que doler e interpelar.
-¿Cómo será el impacto en los costos para el sistema de salud?
-Las estimaciones que nosotros hacemos también se acercan a que de manera legal y una vez que se ponga el marcha el sistema -que llevará un tiempo-, se va a disminuir el impacto económico en el sistema de salud. Además de la reducción de los costos debido a que se prevé menos atenciones por complicaciones que hoy están llegando al sistema de salud, también creemos que van a disminuir la cantidad de embarazos no deseados y, por ende, la cantidad de abortos. Es algo que se vio en Uruguay, en la ciudad de México donde la práctica ya es legal. El aborto practicado hasta la semana 14, en forma segura y con métodos validados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es una forma segura que han bajado enormemente la mortalidad y la afectación de la salud de las mujeres.
-¿Cómo se articulará el trabajo con la Educación Sexual Integral en caso de que se sancione la ley?
-La Educación Sexual Integral es central para disminuir los embarazos no intencionales y también debe ir acompañada de una mayor visibilización y de trabajo sobre las violencias hacia las mujeres y los abusos sexuales. Hay una cantidad de embarazos adolescentes y de niñas que nos alarman. La mayoría son abusos intrafamiliares o producto de relaciones muy dispares de poder. Las niñas no pueden volver a sus casas diciendo: estoy embarazada o voy a abortar. Deambulan solas con embarazos que avanzan.
El Código Penal hoy establece a la violación dentro de las causales del aborto legal. Vamos a trabajar con las intendencias, gobiernos provinciales para llevar la ESI a las escuelas, para trabajar en campañas que den cuenta de la gravedad de los abusos a niños y niñas. Es un trabajo que es urgente pero que requiere consistencia en el tiempo. / La Voz del Interior.
Cómo es el proyecto Mil Días para acompañar en el embarazo
Vilma Ibarra dejó en claro que el objetivo del Gobierno es que el Estado acompañe a las mujeres en sus decisiones, ya sea la de materna y asistirla durante el embarazo y los primeros años de vida de su hijo o hija, y también acompañar a quienes decidan no hacerlo. Por eso es que envían dos proyectos paralelos:el de IVE y el de “Atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia”, conocido como “Mil días”.
-¿De qué se trata el proyecto de los Mil días?
-Esta propuesta viene de la mano de que el Estado tiene que estar al lado de las mujeres que tienen este proyecto de la maternidad, que es un proyecto muy hermoso en la vida si una mujer ha elegido ser mamá. Queremos acompañarla y que ninguna mujer sienta que el aborto es una opción sólo por falta de recursos. Esta propuesta se suma a los planes existentes y desde una perspectiva de derechos se incorporan como planes permanentes. La idea es que el Estado acompañe a las mujeres y a la infancia en sus primeros días hasta los tres primeros años de vida. Se trata de un programa robusto para ampliar las asignaciones existentes y crear una nueva, que es la asignación para el Cuidado Integral de la Salud. Luego se amplía la Asignación por Embarazo, que pasaría de seis a nueve meses, y se amplía la cantidad de beneficiarios por nacimiento y por adopción que ahora también va a abarcar no sólo a las personas en relación de dependencia sino también a las personas beneficiarias de Asignación Universal por Hijo (AUH).
-¿Qué otros aspectos abarca?
-También se hace un abordaje interesante sobre embarazos de alto riesgo, para su detección temprana de trombofilia y otras enfermedades, donde hay medicamentos y diagnósticos para una detección precoz. Se establece un sistema de alerta temprana para la documentación de niños y niñas recién nacidos. Hay un problema histórico con la documentación en ciertas zonas del país y tener el DNI no sólo tiene que ver con la identidad sino también con el acceso y ejercicio de ciertos derechos.
