Este jueves Magdalena Espósito Valenti y Abigail Pérez fueron condenadas a cadena perpetua por el asesinato del pequeño Lucio Dupuy. Este crimen causó gran conmoción y se cataloga como uno de los más resonantes en la historia criminal del país. Tal es así que el Senado deberá decidir si concreta la sanción de la ley Lucio. El proyecto ingresó dentro de la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias, junto con otros 27 proyectos, convocadas desde el 23 de enero hasta el 28 de febrero.
El proyecto ya recibió la media sanción de Diputados por unanimidad con 228 votos (29 ausencias). La propuesta establece la capacitación obligatoria sobre derechos y violencias contra las infancia y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, detalla Ámbito.
En ese sentido, se estipula que el Poder Ejecutivo nacional, en coordinación con el Poder Judicial, elabore un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, organismos administrativos de niñez y jueces con competencia en familia. La finalidad del protocolo es unificar las vías de acción a nivel nacional y la coordinación de los entes provinciales y estatales de actuación, así como garantizar el acceso a la Justicia para niños, niñas y adolescentes.
Algunos de los principios fundamentales de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La autoridad de aplicación de la ley será la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que deberá elaborar los contenidos del Plan Federal de Capacitación en articulación con el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia.
Puntos claves del proyecto
- Capacitación a empleados del Estado que trabajen en relación a la niñez “para darse cuenta si un chico es víctima de abuso”. De hecho, el papá de Lucio, Cristian Dupuy solicitó su custodia porque el nene padecía violencia física y psicológica, pero la Justicia desoyó su pedido y determinó que siga viviendo con la madre.
- Los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos o privados y todo agente o funcionario público podrán denunciar de forma anónima las vulneraciones a los derechos de los niños.
La ley 26.061 obliga al personal de salud y la educación a denunciar pero por miedo a posibles represalias, muchas veces no lo hacen, detalla Clarín.
- Campañas semestrales de concientización sobre violencia y vulneración de derechos de niños y adolescentes. La modalidad de la capacitación podrá ser online o presencial. La cantidad de horas y otras cuestiones serán definidas por el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia (Cofenaf) y la Secretaria Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
