El ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Levrino, defendió la compra de chalecos para la Policía. Afirmó que la firma proveedora “no tiene ningún inconveniente”, a pesar de que uno de sus integrantes está investigado por lavado de dinero. Y también sostuvo que el chaleco adquirido “es el que mejor se adapta a la operatividad policial”.
La semana pasada se conoció que Seguridad había adjudicado una compra de 3.809 chalecos a la empresa Armoring Systems SA, por U$S 1.9 millones de dólares. La licitación se realizó el año pasado y generó polémica, debido a que en esta firma aparece el nombre de Gustavo Dorf, un empresario que fue procesado y embargado en la causa Cuadernos.
El proceso estuvo frenado y demorado además por denuncias del ex senador opositor Marcelo Romano, quien cuestionaba, entre otras cosas, la eficiencia del accesorio. Pero Levrino señaló a Los Andes, en contraste, que el producto tuvo el visto bueno de una comisión integrada por el director de la Policía y otros funcionarios que son “licenciados y peritos en balística”.
“Son los mismos policías los que definen el chaleco que tienen que tener”, sostuvo Levrino, y detalló que en la comisión policial “se analizó su funcionalidad en base a cinco puntos: peso, cobertura corporal, flexibilidad, diseño y panel balístico”.
Según el ministro de Seguridad, el modelo que ganó es el que mejor se adaptaba a las necesidades de los uniformados. También afirmó que el proceso de adjudicación se demoró por la homologación de los chalecos, requisito necesario por ser elementos importados y que se realizó en la Facultad de Ingeniería del Ejército.
“Es la cuarta vez que le compramos a esta empresa y vamos a seguir comprando todos los años. Tenemos un cronograma para que haya un chaleco por cada policía y el chaleco vence cada cinco años. Yo tengo la obligación y el deber de proveer todos los elementos necesarios para cuidar a quienes nos cuidan”, agregó Levrino.
Más de 70 mil pesos cada uno
El funcionario abundó respecto de las críticas en materia legal. “Se adjudica a una empresa inscripta como proveedora del Estado nacional y del provincial, que no tiene deuda ni embargo y que es una persona jurídica. La empresa no tiene ningún inconveniente, el problema lo tiene un miembro de la empresa que es persona física”, sostuvo Levrino.
También indicó que el informe de Fiscalía de Estado dijo que no había observaciones legales y se podía proceder con la adjudicación. “Debido a la información que agregamos, Fiscalía sostuvo que a la denuncia había que desestimarla y archivarla”, precisó.
En el Ministerio de Seguridad señalan además que el ex senador Romano replicó las objeciones de una de las empresas oferentes.
Levrino recalcó la necesidad de proveer elementos de seguridad y resaltó que “cuando nosotros nos hicimos cargo, los chalecos policiales estaban vencidos y los efectivos se los prestaban entre ellos”.
Los adquiridos finalmente costaron 500 dólares cada uno, a precio de dólar oficial. O sea, salieron más de 70 mil pesos cada uno.
Sin embargo, según Levrino, paradójicamente los chalecos nacionales son más caros todavía: “Salen alrededor de 800 dólares”, afirmó.
