Este sábado se cumplirá un año desde la presentación de dos proyectos importantes de la gestión de Rodolfo Suárez, que todavía no tienen debate en el recinto legislativo. Ambos están relacionados con el ordenamiento del Piedemonte mendocino y uno de ellos reemplazará -si se aprueba - a la actual ley, que está desactualizada. Las iniciativas pretenden regular y ordenar todo el desarrollo en esa zona tan importante para la provincia, que durante años ha crecido de manera desregulada, incluso avanzando en lugares de alto riesgo aluvional.
Las propuestas fueron presentadas el 29 de mayo del 2020 y ambas cumplieron ya varios meses de estudios técnicos, ya que durante la gestión de Alfredo Cornejo, la secretaría de Ambiente, cuyo titular es Humberto Mingorance, estuvo trabajando en el tema. La pandemia, la crisis económica y otras situaciones coyunturales, provocaron que la Legislatura dejara temporalmente de lado estos proyectos. Sin embargo, uno de ellos, el que plantea un ordenamiento de la zona, podría tener novedades la semana que viene.
Ernesto Mancinelli, senador de Libres del Sur y titular de la comisión de Ambiente, es quien lleva el liderazgo de esta iniciativa, llamada “Ley de pautas de manejo y disposiciones específicas para la planificación integrada y sostenible de la Precordillera y Piedemonte del Área Metropolitana de Mendoza”. En diálogo con Los Andes, admitió la tardanza en buscar el tratamiento legislativo sobre tablas, pero expresó que este lunes podría haber avances positivos para su sanción.
El legislador recordó que el proyecto tuvo algunas modificaciones durante este 2021, sobre todo provenientes de la dirección Hidráulica, pero insistió en que “ya está listo para ser tratado en el recinto”. En tanto, la otra propuesta, que establece zonas de áreas protegidas también en el Piedemonte, se tratará una vez que se dé aprobación al primero.
A la espera de la luz
Según los cálculos de Mancinelli, la Comisión de Labor Parlamentaria de la Cámara Alta propondrá este lunes que se establezca una comisión conjunta entre Ambiente, Hacienda y Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC); para votar en el despacho esa misma semana y que esté listo para ser tratado sobre tablas en la sesión del 8 de junio.
“Con el resto de los legisladores de las comisiones ya hemos tenido contacto y conocen la letra fina del proyecto. Creemos que rápidamente se puede sacar despacho y votarlo”, analizó Mancinelli.
El legislador espera también tener la aprobación de la oposición, teniendo en cuenta que “todo ha sido debatido e incluso se han agregado algunas sugerencias propuestas de otros partidos”. No obstante, desde el PJ señalaron que “no han habido avances en la comisión” y se mostraron sorprendidos por los últimos movimiento del oficialismo.
Algunos de los pedidos realizados por la oposición se centraron en lo que se llamaría “Unidad Interjurisdiccional Piedemonte”. Esta sería, según establece el artículo 6 del proyecto, la autoridad de aplicación que decidirá qué se podrá hacer y qué no, en base a los lineamientos de la ley.
La primera solicitud por parte del PJ, que esté integrada por miembros de cada una de las intendencias del Gran Mendoza, fue que se considere que “todo lo que se resuelve aguas arriba (por el Piedemonte), impacta aguas abajo”.
La propuesta peronista era que, además de Godoy Cruz, Luján, Las Heras y Capital (los cuatro departamentos que son del Piedemonte), pudieran haber miembros (Unidad Interjurisdiccional ) vinculados a su partido, como las intendencias de Maipú y Lavalle. No obstante, este pedido no fue aceptado por el oficialismo.
Acto seguido, el PJ presentó otra propuesta, que consiste en que haya al menos un miembro del Departamento General de Irrigación. Esta opción sí fue avalada por Cambia Mendoza.
De esta manera, la Unidad estará integrada (si se aprueba el proyecto) por dos miembros de la agencia provincial de Ordenamiento Territorial, uno por la unidad de Evaluaciones Ambientales de la Secretaría de Ambiente, otro por la dirección de Hidráulica, el miembro propuesto de Irrigación; y un titular y un suplente por los cuatro municipios donde está la zona del Piedemonte.
En tanto, tal como aclaró días atrás Mingorance, esta nueva ley “daría más precisiones y terminaría con algunas cuestiones que durante años han ocurrido por falta de control”, como por ejemplo, la construcción en áreas de riesgo aluvional sin la aprobación municipal, que han desembocado en millonarias multas para los emprendedores.
Para el funcionario, este proyecto, como el otro que crea un área natural protegida en el Piedemonte (y que se tratará una vez se dé luz verde a éste primero), otorga reglas claras en lo que respecta a qué se puede hacer y qué no en la zona.
Puntos importantes
El objetivo principal del proyecto, en términos generales, es establecer zonas y sub-áreas en el Piedemonte en las cuales, según su peligro aluvional (muy alto, alto, medio, bajo) no puedan desarrollarse proyectos inmobiliarios. Sería el caso por ejemplo de los cauces aluvionales. Al mismo tiempo, se definirían otras regiones que sí podrían ser urbanizables, ya que son seguras desde el punto de vista aluvional.
La iniciativa propone también una limitación de urbanización, que no podrá exceder la curva de nivel de cota de 1.150 metros sobre el nivel del mar (en una zona de Luján será de 1.200) debido a que por arriba de ese punto se dificulta la construcción de infraestructuras de servicios, como el agua potable.
La propuesta se vincula además con el proyecto que propone la creación de un área natural protegida. Su tratamiento está más demorado, ya que aguardarán para aprobar el proyecto “madre” de ordenamiento de la zona.
En base a estos lineamientos, se establecerán zonas con condiciones ambientales “de suma importancia para la conservación de los ecosistemas y para los servicios que brindan a la sociedad mendocina”.
En este sentido, se zonificarán espacios de “Reserva de Paisaje Protegido”, que abarcará a lugares que permitirán “usos recreativos, de esparcimiento y turismo”, con la necesidad de mantener la calidad del paisaje “mediante prácticas de ordenamiento adecuadas”.
Las complicaciones o puntos delicados de este proyecto son terrenos que estarán “sujetos a expropiación” en el Piedemonte, para evitar la expansión urbana y proteger los recursos naturales; y otros sectores donde se aplicará la “restricción al dominio” para “reservar los usos del suelo existentes a los objetivos propuestos para el área, bajo control por parte del Estado”.
Desde la Legislatura destacaron que estas acciones vinculadas con las expropiaciones, han sido la piedra en el zapato de esta iniciativa, que aún tiene que ser debatida en la propia comisión.
