El 5 de marzo será un día importante para los productores agropecuarios. En la localidad santafesina de Alcorta, la Mesa de Enlace se reunirá para definir una estrategia conjunta y consensuada de cara al proyecto de Ley Agroindustrial que ya está en el Congreso y a la disputa con el Gobierno por las retenciones a las exportaciones.
Allí, a 95 kilómetros al suroeste de Rosario, se reunirán Carlos Iannizzotto, de Coninagro; Nicolás Pino, de la Sociedad Rural; Jorge Chemes, de CRA; y Carlos Achetoni, de la Federación Agraria Argentina. El objetivo central será afinar una estrategia.
La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) viene trabajando en sintonía, pero hay distintas ideas entre las entidades, que representan a productores distintos, de diferentes tamaños y actividades dentro del rubro agropecuario. Y se quieren poner de acuerdo.
Iannizzotto explica que la relación con el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, hoy no es mala. “Solo pasa el tiempo y los problemas siguen allí, el gobierno no establece un plan de producción”, afirma en diálogo con este medio.
El presidente de Coninagro señala que si bien Domínguez le imprimió algo de dinamismo a la cartera, los temas de fondo siguen sin discutirse. Y enumera: la brecha e imprevisibilidad cambiaria con impacto en los precios de los insumos; la inestabilidad de los mercados de consumo por la inflación y los bolsillos cada vez más flacos de los consumidores; la presión tributaria; los derechos de exportación (retenciones); las repentinas intervenciones estatales en los mercados; el empleo; y las leyes de seguro agrícola y de semillas, entre muchos otros temas.
Discusión y convocatoria
Domínguez visitó el miércoles el nuevo Mercado Agroganadero de Cañuelas, junto a dos ministros: uno albertista, Juan Zabaleta; y el otro cristinista, Eduardo De Pedro. Allí, envió un mensaje a los dirigentes rurales: “Siéntense a discutir los temas”. El problema es que la lista de temas que pretenden de cada lado del mostrador no es la misma.
De allí, Domínguez fue al Congreso, junto al secretario de Agricultura, Jorge Solmi, y al secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, Luis Contigiani. Los recibió Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados. En una gran mesa se sentaron con el Consejo Agroindustrial Argentino, entidad que ha dialogado hasta con la vicepresidenta Cristina Kirchner en su despacho del Senado.
Por el sector privado estuvieron Alfredo Paseyro (ASA), Agustin Tejeda (Bolsa de Cereales), David Miazzo (FADA), Martin Rosenkjaer (CLERA), Adolfo Franke (Cámara Porcinos), Roberto Domenech (Cámara Ind. Procesadora Avícola - CEPA), Dardo Chiessa (Mesa Nacional de Carnes), Silvina Campos Carles (ConInAgro).
“Quiero dejarles una certeza que también es una definición política: un campo industrializado es el mejor aliado que el país necesita y puede tener”, dijo Massa. Este encuentro sirvió como puntapié inicial para el tratamiento del proyecto de Ley de “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador”.
Si bien el proyecto está en el temario de sesiones extraordinarias elaborado por el Gobierno, el tema se resolverá en el período ordinario que comenzará el 1 de marzo con la Asamblea Legislativa. En el oficialismo aseguran que no tienen apuro dado que quieren escuchar “a todos los sectores”.
“Esta ley tiene la enorme virtud de construcción de consenso entre el sector público y privado. El Gobierno y el campo no son enemigos sino que se pueden poner de acuerdo y dar una política de estado a diez años o más que permita promover la generación de valor agregado, empleo y aumento de exportaciones”, agregó Massa.
Las retenciones, a la Justicia
Nicolás Pino tiene dudas sobre el proyecto de ley, porque –señala- la Sociedad Rural no participó en la redacción, aunque hay legisladores que ya le empezaron a pedir a la entidad que opine. Para él, el proyecto es “es un parche más que está lejos de ser la ley que el sector agropecuario necesita”, porque beneficia más a la industrialización que a la producción primaria. El presidente de la Sociedad Rural tiene, hoy, el foco puesto en la situación de “emergencia” que viven los productores. Y también sobre un tema de fondo: las retenciones, su vigencia y legalidad.
