Desde que Teresa Day fue postulada el gobernador Rodolfo Suárez como candidata a integrar la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, el cruce entre peronistas y radicales se corrió de los discursivo y pasó al terreno de la Justicia con la presentación de todo tipo de acciones y vericuetos legales.
Desde declaraciones de certeza, audiencias, pedidos de resolución en pleno y otro tipo de acciones muy lejanas al común de la población. Ahora se sumó un tercer actor a la escena, la Asociación de Magistrados. El gremio de los jueces y fiscales se mostró muy preocupado por situación institucional de la provincia y le pidió a los responsables de los tres Poderes (Rodolfo Suárez, Mario Abed y Dalmiro Garay) que le busquen una solución al tema de la conformación de la Corte para resguardar la vida republicana y democrática de Mendoza.
“Ante los recientes acontecimientos de público y notorio conocimiento, vinculados al procedimiento constitucional para la conformación de nuestra Suprema Corte de Justicia, la Asociación de Magistrados de Mendoza ve con profunda preocupación la grave situación institucional generada en torno a tal cuestión fundamental en la vida republicana y democrática de nuestra provincia”, expresaron los magistrados.
“Tales hechos, si bien no alteran en forma directa el funcionamiento de los tribunales inferiores, afectan la imagen del Poder Judicial en su conjunto, como garante último de nuestra Constitución Provincial, y son susceptibles de socavar la confianza ciudadana en el servicio de justicia, afectando a todos sus integrantes por igual”, agregaron
Y le solicitaron a los tres poderes “una pronta normalización de la referida situación, dentro de los roles que constitucionalmente les corresponden a cada uno de ellos”.
Además, pusieron a población por encima de todas las instituciones. “Cabe resaltar, que en un Estado constitucional y democrático de derecho, la independencia judicial no tiene por objeto posicionar a los jueces en situaciones de privilegio, sino la de garantizar a las mendocinas y mendocinos los derechos de los que son titulares.
Por último dijeron: “Creemos conveniente mantener la mirada sobre los principios fundantes de la República y del Estado de Derecho, como así también que se garantice a ultranza la
independencia de la magistratura provincial, de cualquier instancia o grado, en el ejercicio de la función jurisdiccional, como el derecho de toda persona a que sus intereses sean juzgados por jueces imparciales y justos”.
