La “ley ómnibus” ya tiene fecha de tratamiento en la Cámara de Diputados: será el miércoles desde las 10 y las estimaciones del titular del cuerpo, Martín Menem, hablan de un debate de 40 horas. El retiro del capítulo fiscal apagó un foco de conflicto pero quedan varios frentes abiertos, como la delegación de facultades y la privatización de empresas.
Apremiado por el presidente Javier Milei, Menem intentaba sesionar el martes, pero postergó la sesión un día para ajustar las negociaciones. El oficialismo tendría garantizado el número para abrir la sesión y aprobar el proyecto en general, pero la verdadera pelea se dará en el tratamiento en particular, donde varios artículos están a tiro de ser modificados o hasta podrían caer.
Por el despacho de Menem desfilaron este lunes el asesor presidencial Santiago Caputo, diputados oficialistas y de la oposición aliada. El titular de la Cámara convocará a los jefes de bloque este martes para ordenar la sesión y definir si habrá un cuarto intermedio. La oposición más dura, que impugna el dictamen, irá a la reunión y empezará a mostrar los dientes. Será un adelanto del clima en el que se desarrollará la discusión.
Cerca de Menem resaltaron el resultado de las negociaciones y garantizaron que el ajuste se hará. “Conseguimos una propuesta inmejorable. No estamos alterando el norte de la libertad y el equilibrio fiscal. Tenemos las herramientas para hacerlo igual sin la ley. Cómo queda, se va a resolver en el recinto”, afirmaron allegados al presidente de Diputados.
El dictamen firmado tiene 525 artículos, pero en la versión que se redactó el fin de semana con el PRO y la UCR, ya sin el paquete fiscal, quedaron en pie 386. De esos artículos, muchos sufrirán modificaciones, que serán anunciadas en el recinto por el cordobés Gabriel Bornoroni (La Libertad Avanza), presidente del plenario de comisiones donde se trató el proyecto.
El retiro del capítulo fiscal (que incluía, entre otros temas, la suba de retenciones y el cambio en la movilidad jubilatoria) no descomprimió del todo la tensión, que ahora se centra en la delegación de facultades y la privatización de empresas.
“El Gobierno no ha aprovechado que tiene la predisposición de muchos bloques con capacidad para generar mayoría. Por el contrario, ha decidido una confrontación abierta”, planteó Nicolás Massot, de Hacemos Coalición Federal, el bloque integrado por la Coalición Cívica, el cordobesismo, el socialismo y otros espacios.
En términos menos duros, el jefe del bloque radical, Rodrigo De Loredo, aseguró: “Soy optimista en cuanto a que lo que va a salir va a ser una gran reforma en la legislación argentina. Si a unos les parece que se sacó poco, a otros les va a parecer que sacó mucho”.
El cordobés quiere evitar que la UCR no se fracture a la hora de votar, como sucedió con la firma del dictamen, donde un sector no acompañó el del oficialismo y ahora podría abstenerse. “En lo más importante, en darle los instrumentos a un gobierno que recién asume, estoy trabajando para que el radicalismo vote de forma unificada”, dijo.
El semáforo libertario
La Libertad Avanza imitó la táctica de los bloques “colaborativos” y armó un “semáforo” de dos colores: en violeta marcó los temas que consideran “cerrados” y que deben acompañarse, y en amarillo, los que están “dispuestos a sacar si no hay acuerdo que garantice aprobación”.
Los ítems pintados de amarillo son seis: los artículos sobre pesca, biocombustibles, transición energética, impuestos internos, divorcio simplificado, contratos de franquicias, suministro y concesiones. Todo lo demás figura en violeta, incluso las privatizaciones, un tema que sigue abierto y con dudosas chances de prosperar.
El dictamen habilita la privatización total de 36 empresas, y parcial de otras tres (Banco Nación, Nucleoeléctrica y Arsat). Figuran en dos anexos separados, y en todos los casos bastaría con el aval de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones.
Hacemos Coalición Federal propone aumentar la injerencia del Congreso: que los dictámenes de la bicameral tengan que salir en un plazo máximo de 30 días corridos y luego ser refrendados en ambas cámaras. En el bloque de Pichetto trabajaban para unificar criterios con la UCR.
De Loredo, por su parte, ratificó que está de acuerdo en “salvar” empresas como el Banco Nación, Arsat e YPF, pero abrió la puerta a casos como el de Fabricaciones Militares. “Tenemos una postura caso por caso. Vamos a tratar de salir de la lógica del todo o nada”, dijo el jefe del bloque.
Por otra parte, hay una puja para recortar aún más la cantidad de emergencias, que determinan las áreas en las que Milei gozará de facultades extraordinarias.
El acuerdo alcanzado el fin de semana con el PRO y la UCR era sostener las emergencias económica, financiera, fiscal, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa, y eliminar las de salud, defensa, social y previsional. El bloque de Pichetto también quiere podar las emergencias en seguridad, tarifaria y energética.
En otro orden, se quitará la autorización para vender las acciones de empresas privadas en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses. Ahora solo se podrá liquidar la deuda pública que forme parte de la cartera.
Asimismo, el Poder Ejecutivo aceptó retirar los artículos que modificaban el financiamiento de las campañas electorales, para (entre otras cosas) reducir el aporte estatal y eliminar el tope de aportes privados. Ya se había dado marcha atrás con la implementación del sistema uninominal y la eliminación de las PASO.
Marcha y rechazo
Unión por la Patria se prepara para denunciar vicios de nulidad del dictamen y podría exigir la vuelta a comisiones. “Ninguno de los 55 diputados que firmaron el dictamen conocían el texto que firmaban. Y ninguno de los 257 diputados comenzarán la sesión conociendo qué es lo que se va a poner en votación. Es el mayor bochorno parlamentario desde la Ley Banelco”, advirtió Germán Martínez.
El Frente de Izquierda, en tanto, estará en las calles en el marco de una movilización donde también participarán diferentes colectivos sociales afectados por el “megaproyecto” y el DNU de desregulación económica. “El control de la protesta social en la ‘ley ómnibus’ demuestra que el resto del proyecto para ellos es importante”, planteó Myriam Bregman (PTS) refiriéndose a las reformas del Código Penal.
