El Partido Justicialista lanzó hoy su ofensiva contra el Gobierno Provincial con una denuncia ante la Justicia para que se investigue si hubo o no una comisión de una serie de delitos graves por parte del Gobierno Provincial, tras conocerse la polémica del subsidio por $18 millones que iban a ser entregados a la fundación Acción Social, cuyo presidente es el ex senador y aliado político Héctor Bonarrico; y que dio de baja el gobernador, Rodolfo Suárez, al conocer dichos del pastor, quien aseguró que había tratado de un “acuerdo político” entre las partes a cambio de que él bajara su precandidatura a legislador nacional el año pasado.
Fue la presidenta del PJ, Anabel Fernández Sagasti, quien se presentó esta mañana junto al apoderado del partido, Carlos Blanco, en el Polo Judicial. Allí radicó la denuncia, que quedó en la fiscalía de Delitos Económicos n.º 7, bajo la órbita del fiscal Flavio D’Amore.
Qué fiscal investigará el caso Bonarrico
Si bien D’Amore tiene en sus manos una gran cantidad de causas, en términos políticos tiene relevancia porque es quien actualmente heredó la causa Tupac Amaru, luego de todos los cambios y modificaciones que ocurrieron mientras se ha estado llevando a cabo la investigación.
D’Amore fue nombrado como magistrado en la gestión de Alfredo Cornejo,. El letrado de 37 años fue fiscal de Homicidios; y el procurador Alejandro Gullé dispuso su traspaso a la fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos.
No obstante, hay una posibilidad de que la causa pueda pasar a manos del fiscal Hernán Ríos, quien estaba de turno la semana pasada cuando estalló el escándalo, con el decreto 684 publicado el jueves; y su inmediata derogación el viernes.
Según comentaron a Los Andes, el fiscal en jefe de Delitos Económicos “ya había dado directivas de oficio el viernes a primera hora antes de las denuncias”.
Ríos también tiene causas importantes en términos políticos. Por ejemplo, es quien investiga al ex jefe de la Policía Roberto Munives y su pareja, Mónica Delsouc; quienes participaron de una expedición personal al Aconcagua sin pase sanitario. Ese viaje le costó el cargo al ex funcionario.
Un dato relevante es que ninguno de los dos fiscales es identificado en alguno de los bandos de la conocida grieta judicial.
Fuentes judiciales confirmaron igualmente que se acumularán los expedientes de la investigación del caso Bonarrico, por lo que se entiende que el fiscal que tenga la denuncia peronista en sus manos, tendrá también la que el Gobierno formulará al pastor por “tentativa de fraude al Estado”.
La denuncia
Los apuntados según la denuncia, a la que accedió Los Andes, son el gobernador Rodolfo Suárez, el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez; el presidente de la UCR, Tadeo García Zalazar; el pastor Bonarrico; y el tesorero de la Fundación, Eduardo Erario.
Entre los delitos que se asegura por parte del PJ que se cometieron, o que al menos tienen sospecha, son los siguientes:
- a) Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (Art. 265 del CP), delito que se configura ante el involucramiento en contratos u operaciones públicas para beneficio propio del funcionario que debe intervenir.
- b) Enriquecimiento ilícito de funcionarios (Art. 268 (2) CP);
- c) Malversación de caudales públicos (Art. 261 segundo supuesto CP).
- d) Cohecho y tráfico de influencias (Art. 256 CP).
Sobre ellos, en tanto, se pide que se investigue si hubo comisión de otros delitos además de los que se nombraron.
Argumentos del PJ contra el Gobierno por la causa Bonarrico
En los antecedentes de la denuncia, se cita a varios medios de comunicación respecto a los argumentos con los que sostiene el peronismo que las declaraciones de Bonarrico son ciertas, y que efectivamente hubo un “acuerdo político” que, según palabras del pastor, serían el subsidio a la Fundación a cambio de bajarse de la precandidatura.
Entre esas notas, aparecen declaraciones del pastor lanzándose a diputado nacional; y días después, luego de una reunión en la que estuvo presente García Zalazar, entre otros, Bonarrico renunciaba a disputar como precandidato.
La lógica de la presentación del peronismo aduce que “se deduce que si Bonarrico iba a presentarse a elecciones a través del Partido Movimiento de Acción Social (Masfe) y no lo hizo por los acuerdos políticos celebrados con Cambia Mendoza, a través de esta donación a la Fundación Acción Social, se le estaría ‘pagando’ el hecho de que haya renunciado a participar de las elecciones”
Por otro lado, marcaron que Suárez, al conocerse las declaraciones la semana pasada sobre ese supuesto acuerdo, decidió dar marcha atrás con el subsidio “quizá reconociendo el error o admitiendo el delito”.
No obstante, acotaron que dicha derogación del decreto “de ninguna manera se puede entender como una causal que genere falta de responsabilidad por parte de los miembros del Gobierno, toda vez que deja abierta la posibilidad de la Fundación Acción Social a iniciar las acciones pertinentes al cumplimiento del acuerdo o en su caso al resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados”.
En tanto, según consta en los fundamentos de la denuncia, para el peronismo, el Gobierno tiene la estrategia de “desviar” la investigación que tiene en su contra “y culpar solamente a Bonarrico”, con la denuncia que se presentará, en principio, esta semana.
Entonces dispararon contra Ibáñez: “este Ministro ha firmado todos y cada uno de los actos en los que se funda la denuncia. Si Bonarrico ha cometido un delito, Ibáñez ha sido coautor del mismo necesariamente. Es totalmente absurdo el planteo de desconocer cuál ha sido la motivación del convenio de colaboración que no es más que el acuerdo político y electoral que realizaron para defraudar al Estado”.
Mientras tanto, desde el Gobierno se limitaron a decir a este medio que la denuncia “no tiene ningún asidero” y que “es sólo política lo que quieren hacer” desde el peronismo.
El PJ pide más información sobre posibles subsidios a medios de Bonarrico
Por otro lado, más allá de algunos requerimientos que hizo el PJ para agregar a la causa, se solicitó a la Justicia que requiera al Gobierno Provincial “que informe qué importe destina a pauta publicitaria para los medios Kingdom TV y FM Shalom y acompañe los expedientes donde consten las respectivas imputaciones y pagos”.
Según datos proporcionados por el peronismo, estos dos medios de comunicación pertenecen al pastor. De hecho, Kingdom TV aparece con un enlace que sale de la propia web de Bonarrico; mientras que lo mismo ocurre con FM Shalom.
“Hasta las últimas consecuencias”
En diálogo con los medios de comunicación esta mañana, la legisladora kirchnerista declaró que irán “hasta las últimas consecuencias para saber si es un hecho aislado la posible compra de la voluntad de Bonarrico para que vote leyes y se baje de la candidatura, o es un modus operandi del Gobierno Provincial”.
La Senadora Nacional consideró, por su parte, que la denuncia que prepara el Poder ejecutivo contra el pastor, y que fue adelantada por el ministro Ibáñez, es una “jugada distractiva para que los mendocinos se confundan y distraigan del real hecho”.
“Lo grave es que querían pagar $18 millones, según dijo Bonarrico al aire en una radio, a cambio de bajarse de una candidatura y un acuerdo político, lo cual es gravísimo”, marcó.
