La semana pasada el Gobierno provincial anunció el adelantamiento de las reuniones paritarias al mes de febrero, minutos después de que se conociera el estruendoso índice inflacionario del 25% que tuvo el mes de diciembre de 2023, que llevó a que el acumulado anual fuera del 211% a nivel país y del 216% a nivel provincial.
En ese marco, un día después el gobernador Alfredo Cornejo les pidió “sensatez” a los gremios estatales y les advirtió que la recaudación de la provincia está “en baja”, por lo cual las propuestas que llegarán a la mesa se verán limitadas.
Si bien se mostraron conformes con el adelantamiento de las negociaciones, los tres grandes gremios que nuclean a los trabajadores del sector público; la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) y la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (Ampros); salieron con los tapones de punta contra el mandatario provincial por esa advertencia y desestimaron el pronóstico de la recaudación.
Además, esperan el cronograma oficial con la fecha para cada reunión y sostienen que en diciembre perdieron el 20% del poder adquisitivo, sin contar la devaluación del peso y que el índice de precios podría repetir en enero un porcentaje similar a diciembre.
El adelantamiento
El secretario general de ATE, Roberto Macho, consideró en diálogo con Los Andes que “el adelantamiento no es nada nuevo. Es un devenir, ya se había discutido en las mesas técnicas de diciembre adelantarlas a fines de enero o principios de febrero, porque todos sabíamos que la inflación iba a estar por encima del 20%. Frente a eso lo que se hizo fue flexibilizar un poco”.
“ATE había solicitado no solo el adelantamiento, sino también un bono para el mes de diciembre-enero para paliar un poco la crisis que se está viviendo. Cuestión que no se otorgó por el Gobierno”, comentó.
Por su parte el secretario gremial del Sute, Gustavo Correa, le indicó a este medio que “al día de hoy ya están vencidos los plazos de la paritaria porque se superó el 12% de la cláusula”, que regía para adelantar las negociaciones (pautadas para abril) sí la inflación acumulada entre enero y febrero cruzaba ese umbral.
“Era inminente esta situación y está bien que nos convoquen para la primera semana de febrero porque hay que resolver el desfasaje que vamos a tener. Nos parece razonable, pero nos preocupa el ofrecimiento que lleven. Con el 5,8% en enero no vamos a resolver el problema que tuvimos en diciembre”, analizó.
Y dijo que “la proyección de la base de cálculo de enero es del 26%, sumado a otro 22% de febrero y un porcentaje similar para marzo. El primer trimestre será altamente conflictivo en ese sentido”.
Mientras que la secretaria general de Ampros, Claudia Iturbe, comentó que resultaba “imprescindible y prioritario que se adelante la paritaria. Nosotros lo habíamos pedido y es preventivo para lo que puede llegar a pasar, si el salario cae mucho. Sabemos que ya tenemos una pérdida del 70%. Si el promedio ha sido del 140% y la inflación fue del 211%, hay ese porcentaje de pérdida del poder adquisitivo”.
La recaudación y la “sensatez”
El gremio que peor se tomó la advertencia de Cornejo fue el Sute. Correa respondió al respecto: “Me parece que la sensatez se la tenemos que pedir nosotros al Gobierno y decirle a Cornejo que deje de amenazar públicamente todo el tiempo. La primera sensatez es respetar el diálogo en la mesa que corresponde. Es muy difícil construir de esta forma. No es una buena manera de pedir nada”.
Además, dijo con ironía que “la recaudación está atada también al sector público, porque lo que hacemos los trabajadores estatales no es abrir una cuenta en Panamá y depositar el dinero allá, es un circuito circular”.
“Ellos tienen una actualización en la obra pública que no la repiten con los trabajadores, por ejemplo. Les actualizan a los empresarios amigos a un ritmo con el que nosotros no y quieren discutir sistemas de recaudación”, criticó el sindicalista. En referencia a las proyecciones de inflación que mencionó más arriba, consideró una “irresponsabilidad” arriesgar un porcentaje de base para sentarse a negociar en este momento.
Por el lado de ATE, Macho minimizó en principio la advertencia oficial y dijo que “todos los años el gobernador de turno dice lo mismo, ya sea él, Suárez u otro”. Y sostuvo que la negociación paritaria “no es una cuestión de sensatez, sino que el trabajador tiene que llegar a fin de mes para comer, él y su familia”. Entonces mencionó los aumentos del boleto del colectivo y que los precios en algunos productos de la canasta básica se incrementaron un 200%.
Además, manifestó que otra variante importante es la “devaluación del 100% de nuestro peso”. Por lo que calculó que los estatales se encuentran un 120% por debajo de sus posibilidades (entre devaluación e inflación), pero a la vez admitió que no podrían pedir tal incremento salarial porque sería rechazado de plano. “Ese es el real aumento que necesita un extracto social de los trabajadores”, sostuvo.
Para Macho, la provincia “tiene más de 100 mil millones en plazos fijos en este preciso momento” y manifestó que, al ser una provincia petrolera, la recaudación en dólares también se incrementó por las regalías en esa moneda.
Sobre este punto, vale decir que el Gobierno provincial espera una resolución de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) por un reclamo de regalías mal liquidadas por YPF, que rondaría los U$S 250 millones, tal como señalaron en un informe de Los Andes publicado este lunes.
Por último, desde Ampros, Iturbe dijo que “sensato es pensar que no se puede ir ni un profesional más, hay que retenerlos”. En cuanto a la recaudación, dijo que “en el 2023 fue superior a la inflación, hubo superávit dicho por ellos mismos”.
Y aunque entienda que el gobierno provincial anuncie el riesgo de la baja de recaudación a futuro, Iturbe sostuvo que “el ajuste sobre los profesionales de la salud ya se hizo en el 2020, cuando nos afectaron un 36%”.
Y aseveró que deben “compensar el 2023 para que no haya pérdidas”, como también responder a pases de Mayores Dedicaciones y cambios de regímenes, acordados en las últimas paritarias, que todavía no se concretan. “Hay más de 100 personas esperándolo. Más todas las prestaciones que tenemos desde el 2020, con cerca de mil profesionales contratados en negro”, completó.