Los abogados de la Sociedad Rural están elaborando una demanda judicial. La decisión será puesta sobre la mesa de la CEEA el 5 de marzo. Pino asegura que el gobierno de Alberto Fernández perdió la potestad de fijar retenciones el 31 de diciembre cuando “cayeron las facultades delegadas por el Congreso en 2019 a través de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva 27.541″.
Según la lectura jurídica de la Rural, el permiso que le dio el Congreso a la Casa Rosada para modificar las retenciones ya no está. Incluso, entienden, las retenciones que se están cobrando actualmente son ilegales. Y tampoco el Gobierno puede fijar nuevas alícuotas a través de una resolución o un decreto. Con este criterio están trabajando en la presentación.
Aquella ley 27.541 había dado a Fernández la posibilidad de elevar las retenciones hasta un tope del 33% para la soja, nivel que fue alcanzado en marzo de 2020; y hasta el 15% para el trigo y maíz, que actualmente están abonando un 12%. El último párrafo del artículo 52 de la norma aclara que el Poder Ejecutivo podía “ejercer estas facultades hasta el 31 de diciembre de 2021″.
Pino señala: “La Constitución Nacional es clara cuando dice que los tributos tienen que ser avalados por una ley. Y hoy no hay ley. Por lo tanto, sin ley no puede haber tributo. Y eso lo tienen que tratar los legisladores”. En el Gobierno responden que las retenciones no son un impuesto sino un derecho de exportación que puede establecer el Ejecutivo.
Iannizzotto no ve una solución en la judicialización, pero aclara que la SRA está en su derecho de avanzar por esa vía. “La salida es política. Judicializarlo no tiene ningún piso de posibilidad de resolución más o menos seria y rápida. El productor está pensando como mantiene la chacra en pie, afectado por la sequía o las inundaciones, por los incendios”, dice.
“Siempre Coninagro ha manifestado que la forma de poder ordenar el tema impositivo no son las retenciones, sino el impuesto a las ganancias porque es el más justo, equitativo y distributivo”, responde Iannizzotto al ser consultado sobre cuál podría ser la solución para una disputa que lleva casi quince años.
Achetoni no ve probable que el Gobierno vaya a ceder en la idea de reducir las retenciones a la soja, el maíz y el trigo. El dirigente de la Federación Agraria señala que para el caso, el tema debería pasar por el Congreso. Pero también hay un contexto: la exigencia que tiene el Gobierno de reducir el déficit fiscal para cumplir con el acuerdo con el Fondo Monterio Internacional (FMI).
“El 5 de marzo, en Alcorta, vamos a confluir las entidades para ver las problemáticas y cómo enfrentarlas, tanto en el Congreso como con el Poder Ejecutivo”, señala Achetoni. E indica que más que la soja o el maíz, lo que más le preocupa a la CEEA son las economías regionales, que no tienen un impacto económico de gran escala, pero generan puestos de trabajo en los pueblos del interior.
Con esta última idea coincide Iannizzotto. La semana que viene, Coninagro publicará un nuevo informe del Semáforo de las Economías Regionales. “El mismo mostrará que 15 sectores están en rojo porque el precio al productor no ha subido más allá del 30% y tenemos una inflación que está bordeando el 60%”, anticipó el presidente de la entidad a este medio.
En ese contexto, Iannizzotto cree que la ley de fomento del sector agroindustrial es un buen avance. “Creemos que dará la posibilidad de crear más trabajo y valor agregado”, dice y destaca que el proyecto establece la amortización acelerada para inversiones realizadas en bienes muebles y permitirá a los productores descontar hasta 50% del de las facturas por compra de semillas fiscalizadas, fertilizantes, insumos biológicos y gastos en genética y sanidad ganadera del impuesto a las Ganancias.
